La industria del montañismo en Nepal sostiene más de un millón de empleos directos e indirectos. Sin embargo, durante casi una década, una parte de esa industria operó como una red criminal de fraude de seguros. El fraude de rescate en el Everest —hoy en los tribunales de Katmandú— involucra helicópteros fantasma, expedientes médicos fabricados y una cadena de complicidades que alcanza desde los campamentos base hasta los hospitales privados de la capital. Las cifras del caso son concretas: 32 personas imputadas, nueve detenidas, y aproximadamente 20 millones de dólares extraídos de aseguradoras internacionales entre 2022 y 2025.
El Buró Central de Investigación (CIB) de la Policía de Nepal presentó cargos ante el Tribunal de Distrito de Katmandú el 22 de marzo de 2026, invocando la Ley de Prevención del Crimen Organizado. Entre los acusados figuran propietarios de empresas de helicópteros, directores de agencias de trekking, médicos y administradores hospitalarios.
La maquinaria del fraude: cómo operaba la red
Según la investigación del CIB, el esquema funcionaba a través de dos métodos principales para fabricar una «emergencia médica».
El primero era el más elemental. Los guías abordaban a turistas exhaustos al final de una ruta de varios días —como el Campamento Base del Everest, que puede tomar dos semanas a pie— y les ofrecían una salida sencilla: fingir estar enfermos, y un helicóptero vendría a buscarlos. El guía manejaba el papeleo. La aseguradora pagaba.
El segundo método era más sistemático. A altitudes superiores a los 3.000 metros, los turistas suelen experimentar síntomas leves de mal de altura: dolores de cabeza, caídas en la saturación de oxígeno, fatiga. Los operadores explotaban esos síntomas menores para justificar evacuaciones que no eran médicamente necesarias.
Una vez ejecutado el «rescate», la red multiplicaba el botín mediante una técnica de facturación paralela. En un caso documentado por el CIB, cuatro turistas fueron evacuados en el mismo helicóptero, el mismo día, con el mismo manifiesto operativo. Sin embargo, las compañías presentaron facturas separadas a cada aseguradora, acumulando 31.100 dólares solo en el rubro de vuelo, más 11.890 dólares en cargos hospitalarios adicionales.
La arquitectura de corrupción era vertical. Los hospitales pagaban entre el 20 y el 25 por ciento del cobro total a las agencias de trekking, y otro 20 a 25 por ciento a los operadores de helicópteros, como retribución por el envío de pacientes. Así, la agencia que vendía el paquete de expedición a pérdida recuperaba su inversión —y mucho más— a través de las comisiones del rescate.
El fraude de rescate en el Everest y el mito del envenenamiento
Varios medios internacionales, entre ellos el Economic Times of India y Fox News, centraron su cobertura en la alegación de que guías nepaleses envenenaban deliberadamente a sus clientes con bicarbonato de sodio en la comida. Sin embargo, el expediente de 748 páginas presentado ante el tribunal no incluye ningún cargo por adulteración de alimentos contra ninguno de los 32 acusados. Climbing
El propio CIB zanjó la cuestión el 3 de abril de 2026. En un comunicado firmado por el superintendente senior de policía Shiva Kumar Shrestha, la institución declaró: «Hasta la fecha, la investigación oficial no ha encontrado hechos que sugieran que se mezclaron sustancias venenosas en la comida.»
La única fuente de la acusación es el testimonio de cinco guías —ninguno de ellos imputado— que ofrecieron declaraciones prácticamente idénticas diciendo haber «escuchado» que la comida de los extranjeros era adulterada. No existe evidencia forense que lo respalde.
Esto no minimiza la gravedad del caso. Pero sí obliga a separar el fraude probado —que es masivo y sistemático— de una alegación que circuló ampliamente en medios sin sustento judicial. Confundir ambos planos daña tanto la credibilidad periodística como la propia causa de las víctimas reales.
Ocho años de impunidad: el informe que Nepal ignoró
Este no es el primer capítulo del fraude de rescate en el Everest. El Kathmandu Post expuso el esquema en 2018. El gobierno nepalí respondió con un comité de investigación que produjo un informe de 700 páginas y anunció reformas estructurales. Las reformas nunca se implementaron plenamente.
Manoj Kumar KC, jefe del CIB, lo resumió sin ambigüedades: «El fraude continuó debido a una acción punitiva laxa. Cuando no hay acción contra el crimen, el crimen florece.»
En 2019, el Ministro de Turismo Rabindra Adhikari —quien había impulsado las reformas— falleció en un accidente de helicóptero. Su muerte decapitó el liderazgo político necesario para aplicar el informe. La pandemia de COVID-19 enterró el asunto temporalmente. Y la red se adaptó.
Fue la presión civil la que finalmente forzó la reacción institucional. En septiembre de 2025, un colectivo juvenil denominado «Deshbhakta Gen Z» presentó una querella formal ante el CIB. Esa denuncia ciudadana desencadenó la investigación a gran escala que culminó en los arrestos de enero de 2026 y los cargos de marzo del mismo año.
Las pruebas que quebraron la red: cámaras, WhatsApp y comisiones
La solidez del caso descansa en evidencia concreta. El CIB recuperó grabaciones de CCTV que muestran a turistas cuya documentación médica los situaba recibiendo tratamiento hospitalario, mientras en las imágenes aparecían bebiendo cerveza en un café regentado por uno de los médicos acusados.
Además, los investigadores obtuvieron conversaciones de WhatsApp que destruyeron cualquier defensa posible. En uno de esos intercambios, una turista alemana llamada Petra Homens reclamó a Rabindra Adhikari, director de Nepal Charter Service, que su empresa le había cobrado el doble. Adhikari reconoció el cargo excesivo y ofreció un reembolso. El intercambio confirma tanto la inflación deliberada de la factura como la participación directa del imputado.
Las cifras consolidadas son elocuentes. Mountain Rescue Service ejecutó 171 rescates fraudulentos de un total de 1.248 vuelos chárter y recaudó aproximadamente 10,31 millones de dólares. Nepal Charter Service presentó 75 reclamaciones falsas de 471 vuelos, generando 8,2 millones de dólares. Era International Hospital, por su parte, recibió depósitos vinculados al esquema por más de 15,87 millones de dólares.
Los arrestos de 2026 y el imputado que escapó de los cargos
Los primeros seis arrestos tuvieron lugar el 25 de enero de 2026. Entre los detenidos figuraban Jayaram Rimal y Bibek Pandey, de Mountain Rescue Service; Rabindra Adhikari y Bibek Raj Thapaliya, de Nepal Charter Service; y Mukti Pandey y Subhash KC, de Everest Experience and Assistance. Todos cumplían funciones directivas en sus respectivas empresas.
Posteriormente, el CIB arrestó también al Dr. Girwan Raj Timilsina, del hospital Shreedhi, quien confirmó durante su interrogatorio el esquema de comisiones: su institución pagó millones de rupias nepalesas a Nepal Charter Service y a otras operadoras como retribución por el envío de pacientes.
Sin embargo, el caso tiene un flanco controversialmente abierto. El CIB había recomendado imputar a 33 personas, identificando a Rajendra Bahadur Singh —ex director gerente de Mountain Helicopters y ex vicepresidente de la Asociación de Operadores Aéreos— como el cerebro principal del esquema. No obstante, la fiscalía presentó cargos únicamente contra 32 individuos, eximiendo a Singh con el argumento de insuficiencia de evidencia directa sobre su beneficio financiero personal. La decisión generó controversia inmediata, dadas sus reportadas conexiones políticas.
De los 32 imputados, nueve permanecen bajo custodia judicial. Los 23 restantes son buscados como prófugos internacionales.
Las consecuencias para la industria y para los viajeros
Las consecuencias para el sector del turismo nepalí ya son palpables. Varias aseguradoras internacionales de primer nivel han suspendido o restringido su cobertura para viajeros en Nepal, a medida que el fraude se escalaba en los años previos a los arrestos.
Para los viajeros que planeen expediciones al Himalaya, la recomendación es concreta: verificar directamente con su aseguradora que la empresa de rescate que los atienda no sea parte del proceso judicial en curso; registrar por escrito cualquier solicitud de evacuación; y, ante cualquier emergencia, intentar comunicarse con su aseguradora antes de autorizar un traslado.
El fraude de rescate en el Everest no fue un accidente. Fue el resultado de incentivos económicos distorsionados, una regulación capturada por los propios operadores, y ocho años de impunidad institucional. La investigación del CIB prueba que es posible desmantelar esa estructura. Lo que Nepal todavía debe demostrar es que esta vez los cargos llegarán a sentencias, y que las reformas no terminarán archivadas en otro informe de 700 páginas.
Fuentes: Kathmandupost, International Business Times, Nepal News, The Daily Caller, Climbing, The Week