La muerte del exgobernador Alfredo Díaz es el resultado directo de un sistema de represión que opera en Venezuela desde la sombra, sin controles, sin supervisión judicial y bajo una jerarquía política que nunca rinde cuentas, dijo este lunes el Observatorio de Prisiones en su cuenta en X.
«Alfredo pasó 1 año y 12 días detenido arbitrariamente, incomunicado, sin ver a su familia, sin acceso a su abogado y sometido al régimen más severo de aislamiento. Su muerte no fue un accidente, fue el desenlace de un aparato de inteligencia dirigido no por instituciones, sino por lealtades», dijo.
En este punto, es importante recordar que «el SEBIN está comandado por Alexis Rodríguez Cabello, primo de Diosdado Cabello, uno de los hombres más poderosos del chavismo, señalado por organismos internacionales como uno de los arquitectos del aparato represivo».
«Que su primo sea quien dirige la policía política no es casual, es evidencia del control político absoluto sobre los centros donde se cometen torturas, desapariciones y abusos sistemáticos. Es un sistema familiarizado, no institucionalizado», denuncia el OVP.
A pesar de ello, «cuando Alfredo Díaz murió, no fue el director del SEBIN, órgano responsable de su custodia, quien dio la cara. Fue el ministro del Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, un funcionario que hasta ahora no ha tenido competencia sobre este centro de reclusión», añadió.
Considera el OVP que «esta irregularidad es clave porque el régimen mueve voceros como piezas intercambiables para diluir responsabilidades, para que nunca quede claro quién responde por qué, para esconder la cadena de mando real y para que ninguna autoridad pueda ser señalada directamente».
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Además, «este intento de reubicar culpas no puede ocultar una verdad que debe repetirse cada vez que sea posible: el SEBIN nunca debió seguir controlando El Helicoide. En 2021, el Gobierno emitió una serie de decretos, entre ellos el Decreto 4.510 del 12 de mayo, seguido por los Decretos 4.528 y 4.534, ordenando que la DGCIM y el SEBIN transfirieran toda función de custodia al Ministerio de Servicio Penitenciario».
«Esa orden incluía adaptar la normativa, trasladar detenidos, entregar instalaciones como El Helicoide y adecuarlas a los estándares del sistema penitenciario. Incluso se publicó una resolución conjunta el 5 de octubre de 2021 reiterando su cumplimiento inmediato. Nada de eso ocurrió.
Cuatro años después, la “transferencia” es solo papel mojado. El Helicoide sigue en manos del SEBIN, operando como un centro de tortura documentado por la @ONU_es, @UNHumanright, @amnistia, la @CIDH y la Misión Internacional de Determinación de los Hechos.
En tanto, lo que debía convertirse en un recinto sujeto a normas penitenciarias terminó siendo un laboratorio de abusos: asfixias, golpes, violencia sexual, descargas eléctricas, aislamiento prolongado y negación de atención médica. Lo que debía proteger a las personas privadas de libertad terminó profundizando el horror.
Es por esta y muchas razones más que la muerte de Alfredo Díaz no puede desvincularse de este contexto. No fue solo su historia personal, es la historia de un régimen que hace decretos para simular reformas, acuerdos para ganar tiempo y vocerías para evitar responsabilidades y que, en la práctica, dejó la custodia en manos de cuerpos represivos, mientras usaba al Ministerio Penitenciario como fachada administrativa.
En ese caos deliberado de competencias inventadas y mandos superpuestos, son los presos políticos y sus familias quienes pagan el precio más alto: ruleteo, suspensión de visitas, maltratos, requisas violentas y silencio.
El régimen puede firmar decretos, acuerdos y memorandos, pero hay cuatro cosas con las que ninguna autoridad puede jugar sin enfrentar consecuencias: la comida de los presos, la visita de los familiares, la libertad y la vida de quienes mantiene bajo custodia.
Desde @oveprisiones seguimos documentando, denunciando y difundiendo cada violación de derechos humanos, porque en Venezuela no puede haber un preso ni una muerte más por pensar distinto.
La muerte de Alfredo Díaz debe ser investigada bajo el Protocolo de Minnesota, que establece una norma internacional para la investigación eficaz y transparente de muertes potencialmente ilícitas, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas o muertes bajo custodia estatal, garantizando la verdad, justicia y rendición de cuentas».
Con información de OVP