La Asamblea Nacional desconoció y declara «inexistente e ineficaz», la irrita «Ley Antibloqueo» anunciada por el régimen de Nicolás Maduro, a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Así quedó establecidos en sesión ordinaria y mediante la aprobación de un acuerdo.
Los parlamentarios argumentaron que la «Ley Antiboqueo» viola principios de organización del poder público y crea un marco autocrático exento de controles jurídicos y políticos para el régimen. Según reseñó el portal web del parlamento.
La misma, fue dictada de manera inconstitucional por la fraudulenta ANC e insta a investigar y establecer responsabilidades civiles, penales y administrativas a los personas, que estén involucrados en su ilegítima promulgación y aplicación.
El referido acuerdo advierte que toda persona, natural o jurídica, que realice acuerdos o negociaciones al amparo de este instrumento paralegal y de aplicación fáctica, podría estar incurso en delitos de lesa patria. Así como de asociación ilícita para delinquir, aprovechamiento de bienes provenientes del delito, peculado de uso y doloso, aprovechamiento indebido de bienes públicos y otros delitos previstos en el ordenamiento jurídico vigente.
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Los parlamentarios ratificaron respaldó al presente texto propuesto y aprobado en la Comisión Permanente de Finanzas. Igualmente destacaron el cumplimiento del numeral 4 que define y establece que cualquier negociación o contrato será ilegal y desconocido por la Asamblea Nacional. Y no tendrá ningún valor en Venezuela y en el exterior.
El presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo, diputado Alfonso Marquina, presentó el Proyecto de Acuerdo e indicó que el régimen pretende justificar la aprobación de este «adefesio» para la defensa de los derechos humanos. Irónicamente «la ley» fue presentada por un régimen que viola sistemáticamente los derechos humanos y denunció que antes y después de la usurpación de Nicolás Maduro en el poder, la economía ha disminuido un 85%.
Declaró Marquina que este marco normativo autocrático le da mando a Maduro para desaplicar leyes, usurpando funciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), así como facultades para desconocer normas constitucionales. Además de firmar contratos con empresas extranjeras para le explotación y explotación de nuestro petróleo y manejar las cuentas del Tesoro Nacional e los ingresos adicionales de manera discrecional y pretende liquidar la garantía constitucional prevista en el artículo 314.
Redacción Curadas