Autoridades de Panamá pidieron este martes el cierre de los albergues que hayan incurrido en «faltas muy graves», en medio del escándalo desatado por un informe parlamentario que denunció abuso sexual y maltrato físico y psicológico contra los menores en esas instalaciones supervisadas por el Estado.
La supervisión y monitoreo de las instituciones de protección de menores como casa hogares y albergues, tanto públicas como privadas, es responsabilidad de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), la institución pública en el ojo del huracán por este escándalo de abusos.
¿Quién pidió la clausura?
Fue la Junta Directiva de la Senniaf, integrada por los ministerios de Desarrollo Social (Mides); Educación (Meduca); del Trabajo (Mitradel); Salud (Minsa); y de Economía y Finanzas (MEF), entre otros, la que pidió la clausura de los albergues.
El organismo informó mediante un comunicado que solicitó «a la Senniaf el cierre inmediato de los albergues en el territorio nacional que como resultado del proceso de supervisión hayan incurrido en faltas muy graves de acuerdo con lo establecido en las normativas vigentes, y proceder con el correspondiente traslado de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en ellos».
Esta clausura también la pidieron las diputadas de la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia de la Asamblea Nacional, que entregaron el informe que documenta los abusos contra los infantes al Ministerio Público, que ya ha abierto investigaciones.
La directora Mayra Inés Silvera, dijo este martes a los periodistas que «a la fecha 8 albergues se han cerrado y vamos a continuar de manera enérgica», sin precisar cuándo realizaron esas clausuras ni cuáles instituciones las sometieron a la medida.
Silvera, que asumió el cargo el pasado enero, expresó su «indignación» por los abusos a menores denunciados y prometió que tomarán «todas las medidas y acciones de inmediato» para subsanar la situación, que tildó de «aberrante».
La denuncia
El informe, presentado la semana pasada y entregado el lunes a la Fiscalía, denuncia que decenas de niños y niñas, muchos con algún grado de discapacidad, fueron víctimas de abusos sexuales, maltratos psicológicos y físicos, incluida mala alimentación y condición de vida deplorable, desde 2017 en al menos 14 albergues bajo la supervisión del Estado.
«Esta es una situación bastante grave», declaró el fiscal general, Eduardo Ulloa, que recalcó que los albergues en Panamá están «en su gran mayoría» manejados «por instituciones privadas, muchas de la cuales reciben subsidios» públicos, de allí que «tiene que ser supervisados por el Estado, para garantizar que los menores reciban la atención requerida».
Con datos de EFE.