Un Mundo sin Mordaza denuncia persistencia de la represión y detenciones arbitrarias en el país

La ONG un Mundo sin Mordaza, emitió este lunes el informe correspondiente al primer semestre de este año, relacionado con la situación de la libertad de expresión en Venezuela.

«Durante el primer semestre del año 2025, se mantuvo una política sistemática de represión contra la libertad de expresión en Venezuela, evidenciando la continuidad de un modelo autoritario que busca controlar la narrativa pública, silenciar la crítica y restringir el acceso a información independiente», señala el escrito difundido por las redes sociales y e portal de la ONG.

Denuncia que «las elecciones regionales y legislativas del 25 de mayo sirvieron de catalizador para una nueva oleada de detenciones, bloqueos informativos y agresiones a periodistas y ciudadanos. El contexto postelectoral ha sido especialmente delicado, con un recrudecimiento de los mecanismos de censura y criminalización de la disidencia», agrega.

Explica que «el Informe Semestral de Libertad de Expresión 2025 tiene como objetivos documentar las violaciones al deber de respeto del Estado en materia de libertad de expresión, analizar las políticas públicas utilizadas para garantizar —o restringir— este derecho y evaluar el cumplimiento de la obligación de promoción de la libertad de expresión y el acceso a la información en Venezuela.

Destaca que «un total de 231 casos generaron 302 violaciones al derecho a la libertad de expresión, de acuerdo con la documentación de Un Mundo Sin Mordaza. Estas violaciones incluyen detenciones arbitrarias, amenazas, agresiones físicas y verbales, bloqueos digitales y confiscación de equipos de medios tradicionales.

Asimismo, destaca que «las cifras dan cuenta de una estrategia de represión estatal sostenida, aplicada a través de una red institucional y paraestatal que opera en todo el territorio nacional».

Denuncia que «las detenciones arbitrarias continúan siendo el mecanismo principal de represión. En este semestre se registraron 148 detenciones, muchas de ellas en el marco de acusaciones infundadas por terrorismo o conspiración, particularmente durante el período electoral de mayo. Entre los detenidos se encuentran activistas políticos, periodistas, líderes comunitarios, ciudadanos comunes e incluso economistas. También se documentaron desapariciones forzadas de corta duración, empleadas para sembrar temor y desarticular protestas o expresiones críticas».

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A continuación el informe completo:

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