Mediante sus redes sociales, la ONG, Justicia, Encuentro y Perdón, denunció la existencia de un «patrón» de detenciones» y «desapariciones forzadas» de personas en el país, en las últimas semanas.
«Durante la última semana, se ha evidenciado un preocupante aumento de detenciones efectuadas por cuerpos de seguridad del Estado en distintas regiones del país, sin información pública suficiente sobre las causas, las circunstancias o el paradero de las personas privadas de libertad», dice la ONG en un post en X.
Destaca que, «entre los detenidos se encuentran el periodista Joan Camargo, y los estudiantes y realizadores audiovisuales Noel Cisneros, Katiuska Castillo Vásquez, Ingrid Briceño Venegas y Marcela Hernández Guerra».
Agrega que «familiares y defensores han denunciado la ausencia total de notificación oficial, el desconocimiento de los centros de detención y la negativa de acceso a abogados o representantes de confianza, configurando un patrón de desapariciones forzadas de corta duración y detenciones arbitrarias, prohibidas expresamente por el derecho nacional e internacional».
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Por ello, la ONG afirma que «esta situación constituye una violación directa a los derechos fundamentales de las personas afectadas, en particular al derecho a la libertad personal, al debido proceso y a la integridad física y moral, así como al derecho de sus familiares a conocer la verdad sobre su paradero».
Alerta que «la opacidad en la información y la negación del acceso a asistencia legal generan un escenario de inseguridad jurídica y angustia prolongada, incompatible con cualquier Estado que se reclame democrático y respetuoso de los derechos humanos».
La organización exige, «de manera urgente que las autoridades nacionales garanticen la información inmediata y veraz sobre la identidad, el paradero y la situación jurídica de todas las personas detenidas, así como el acceso irrestricto a abogados de confianza y la posibilidad de comunicarse con sus familiares, conforme a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los tratados internacionales suscritos por el Estado».