La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro que obliga al diario El Nacional a pagar 14 millones de dólares «por daños morales» a Diosdado Cabello, no tiene otro sentido sino el de aniquilar a este medio de comunicación.
La afirmación la hizo la ONG, Acceso a la Justicia. «Pareciera que el objetivo de este proceso judicial es liquidar al diario, al menos esto es lo que se desprende de lo dicho por el propio demandante.
«Si no pagas (Miguel Henrique Otero, presidente editor de El Nacional) en efectivo, tenemos que ejecutar los bienes para resarcir los daños porque yo sí tengo moral», afirmó Cabello horas después de conocer la sentencia que le favorecía.
«Si ellos se las dan de duros y no quieren pagar, el edificio sede de El Nacional, si así lo consideran los tribunales debe ser entregado a este que está aquí, entonces inmediatamente firmaré para que ese edificio se convierta en la sede de la universidad de las comunicaciones», agregó el dirigente del Psuv.
La organización argumenta que «el fin del proceso judicial es acabar con el medio de comunicación». Añade que esto se ve «por el hecho de que el día 26 (de abril), la Sala rechazó una petición de los representantes de El Nacional, en la cual solicitaban fijar el monto de la condena en bolívares por ser la moneda de curso legal en Venezuela. Los magistrados ignoraron los alegatos de los abogados del diario, quienes indicaron que la cifra fijada era imposible de asumir para la empresa», afirma la ONG.
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La respuesta de la SCC, citando su fallo 963 de octubre de 2005, fue la siguiente: «La aclaratoria, rectificación, salvatura o ampliación de un fallo no constituye un recurso, pues no persigue obtener una nueva revisión de lo decidido, ni tiene efectos suspensivos, revocatorios o anulatorios de la sentencia. Sólo constituye una solicitud que puede ser formulada por la parte a los fines de precisar la cosa juzgada recaída en el fallo dictado. Por esa razón, la aclaratoria, salvatura, rectificación o ampliación pasa a formar parte de la sentencia, constituyendo con ella una unidad».
Para Acceso a la Justicia, «la decisión del TSJ contra El Nacional representa un golpe más a la maltrecha libertad de expresión y revela cómo la justicia en Venezuela es utilizada para inhibir determinadas opiniones e informaciones».
Asimismo, alerta que «va a contracorriente de las recomendaciones de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de su Relatoría para la Libertad de Expresión, las cuales han advertido que los funcionarios públicos no solo tienen la obligación de tener mayor tolerancia frente a las críticas, sino que, además, debido a su condición cuentan con más posibilidades para dar explicaciones o responder a los cuestionamientos o críticas que se les formulen».
Agrega que los «delitos de opinión han sido eliminados de los códigos penales del mundo porque, justamente, dan pie a su mal uso y pueden ser medios para la censura, como ha ocurrido en el caso venezolano».
La organización concluye que «frente a un TSJ que asume competencias que la Constitución y la ley no le han atribuido, o que adopta posiciones judiciales sin mayores argumentos, y que carece de absoluta independencia e imparcialidad, no hay ninguna garantía para los venezolanos a la hora de defender el ejercicio de sus derechos fundamentales».
Janet Yucra
Con información de Acceso a la Justicia