Expertos de la ONU condenaron la ejecución extrajudicial por parte de Estados Unidos de 11 personas cuando hundió un barco civil en el mar Caribe el 2 de septiembre de 2025, y de tres personas a bordo de otro barco el 15 de septiembre.
“El derecho internacional no permite que los gobiernos simplemente asesinen a presuntos narcotraficantes”, afirmaron los expertos. “Las actividades delictivas deben ser desmanteladas, investigadas y enjuiciadas de conformidad con el Estado de derecho, incluso mediante la cooperación internacional”.
El 2 de septiembre de 2025, el presidente de Estados Unidos anunció un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua, identificados positivamente, a bordo de un buque en aguas internacionales, que presuntamente transportaba narcóticos ilegales a Estados Unidos, en el que murieron 11 personas.
El secretario de Estado estadounidense indicó que Estados Unidos podría haber interceptado el buque, pero optó por destruirlo para disuadir a los traficantes. Estados Unidos había designado previamente al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera.
Según el derecho internacional, todos los países deben respetar el derecho a la vida, incluso al actuar en alta mar o en territorio extranjero. El uso de fuerza potencialmente letal solo está permitido en defensa propia o de terceros ante una amenaza inminente a la vida, afirmaron los expertos.
“El ataque de Estados Unidos también viola el derecho internacional del mar, que no autoriza ataques no provocados contra buques, exige que se cumplan criterios para interceptarlos e insiste en un enfoque policial y no militar para el uso de la fuerza”, dijeron.
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Tren de Aragua
Estados Unidos ha acusado previamente al Tren de Aragua de organizar una «invasión» o «incursión depredadora» contra Estados Unidos, a instancias del gobierno venezolano. «No hay evidencia de que este grupo esté cometiendo un ataque armado contra Estados Unidos que le permita usar la fuerza militar en su contra en defensa propia», afirmaron los expertos.
El ataque se produce tras una orden clasificada, supuestamente firmada por el presidente estadounidense en agosto de 2025, que autoriza el uso de la fuerza militar, en territorio extranjero o aguas internacionales, contra los cárteles de la droga latinoamericanos que el gobierno estadounidense ha designado recientemente como organizaciones terroristas. Estos incluyen grupos con sede en Latinoamérica, incluyendo a México y Venezuela.
El derecho internacional no permite el uso unilateral de la fuerza en el extranjero para combatir el terrorismo o el narcotráfico. Los ataques contra grupos del crimen organizado en territorio extranjero violarían la soberanía del otro país y podrían constituir un uso ilegal de la fuerza según la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional consuetudinario, afirmaron los expertos.
Según se informa, Estados Unidos ha desplegado importantes fuerzas navales, aéreas y terrestres en la región con el fin de disuadir el tráfico de drogas y el “narcoterrorismo”.
El 25 de julio de 2025, Estados Unidos designó al Cártel de los Soles como grupo terrorista y alegó que el presidente venezolano es su líder, lo que aumenta la posibilidad de que Estados Unidos use la fuerza militar directamente contra un gobierno extranjero.
Instamos a Estados Unidos a que abandone su ilegal «guerra contra el narcoterrorismo». Según el derecho internacional, Estados Unidos debe investigar de forma independiente a quienes ordenaron y ejecutaron estos asesinatos, enjuiciar a los responsables, independientemente de su jerarquía en el gobierno, brindar reparación a las familias de las víctimas y garantizar que tales actos no se repitan jamás, afirmaron los expertos.
Los expertos han estado en contacto con los gobiernos interesados respecto de estos asuntos.
Con información de prensa ONU