«La reciente decisión de remodelar el Helicoide para transformarlo en un centro social, tras el anuncio de cierre de enero de 2026, representa una amenaza directa a los pilares de la justicia transicional: la verdad y la memoria histórica».
La advertencia la hizo la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), en su cuenta en X, donde señala que «la arquitectura de un centro de detención donde se han documentado sistemáticamente crímenes de lesa humanidad no es solo una estructura física, sino una pieza de evidencia forense irrefutable».
Advierte que «alterar o demoler sus espacios antes de que peritos independientes y organismos internacionales realicen inspecciones exhaustivas constituye una táctica de impunidad que busca borrar las huellas materiales de la tortura y la represión».
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Afirma la JEP que «la memoria de una nación no se puede ‘remodelar’ ni higienizar mediante decretos o capas de pintura; pretender que el horror desaparezca bajo una fachada de bienestar comunitario, sin un proceso previo de justicia y reparación, es una forma de violencia simbólica que revictimiza a los sobrevivientes».
Sostiene que «para que una transición sea genuina, el Estado debe garantizar la preservación del recinto como un Sitio de Memoria que documente lo ocurrido y sirva como garantía de no repetición. Cualquier intervención que ignore este imperativo ético y judicial no es un gesto de apertura, sino un esfuerzo arquitectónico por imponer el olvido institucionalizado y obstruir el camino hacia la rendición de cuentas».