«El cardenal Baltazar Porras ha sido víctima de la retención de pasaporte en el aeropuerto de Maiquetía y, por lo tanto, no pudo viajar a su destino. Iba a Colombia para tomar un vuelo hacia España».
Así lo denunció este miércoles el coordinador de Provea, Oscar Murillo, en su cuenta en X, donde indicó que el cardenal «está de regreso a su residencia en Caracas».
Mediante redes sociales y a través de otros voceros, se supo que el cardenal fue «detenido» por funcionarios de seguridad del aeropuerto cuando se disponía a abordar un avión que le llevaría a Colombia y luego a España, porque debía participar en un evento de la Iglesia.
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«Debemos recordar que la retención y /o la invalidación del documento de identidad se sumó a otras violaciones de derechos fundamentales en medio del esquema represivo que se consolidó tras el 28J», dijo Murillo.
De su lado, la periodista, Nitu Pérez Osuna, indicó en su cuenta en X: «El régimen de Nicolás Maduro impide viaje del Cardenal Baltazar Porras a Bogotá con conexión a Madrid donde debía participar en la ceremonia de investidura como Protector de la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén. El Cardenal fue sometido a un trato humillante, incluyendo requisa de sus efectos personales y vestimenta, con la utilización de perros antidrogas, mientras su equipaje fue removido del avión. El pasaporte le fue anulado».
Mientras que el Comité por la Libertad de los Presos Políticos publicó en sus redes sociales:
«Estos hechos vulneran principios elementales del Derecho Internacional, incluyendo las garantías consagradas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, y constituyen una afrenta a la dignidad de la Iglesia Católica, a la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén y al propio país.
Ninguna autoridad puede someter a un Cardenal de la Iglesia, investido de inmunidad y respeto diplomático, a tratos degradantes que violan abiertamente su dignidad y sus derechos. Lo ocurrido hoy compromete la imagen internacional de Venezuela y evidencia un preocupante patrón de arbitrariedad.
Expresamos nuestra solidaridad con Su Eminencia y con el Gran Prior de Venezuela, y acompañamos las acciones institucionales emprendidas para exigir la restitución inmediata de sus documentos, el respeto a su libertad de tránsito y las debidas garantías internacionales.
Instamos al Estado venezolano a cesar la represión, los actos de hostigamiento, respetar los estándares diplomáticos que rigen las relaciones entre Estados y proteger la integridad de quienes ejercen funciones eclesiásticas y humanitarias».