Los jueces de apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) han inhabilitado al fiscal jefe Karim Khan del caso de crímenes de guerra contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte debido a un posible conflicto de intereses, según una copia de la decisión a la que tuvo acceso Reuters.
El fallo supone otro duro golpe para Khan, quien dimitió en mayo en medio de una investigación en curso de la ONU sobre su presunta conducta sexual inapropiada. Ahora también se le ha prohibido participar en el proceso contra Duterte, el único caso importante pendiente en la corte, que ya se encuentra bajo el peso de las sanciones impuestas por Estados Unidos.
En agosto, la defensa de Duterte intentó descalificar a Khan, argumentando que su participación en las comunicaciones al tribunal por parte de las víctimas de la guerra contra las drogas de Duterte constituía un conflicto de intereses.
La defensa argumentó que Khan no debería tener más participación en el caso porque representó a la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas (PHRC) al nombrar a Duterte como principal sospechoso y, por lo tanto, no podía llevar a cabo una investigación imparcial, según una copia del fallo vista por Reuters.
Khan había solicitado al panel de jueces que rechazara la solicitud de la defensa, alegando que no existía ningún conflicto de intereses derivado de su representación del presidente de la PHRC y de un grupo de víctimas en relación con las comunicaciones con la CPI.
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El 2 de octubre, la Sala de Apelaciones accedió a la solicitud de la defensa, argumentando en una decisión aún no publicada que Khan podría parecer parcial debido a su cargo anterior, por lo que fue descalificado del caso.
La fiscalía de la CPI no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Duterte, quien ejerció el cargo entre 2016 y 2022, fue arrestado y trasladado a La Haya en marzo con una orden de arresto que lo vinculaba con asesinatos cometidos durante su guerra contra las drogas en Filipinas, donde miles de presuntos traficantes y consumidores de estupefacientes fueron asesinados.
Duterte ha mantenido que su arresto fue ilegal y equivalente a un secuestro.
El caso del expresidente filipino, de 80 años y cuyos abogados afirman que no está en condiciones de ser juzgado, está siendo llevado actualmente por el fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang, quien también enfrenta sanciones por parte de Washington debido a la investigación del tribunal sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel en Gaza.
Con información de Reuters