Un sistema judicial al servicio del poder político
Cuáles son y cuál es el origen de las leyes del terror en Venezuela
Un marco legal diseñado para el control, la represión y el terror.
Las leyes del terror en Venezuela representan el punto más crítico de la degradación institucional en el país porque permiten al Estado actuar con total impunidad.
Estos instrumentos legales no buscan la justicia sino el silencio de la ciudadanía a través del miedo constante a la cárcel.
Desde hace más de una década, el panorama jurídico en Venezuela sufrió una transformación radical que dejó de proteger al ciudadano para vigilarlo.
El Estado venezolano diseñó leyes del terror en Venezuela con un andamiaje legal que prioriza la supervivencia del grupo en el poder sobre los derechos fundamentales establecidos en la Constitución.
Este proceso no ocurrió de la noche a la mañana. Fue una construcción deliberada que aprovechó la mayoría parlamentaria y el control absoluto de las instituciones para redactar textos ambiguos.
Estas ambigüedades permiten que cualquier acción cotidiana se convierta en un delito grave de la noche a la mañana si el funcionario de turno así lo decide.
La arquitectura de este sistema descansa sobre la premisa de que el adversario político no es un competidor, sino un enemigo interno.
Bajo esta lógica, el Estado justificó la creación de leyes del terror en Venezuela que violan los principios básicos del derecho internacional.
La intención detrás de cada artículo es clara: coartar la libertad de expresión, desarticular la organización social y garantizar que no exista una oposición real.
Los ciudadanos caminan hoy sobre un campo minado donde un comentario en redes sociales, una publicación en un blog o la participación en una protesta pueden desencadenar años de prisión sin un juicio justo.
Los arquitectos del castigo «legal»
La responsabilidad de estas leyes recae principalmente en la Asamblea Nacional y en la extinta Asamblea Nacional Constituyente de 2017.
Esta última, considerada ilegítima por gran parte de la comunidad internacional, funcionó como una fábrica de decretos punitivos sin seguir los procesos democráticos.
Los diputados oficialistas y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia trabajaron en conjunto para validar textos que contradicen la carta magna.
Estos actores políticos eliminaron la separación de poderes y convirtieron al poder judicial en un apéndice del ejecutivo.
Cuando analizas quiénes impulsaron estas reformas, encuentras nombres que ocupan los cargos más altos en la estructura del Estado.
Ellos no solo redactaron las leyes, sino que instruyeron a los jueces y fiscales sobre cómo interpretarlas.
La malinterpretación deliberada es la herramienta más poderosa del sistema.
Un fiscal puede tomar una frase fuera de contexto y transformarla en una prueba de conspiración. Los jueces, por su parte, ratifican estas acusaciones sin exigir pruebas reales, simplemente siguiendo la línea política que les dictan desde arriba.
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Leyes del terror en Venezuela: la ley del odio como mordaza digital
Uno de los pilares de este sistema es la ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia.
Aunque su nombre suena noble, su aplicación es puramente represiva. Esta norma establece penas de hasta veinte años de cárcel para quienes difundan mensajes que el Estado considere que incitan al odio.
El problema principal es que la ley no define con claridad qué significa «odio».
Esta falta de precisión otorga un poder ilimitado a los cuerpos de seguridad para detener a cualquier persona que critique la gestión pública o denuncie la corrupción.
Los funcionarios usan esta ley para vigilar plataformas como X, Instagram y hasta grupos privados de WhatsApp.
Detuvieron a trabajadores de la salud por reportar la falta de insumos y a ciudadanos comunes por compartir memes sobre figuras gubernamentales.
La censura se instaló en el ADN de la sociedad venezolana porque la gente ahora prefiere callar antes que arriesgar su libertad.
Esta ley no fomenta la convivencia, sino que institucionaliza la persecución contra el pensamiento crítico y elimina el debate público necesario en cualquier sociedad.
Leyes del terror en Venezuela: el uso estratégico de la traición a la patria
El Código Penal venezolano contiene el delito de traición a la patria, pero el gobierno lo modificó en la práctica para perseguir a la disidencia.
Tradicionalmente, este cargo se reservaba para casos de guerra o espionaje real. Sin embargo, hoy lo aplican contra activistas de derechos humanos que denuncian abusos ante organismos internacionales como la ONU o la OEA.
El Estado argumenta que pedir respeto a los derechos básicos equivale a solicitar una intervención extranjera o traicionar los intereses nacionales.
Esta etiqueta de «vende patria» tiene un peso social y legal enorme.
Al acusar a alguien de este delito, el sistema justifica tratos crueles y la privación de beneficios procesales.
Los fiscales suelen combinar este cargo con otros para asegurar que la persona permanezca tras las rejas por tiempo indefinido.
La narrativa oficial utiliza estas leyes para deshumanizar al perseguido y presentarlo como un peligro para la soberanía nacional, ocultando que el verdadero objetivo es eliminar cualquier tipo de auditoría externa sobre sus acciones.
El terrorismo como etiqueta generalizada es ingrediente de varias leyes del terror en Venezuela
La ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo es otra pieza clave en este rompecabezas de represión.
El gobierno utiliza este instrumento para atacar a las organizaciones no gubernamentales y a los partidos políticos.
Si una ONG recibe fondos extranjeros para alimentar a niños o defender presos políticos, el Estado puede alegar que ese dinero financia actividades terroristas.
Esta táctica permite congelar cuentas bancarias, allanar sedes y encarcelar a los directivos de dichas instituciones.
La ambigüedad de la palabra «terrorismo» en el contexto venezolano permite que una protesta por servicios básicos como luz o agua se califique como un acto terrorista.
Los cuerpos de inteligencia detuvieron a sindicalistas que solo exigían salarios dignos bajo estas acusaciones extremas.
El objetivo es enviar un mensaje contundente: cualquier reclamo colectivo que afecte la imagen del gobierno será tratado como un crimen de alta peligrosidad.
Así, el Estado desactiva la movilización social mediante la amenaza de cargos que implican décadas de encierro.
La justicia militar aplicada a civiles
Durante años, el Estado venezolano utilizó los tribunales militares para juzgar a ciudadanos civiles, lo cual es una violación flagrante del derecho al juez natural.
La ley constitucional de la fuerza armada nacional bolivariana facilitó esta práctica. En estos tribunales, la defensa es casi imposible porque los jueces son militares que deben obediencia a sus superiores, quienes a su vez responden al poder político.
Aunque la presión internacional redujo la frecuencia de estos juicios, la estructura legal que lo permite sigue vigente y lista para usarse.
El uso de la justicia militar garantiza la opacidad absoluta. Los expedientes suelen ser secretos y las audiencias ocurren en recintos militares donde los familiares no tienen acceso.
Esta es la forma más cruda de coacción, ya que el civil se enfrenta a un sistema diseñado para la guerra, no para la justicia civil.
Muchos jóvenes detenidos durante manifestaciones terminaron en cárceles militares, sufriendo condiciones infrahumanas solo por ejercer su derecho a la protesta, bajo cargos inventados de rebelión o ultraje al centinela.
El control final sobre las organizaciones sociales
La reciente ofensiva legal incluye leyes que buscan fiscalizar y controlar totalmente a las ONGs. Estas leyes imponen requisitos de registro casi imposibles de cumplir y exigen la entrega de listas de beneficiarios.
Si una organización ayuda a víctimas de la represión, debe entregar los nombres de esas víctimas al propio Estado que las persigue.
Esta maniobra busca asfixiar a los últimos bastiones de resistencia civil que quedan en el país.
El control no es solo administrativo, es una amenaza directa a la supervivencia de la sociedad civil organizada.
Al eliminar a las ONGs, el Estado se asegura de que no existan registros independientes sobre la crisis humanitaria o las violaciones de derechos humanos.
Los promotores de estas leyes argumentan que buscan transparencia, pero la realidad muestra que intentan legalizar la persecución de quienes documentan la realidad del país.
Sin estas organizaciones, el ciudadano queda totalmente desprotegido frente a los abusos del poder centralizado.
La manipulación de los procedimientos judiciales
Más allá de las leyes escritas, el sistema manipula los tiempos y las formas para castigar sin necesidad de una sentencia. Los fiscales solicitan prórrogas eternas y los jueces difieren las audiencias docenas de veces. Esto crea una situación de «pena anticipada» donde la persona pasa años presa sin que se demuestre su culpabilidad. El sistema judicial venezolano no busca la verdad, sino el desgaste físico y mental del detenido y su familia.
Esta manipulación es una extensión de las leyes punitivas. La ley establece plazos, pero los funcionarios los ignoran con total complicidad del Tribunal Supremo.
Las detenciones suelen ocurrir sin orden judicial, basándose en «investigaciones de inteligencia» que nunca presentan pruebas sólidas.
El proceso se convierte en la tortura misma. La incertidumbre legal es la herramienta de coacción más efectiva, pues impide que el acusado pueda planear una defensa o confiar en que saldrá libre si es inocente.
El impacto en la democracia y los derechos humanos
La existencia y aplicación de este marco legal destruyó los cimientos de la democracia en Venezuela. No existe un estado de derecho cuando las leyes se usan para violar derechos.
Los organismos internacionales documentaron miles de casos donde estas leyes sirvieron de base para detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas temporales.
La comunidad internacional sancionó a muchos de los responsables de estas leyes, pero el sistema interno sigue intacto y operando a plena capacidad.
La reconstrucción del país requerirá, tarde o temprano, la derogación total de estos instrumentos de opresión.
Mientras tanto, el ciudadano venezolano vive bajo una vigilancia constante. La ley dejó de ser un escudo para convertirse en una espada que apunta al pecho de cualquiera que se atreva a disentir.
La historia recordará este periodo como una época donde la legalidad se disfrazó de justicia para servir a una estructura de poder que se niega a permitir la alternancia democrática.
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