Hay un impacto severo y una ruptura del tejido familiar. la prisión no solo destruye la vida de quien está privado de libertad, también acaba con la rutina del entorno familiar
La represión estatal en Venezuela, intensificada tras las protestas que surgieron inmediatamente a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, ha instaurado una política de terrorismo de Estado.
Este patrón de violaciones sistemáticas, documentadas por organizaciones internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), y locales como el Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) y la agrupación Madres en Defensa de la Verdad, no sólo quiebra la vida de los detenidos, sino que impone un sufrimiento económico, psicológico y logístico exponencial sobre sus familiares.
Hay casos de detenidos que son el único sustento económico de la casa, muchos son trabajadores honestos que, por estar en una prisión injusta, dejan a sus dependientes desprotegidos y en la pobreza.
Mientras, los familiares angustiados y desorientados deben suministrarles alimentos, agua potable y medicamentos.
El gasto en estos casos es abrumador.
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Sin dinero para nada
En un país donde el salario mínimo es de 130 bolívares (aunque es complementado con bonos gubernamentales de hasta 160 dólares), una familia debe tener hasta $300 para cubrir la llamada paquetería: ropa, alimentos, medicinas, artículos de higiene personal) de un solo detenido; cuando es el Estado quien tiene la obligación de cubrir estos insumos, de acuerdo a las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos (Reglas Mandela).
A esto se suma el costo constante de los traslados de estados como Bolívar, Mérida o Nueva Esparta a centros de reclusión lejanos en Valencia (Tocuyito), Aragua (Tocorón), Miranda (Yare o El Rodeo) y Caracas (El Helicoide), por citar los más emblemáticos.
Lo anterior agudiza aún más la pobreza familiar; sin contar la desmejora emocional.
Muchas madres, esposas, padres, hijos, hermanos, novias, lloran en silencio la ausencia de estos hombres y mujeres tras las rejas, imputados de terrorismo, traición a la patria, incitación al odio, instigación para delinquir y obstrucción a las vías, delitos que las familias no aceptan, pues luego de más de un año, en promedio, tras las rejas, insisten en la inocencia de sus seres queridos.
Miembros de «colectivos» armados atacaron a las activistas del Comité de Madres en Defensa de la Verdad, durante una concentración en el TSJ el pasado 5 de agosto. Foto: Sergio González | Provea
Esa rutina obligada hace que las familias pierdan su calidad de vida, su intimidad y hasta sus empleos.
“Me siento presa, al igual que mis hijas. No me atrevo a comer una pieza de carne o de pollo, porque pienso en ellas, que comen mortadela desde hace un año”, contó una madre* de profesión docente quien desde el 1 de agosto de 2024 tiene a sus dos únicas hijas, de 25 y 23 años, detenidas injustamente en un centro penitenciario del oriente del país.
Ocho horas de viaje, desde su lugar de origen hasta la cárcel de Cumaná, gasta para verlas un sólo día al mes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
Un esfuerzo físico que dice soportar “por las muchachas”; pero su psiquis, vista como el conjunto de funciones y procesos mentales y emocionales, como pensamientos, sentimientos, motivaciones y percepciones que permite al organismo asumir una postura activa y adaptarse al entorno para la supervivencia, no está bien.
“Paso muchos días tomando las pastillas que me manda el psiquiatra. Hay veces que no quiero hacer nada, me siento deprimida, lloro mucho. Me paro y salgo de la casa cuando recuerdo que mis hijas me dicen que me necesitan fuerte porque soy la única que ve por ellas”.
Víctimas de una razzia
Entre los días 29 y 30 de julio de 2024, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó 915 protestas ciudadanas en todo el país. Con un saldo de 138 protestas reprimidas, y en las que se observó la presencia de grupos armados no oficiales, los llamados colectivos, en al menos 119.
Las cifras de esta ola represiva son alarmantes: en solo 16 días después del evento electoral, se registró un promedio de 150 detenciones diarias, superando significativamente los picos de represión de los años 2014, 2017 y 2019.
La Misión de la ONU registró la detención de al menos 2.220 personas, incluyendo 218 niños, niñas y adolescentes (NNA). Estas se sumaron a los más de 300 presos políticos que ya existían antes del evento electoral.
El impacto de todo esto fue mucho mayor, pues la maquinaria represiva del Estado se extendió a los familiares, principalmente madres y hermanas, quienes debieron movilizarse en ese momento para atender a los centenares de detenidos.
Hoy en día, son las que llevan la carga de las visitas y son las que, mayoritariamente, protagonizan las acciones de exigibilidad, incluso en las peores condiciones y en detrimento de otras personas a su cargo y de sí mismas, pues abandonan temporalmente a sus otros hijos, a sus esposos, a sus padres, mientras caminan en la búsqueda de justicia para sus seres queridos.
Las mujeres que tienen familiares presos también sufren tratos crueles, degradantes y humillantes durante las visitas, lo que constituyen una violación de derechos humanos y se configuran como una forma de tortura psicológica.
Algunos de estos patrones fueron documentados por la misión de la ONU.
“En Yare I, me obligaban a subirme la franela, a bajarme el pantalón, a agacharme, me pedían que pujara”, dijo Luisa Barrios, madre de Luis Eduardo González, de 25 años, a quien “unos colectivos se llevaron de la puerta de la casa”, ubicada en Los Teques, el 30 de julio de 2024.
Miembros del CLIPPVE se han movilizado incesantemente desde agosto de 2024, para exigir la libertad de sus familiares. Foto: Sergio González | Provea
A ella y a todas las que estaban en la cola para entrar ese día y los sucesivos les socavaron por completo la dignidad.
“Nos dijeron cómo vestirnos, con franela blanca y jeans azul, que usáramos sandalias, nos prohibieron pasar cartas, fotos y alimentos enlatados o en vidrio. Cuando le llevé la torta de cumpleaños a mi hijo tuve que cortarla en pedazos para poder ingresarla, por eso no he llevado a mis nietos a verlo. Les cuento que su papá está de viaje”.
La vida de esta mujer cambió: aunque tiene otros dos hijos más, sus horas las dedica a buscar la libertad de Luis.
“Mi relación con mi pareja es como de hermanos ya, mi trabajo se vino a menos, soy peluquera y ya no puedo atender a mis clientas, ya no duermo. En casa se siente su ausencia. Es un dolor que no pasa”.
De Margarita a Tocorón
Al hermano de Elimar Barreto lo trasladaron el 30 de agosto de 2024 desde Nueva Esparta hasta Tocorón, en el estado Aragua.
El 11 de agosto le hicieron una audiencia telemática y le dijeron que iba a estar privado de libertad durante 45 días por averiguaciones y revisión de su caso: terrorismo, intimidación al odio, traición a la patria y obstrucción a las vías públicas.
En octubre de ese año, después del 16, le hicieron la preliminar. Luis Óscar, de 22 años, es mecánico y cuando se lo llevaron estaba sentado cerca de su casa, en Conejeros, agarrando Wifi libre.
“A él le encantan mucho los videojuegos y estaba sentado jugando, aun cuando le dije que no saliera. Pasamos el 30 y el 31 de julio buscándolo, hasta que recibí una llamada y pude encontrarlo. Me dijo que se lo llevaron a eso de las 6:30 p.m. cerquita de la casa de mami. En el camino fueron recogiendo muchachos y personas mayores, los llevaron a un sitio donde estaba una estatua de Chávez, le pegaron con un casco en la cabeza y lo estaban vinculando con actos vandálicos”.
El 29 de agosto a eso de las 11:00 p.m le permitieron hacer una llamada. Pidió una camisa blanca, un pantalón y los zapatos sin trenzas. “En la mañana cuando mi hermana le iba a llevar estos insumos, nos enteramos que lo iban a trasladar para Tocorón”.
Desde entonces, cuenta, hacen maromas cada semana para reunir el dinero de la paquetería.
“Pero desde hace algunos meses esa tarea me ha tocado sola, porque mi mamá está enferma, mis otros dos hermanos están fuera del país y mi hermana está en proceso de migración”.
Familiares y ONG han denunciado las pésimas condiciones en las que se encuentran los recluidos en la cárcel de Tocorón. Foto: cortesía
Luis Óscar ha estado enfermo del estómago, constantemente tiene diarreas, ha tenido abscesos (hasta siete en el mismo lugar).
“Al principio no dejaban pasar el medicamento porque no teníamos una receta y porque no lo llevaba un familiar directo. Luego se regularizaron las visitas y ahora tenemos el envío de paquetería semanal. Por un lado le damos gracias a Dios, pero no niego que es un gasto grande y yo no consigo dinero todas las semanas. Cobro 15 y último, entonces entre una rifa y otra cosa logro reunir la plata que se la envía a una señora que me ayuda con la compra de los insumos en Caracas”.
El 14 de noviembre fue que Elimar pudo visitarlo, luego de estar casi 15 meses preso.
“Pasé dos días viajando para llegar a Caracas. Gasté cerca de $160 en pasajes, más de $60 en la paquetería para dos semanas. Ahorré al máximo, hasta mi alimentación, para poder dejarle las cosas que necesita”.
La angustia y el miedo constante afectan gravemente la salud de los parientes.
Elimar Barreto relata que su madre, quien padece cáncer de cuello uterino, ha empezado a alucinar y a perder el contacto con la realidad, cree que su hijo está de paseo, bromea con eso, aunque a veces dice que está secuestrado en Margarita. Incluso a veces va a buscarlo a casas de familiares, sumida en ataques de nervios.
La madre decidió suspender tratamientos de quimioterapia por miedo a faltarles a sus hijos, una preocupación agravada por la detención.
Reclusión injusta
La situación de los familiares de los presos políticos es como intentar mantener un barco a flote en una tormenta constante, donde cada provisión que necesita el barco (el detenido) debe ser comprada, transportada y entregada personalmente por el tripulante (el familiar, en este caso las mamás o esposas), mientras que, al mismo tiempo, las olas (las autoridades) los golpean y los humillan, tratando de ahogarlos emocional y económicamente.
El simple acto de mantenerse a flote se convierte en una labor que consume la vida entera.
Martha Tineo Rodríguez, activista y abogada, coordinadora general de la organización de derechos humanos Justicia, Encuentro y Perdón, señala que por supuesto hay un impacto en toda la estructura familiar, hay un quiebre de esa estructura.
“La mayoría de los casos los presos políticos son hombres, muchos de ellos eran el soporte económico de la familia, entonces quedan las mujeres no solamente con el esposo preso, sino haciéndose cargo de todo el hogar, de la logística, de la manutención de los niños, de la familia, pero al mismo tiempo dividiendo el poco dinero entre el hogar y la prisión, y los niños creciendo lejos de su padre, con los daños psicológicos que eso trae consigo”.
Además, dice, de una afectación directa en lo emocional y en lo económico, pues se sabe que muchas de las familias de los presos políticos han tenido que salir de Venezuela como consecuencia de la extensión de la persecución hacia ellos.
“Todo lo que tiene que ver con el consumo de alimentos, la higiene personal, medicina e, incluso, dotación de agua potable está a cargo de la familia. Y cuando estos familiares tienen que salir del país, los presos quedan en una situación de mayor vulnerabilidad. Muchos hacen un esfuerzo enorme por enviar dinero a otros familiares, amigos o familiares de otros presos políticos para que le lleven esos insumos”.
En definitiva, sostiene la especialista, hay un impacto muy severo y una ruptura del tejido familiar.
“La prisión no solamente destruye la vida de quien está privado de libertad, sino que también destruye la vida de todo el entorno familiar”.
Aun si son excarcelados se mantienen judicializados, con medidas sustitutivas a la privativa de libertad que van desde presentación periódica a tribunales, prohibición de salida al país, prohibición de dar declaraciones en torno a su caso, “y eso evidentemente los mantiene en en una situación de restricción de sus libertades, que impacta igualmente a la familia, que sigue atravesando ese terror, ese miedo de que puedan revocar esa medida, haciendo magia para reunir el dinero para que quienes están en el interior del país puedan venir mensualmente a Caracas a presentarse a los tribunales”.
“Son esposas, son madres, son hijas, son hermanas, y sabemos que si no hay procesos de justicia a favor de una sana investigación, pues mucho menos hay programas de reparación integral a favor de ellas. Entonces, queda en una situación de absoluta vulnerabilidad, empobrecimiento, con traumas emocionales, psicológicos, tratando de rehacer su vida en medio de todas esas dificultades, porque además sabemos que incluso los familiares de presos políticos no consiguen trabajo. Es un daño que se extiende hacia el futuro en todos los aspectos de la vida”.
Familia desamparada
El lunes 29 de julio de 2024 les avisan que hay saqueos en el mercado cercano a su casa, ubicada en La Guaira, y Jhondry Caraballo sale con su familia a resguardar su pequeño local donde vendía charcutería.
Eneida, su mamá, cuenta que él prendió su camioneta y se fueron directo al mercado, acompañados de su esposa y su cuñada.
“Encontramos puestos rotos y algunos saqueados. Como a la 1:00 p.m. regresamos a la casa, todo estaba tranquilo y no sé por qué se lo llevaron, no estaba haciendo nada. Es un muchacho que todo el mundo conoce, es honrado, un trabajador y bueno”.
Desde que está en prisión todo ha desmejorado para la familia.
Eneida comenta que no tienen dinero, que la comida no les alcanza, que Jhondry no pudo asistir al acto de graduación de su hijo de 17 años, que el adolescente está triste, que su nuera está desconsolada.
“Yo no puedo ir a ver a mi hijo porque no tengo nada qué llevarle, no tengo dinero para el pasaje. Tengo que tener como $300 para ir y venir de Tocorón. Estábamos a cargo de mi hijo. Desde hace un año y cuatro meses estamos pasando trabajo y ya llega diciembre, eso pega más por estas fechas. Mi nieto mayor llora mucho. Estamos luchando para que salga y pase las navidades en familia, con nosotros. Este mes va a cumplir 30 años. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago yo para recuperar de nuevo a mi hijo?”, expresa la mujer de 64 años de edad.
Daisy, también de La Guaira, lleva una vida trastocada.
A su hija Stefany Díaz, de 21 años, la agarraron cerca de El Trébol. Se la llevó la Guardia Nacional el 29 de julio.
A ella y al grupo que detuvieron en una redada y los acusaron de los desastres ocurridos esa noche.
La llevaron a Macuto, la reseñaron y la pasaron a los tribunales. Le dijeron que pasaría los 45 días detenida por averiguación, pero el 6 de octubre la trasladaron al retén La Crisálida, en Los Teques.
Su mamá va una vez al mes a verla. Cuenta que saca fuerzas cada día, pero la sensación de tristeza la embarga a cada momento.
“Bueno, ella tiene mucha esperanza aunque se pregunta siempre por qué sigue ahí. De las detenidas de esas fechas es la única que queda. A su edad es para que esté estudiando, trabajando, enamorada, haciendo cualquier cosa, porque está en su plena juventud”.
Daisy también ha perdido calidad de vida, su trabajo no le rinde, se siente ansiosa, se le está cayendo el cabello, no duerme bien .
“No tengo vida personal ni social, sigo buscando explicación a todo esto”.
Martha Tineo hace un resumen de estas historias: “Son vidas que se están perdiendo tras las rejas, personas que pudieran estar aportando sus talentos y su trabajo a la sociedad venezolana, y que hoy permanecen encarceladas junto a sus familias, en un país en profunda crisis económica y social”.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado que los presos políticos están sometidos a condiciones de reclusión inhumanas y degradantes, que violan el derecho a la vida, la alimentación adecuada, el acceso al agua potable y la salud.
Algunos detenidos presentan deterioro físico y psicológico. Se han reportado casos de dengue, fiebre prolongada, infecciones en la boca y pérdida de peso.
Kelvin*, de 33 años de edad, padece un cuadro de ansiedad y depresión que requiere tratamiento y seguimiento psiquiátrico permanente.
Aunque esa condición antecede a su encarcelamiento, los meses de prisión han empeorado su condición y se ha sumado a su estado la ideación suicida.
El 30 de julio de 2024, después de su rutina laboral habitual, fue detenido arbitrariamente por la policía durante su regreso a casa, sin que existiera una orden judicial en su contra ni estuviera cometiendo algún delito en flagrancia, cuenta su mamá*.
“Actualmente presenta un marcado deterioro funcional, ataques de pánico, trastorno maníacos, acciones autolesivas, alucinaciones auditivas, llanto fácil. Sufro con esto, estoy sola atendiéndolo, a mi esposo lo botaron del trabajo por pedir tantos permisos. Esto es muy difícil, si no cometió delito por qué está pasando por esto”, expresa.
A Kelvin sus padres no lo dejan solo, hacen todo lo posible por atender su caso. Pero, hay presos que se han quedado sin el apoyo de sus madres o esposas, porque les suspendieron las visitas o porque sus allegados migraron o fallecieron o porque están en zonas remotas del interior del país.
La organización Justicia, Encuentro y Perdón ha documentado al menos 80 casos de presos políticos con condiciones de salud delicadas.
Algunos llegaron a prisión con enfermedades preexistentes que se han agravado; otros han desarrollado nuevas patologías debido al hacinamiento, la mala alimentación, la falta de agua potable y la tortura.
Un caso emblemático que no se puede dejar en el olvido es el de Yenny Barrios, detenida en septiembre de 2024, en el contexto de la crisis postelectoral.
Pasó 93 días en prisión, fue excarcelada el 11 de diciembre con medida de presentación que le exigía trasladarse cada mes a Caracas a firmar ante el tribunal.
Tenía un linfoma no Hodgkin agresivo, murió el 7 de noviembre alejada de su único hijo, Diego Sierralta Barrios, quien el 22 de enero de este año publicó en redes que cambiaba un medicamento por otro que Yenny necesitaba. Por eso fue detenido y acusado de “instigación al odio”.
Desde ese día, madre e hijo nunca más se vieron, aunque numerosas ONG solicitaron su liberación humanitaria para acompañar a su madre en la etapa terminal.
El Estado ignoró todos los pedidos.
Provea, en su red social X, solicitó una medida urgente para que Diego pudiera acompañarla en medio de las complicaciones de salud; y condenó enérgicamente esta penosa situación, que describió como un acto de trato cruel, inhumano y degradante cometido por las autoridades venezolanas contra la familia Sierralta Barrios.
El 22 de septiembre, la Misión de Determinación de los Hechos publicó un informe donde reseña que había investigado la muerte bajo custodia del Estado de cinco personas detenidas durante las protestas de 2024 y 2025.
En dos de estos casos, la Misión alcanzó motivos razonables para creer que el Estado no actuó con la debida diligencia respecto de los detenidos a quienes no brindó atención de salud oportuna y adecuada.
Estas personas fueron sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes, cuando el Estado tiene una obligación redoblada de garantizar la vida, la integridad personal y la seguridad de toda persona bajo su custodia.
Lazo inquebrantable que resiste
El quiebre de la justicia y la economía venezolana ha forzado la ruptura del tejido familiar, extendiendo el castigo de la prisión a todo el entorno.
Pero las historias de Eneida, Eliminar, Luisa y Daisy y de las mamás que por temor pidieron que sus nombres se resguardaran no son solo crónicas de injusticia; son el testimonio vivo de la resiliencia del amor incondicional.
La abogada y activista Martha Tineo lo resume con claridad: “La prisión no solamente destruye la vida de quien está privado de libertad, sino que también destruye la vida de todo el entorno familiar. Es un daño que se extiende hacia el futuro en todos los aspectos de la vida”.
El 24 de julio de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó su Resolución No. 2/25 sobre Los derechos de familiares y personas con vínculos afectivos
de las privadas de libertad, aprobada en el marco del 193º Período de Sesiones del organismo.
El documento reconoce las afectaciones que sufren las personas que tienen familiares privados de libertad y hace un llamado a los Estados a adoptar medidas que les aseguren sus derechos.
«La ruptura de lazos de protección originada por el encarcelamiento y los obstáculos para mantener un contacto adecuado, ocasionan que las personas bajo el cuidado de aquellas detenidas queden expuestas a situaciones de pobreza, marginalidad y abandono«.
La CIDH instó a los Estados a desarrollar políticas públicas y el marco legal para « i) respetar el derecho a mantener vínculos familiares contra toda interferencia arbitraria; ii) garantizar que las personas sean alojadas en sitios de detención cercanos al hogar de sus familiares y otras personas bajo su cuidado; iii) facilitar visitas; iv) asegurar las condiciones apropiadas para la realización de visitas destinando espacios adecuados a tal fin, que sean universalmente accesibles y adecuados para personas de todas las edades; y, v) asegurar que las visitas se realicen por lo menos, con la periodicidad, modalidad y duración señalados en los reglamentos penitenciarios«.
La Resolución adoptada por la CIDH tiene especial relevancia para las víctimas de la represión y los familiares de los privados de libertad en Venezuela.
En efecto, el costo de la represión se mide en lágrimas, ansiedad, trabajos perdidos, y en el dolor de un niño que cree que su padre “está de viaje” para no enfrentar la verdad.
El tejido familiar se ha desgarrado por la migración forzada y la distancia impuesta, dejando a muchos presos sin su soporte vital, como documenta Justicia, Encuentro y Perdón en casos de personas que ya no tienen quién les lleve un vaso de agua.
Pero en el filo de esa oscuridad, surge una luz de admirable humanidad.
En estas fechas, donde la tradición nos invita a celebrar la unión y el reencuentro, el valor de las madres, esposas, y hermanas cobra una dimensión heroica.
Ellas se han convertido en el último bastión de la dignidad, la única línea de suministro, y la memoria viva de la inocencia.
El tejido familiar, aunque herido, se rehace a sí mismo con lazos de sacrificio y esperanza. Ellas, junto a sus familias, hacen “magia” para reunir el pasaje y el dinero para la paquetería, no solo por cumplir una obligación, sino porque la presencia es la última forma de resistencia y amor.
*Se omiten los nombres de las madres y se usa un seudónimo a petición de los entrevistados.
Con información de Provea