Solo habían pasado unas horas desde que Marta Valiñas, jefe de la Misión que elaboró el informe sobre Venezuela y los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen, presentada el escrito ante el Consejo de DD.HH, cuando el fiscal designado por la cuestionada ANC, Tarek William Saab, anunciaba su propio escrito.
Pero lo hizo para descalificar el trabajo de los expertos de las Naciones Unidas. Aseguró que les pagó el grupo de Lima y que la investigación carece de validez.
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Junto a Saab, estaban otros funcionarios del régimen: Jorge Arreaza (canciller), Alfredo Ruiz (defensor) y el representante de DD.HH. Larry Devoe.
Dijo que ese informe denominado La verdad de Venezuela, «ha sido trabajado por activistas de derechos humanos sobre el terreno, no por personas pagadas desde afuera. Las instituciones del Estado cumplen con el mandato constitucional de trabajar ante el sistema de justicia cualquier acción que atente contra los derechos humanos de los venezolanos y buscar su ejemplar sanción”, aseveró,
En tal sentido, Saab consideró que “este informe era necesario porque da para otras narrativas con base en la realidad, en acciones judiciales como imputaciones, acusaciones, sentencias definitivamente firmes en contra de violadores de derechos humanos que en Venezuela nunca tendrán aliado alguno. Contra ellos va todo el peso de la ley”.
Insistió en que “los organismos internacionales que vigilan los derechos humanos en el mundo son de carácter subsidiado y complementario. Es decir, no pueden sustituir de facto a las instituciones de cada nación. Somos nosotros, el Ministerio Público y los organismos competentes los que tenemos la responsabilidad de investigar y sancionar”.
A su vez, consideró que el trabajo hecho por la Misión «tiene como objetivo dinamitar e implosionar el trabajo que realizada la Oficina de la Alta Comisiona de las ONU en nuestro país. Nos parece una total descortesía porque contradice los principios de Naciones Unidas en materia de derechos humanos”.
Destacó que las cifras presentadas por el Ministerio Público en el informe elaborado conjuntamente, «hablan por sí solas y son el reflejo de un sistema de justicia que investiga y sanciona con severidad las violaciones a los derechos humanos».