«Denunciamos la detención de María de los Ángeles Castillo en un punto de control del estado Táchira, mientras se dirigía a Perú para reunirse con sus hijas. Castillo, detenida por razones políticas en julio de 2025, fue excarcelada el pasado 24 de febrero».
La denuncia la hizo la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), en su cuenta en X.
Dice la ONG que «a pesar de que (Castillo) compareció voluntariamente en tres ocasiones ante el Tribunal donde cursó su causa y ante el Ministerio Público en Caracas —donde se le ratificó la inexistencia de causas pendientes—, funcionarios de seguridad ejecutaron su aprehensión alegando una solicitud activa en el sistema SIPOL».
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Para JEP «este hecho evidencia una grave falta de coordinación institucional y una omisión por parte del Tribunal al no tramitar el levantamiento de las alertas policiales tras haber decretado su libertad plena»:
La organización alerta que «lo ocurrido constituye un grave precedente que deriva en la revictimización de quienes han sido perseguidos. Exhortamos a la liberación inmediata de María de los Ángeles y al trámite que ponga fin al asedio. La libertad personal no puede estar sujeta a la ineficiencia administrativa del Estado».