«La salud es un derecho inalienable que no se suspende con la privación de libertad, y hoy, la falta de atención especializada ha transformado la reclusión en un estado de vulnerabilidad física extrema que compromete la integridad de estos venezolanos».
Así lo manifestó en su cuenta en X la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP).
Recuerda que «la Constitución Nacional, en su artículo 43, establece que el Estado es el garante de la vida de toda persona bajo su custodia».
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La ONG cita los casos de «Merys Torres de Sequea, con crisis hipertensivas y desgaste vertebral; Emirlendris Benítez, en silla de ruedas por patologías crónicas; Orlando Laufer, paciente oncológico de 70 años; y Leonardo Chirinos, con un cuadro de salud mental crítico», quienes «requieren una respuesta inmediata basada en la humanidad y la ley».
Por ello, JEP hace «un llamado directo al sistema de justicia para que aplique el Artículo 491 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual ordena medidas sustitutivas por razones humanitarias cuando el penado padece una enfermedad grave».
Concluye alertando que «las familias, quienes sostienen con su esfuerzo diario el cuidado de sus seres queridos, no deben enfrentar el silencio administrativo como respuesta».