La Corte Penal Internacional (CPI) dictó el 17 de marzo una orden de captura contra el presidente de Rusia, Vladímir Putin, por crímenes de guerra. También contra Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comisionada presidencial para los derechos del niño. Esto, por presuntamente ser la responsable, bajo la aprobación del mandatario, de un plan para deportar a cientos de niños ucranianos desde las zonas ocupadas por la invasión a ese país y trasladarlos ilegalmente a Rusia.
“Hay motivos razonables para creer que el señor Putin tiene responsabilidad penal individual por los crímenes antes mencionados, (i) por haber cometido los actos directamente, junto con otros y/o a través de otros. Y (ii) por no ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos, o permitieron su comisión, y que estaban bajo su autoridad y control efectivos”, expresa la resolución.
Sin embargo, esto lejos de preocupar al gobierno ruso, fue más motivo de burlas por parte de sus funcionarios. “La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Vladímir Putin. No es necesario explicar dónde se debe usar este papel”, escribió en Twitter el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvedev, junto al emoji de un papel higiénico.
La posición oficial del Kremlin fue considerar la medida como “indignante e inaceptable”. Resaltó que Rusia no tiene ninguna obligación, ni intención, de entregar a su presidente a organismos occidentales. Esto debido a que ya no forma parte del Estatuto de Roma, y por tanto, no reconoce la autoridad de la CPI ni tiene jurisdicción en su territorio.
¿Qué es el Estatuto de Roma?
El 17 de julio de 1998 se reunieron en Roma, Italia, las delegaciones de 160 países para la Conferencia Diplomática de las Naciones Unidas (ONU). Allí se firmó el estatuto de constitución de la CPI, con el fin de crear un órgano de competencia internacional que pudiera intervenir y juzgar a los responsables de algunos de los crímenes más atroces cometidos contra la humanidad.
Tomó como base los precedentes que dejaron en el derecho internacional los juicios de Núremberg y Tokio, con los cuales se condenaron a los principales criminales nazis y japoneses por genocidios de judíos y chinos cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Si bien hubo intentos de repetir esta experiencia con otros conflictos a lo largo del siglo XX, no se lograron consensos para sistematizar una estructura judicial con ese alcance. Sin embargo, en los años noventa ocurrieron los genocidios de Ruanda y Yugoslavia, los cuales llevaron a la ONU a plantear la necesidad de una CPI.
Este nuevo tribunal toma su competencia a partir de cuatro tipos de crímenes tipificados en el Estatuto de Roma. Estos son el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de agresión. Aunque es un órgano independiente de cualquier Estado, aunque puede colaborar con sus autoridades. Precisamente su función es fungir como tribunal para aquellos casos que un país no pueda o no quiera resolver.
Si bien está relacionado con la ONU y vela por el cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas, funciona de autonomía a esta. De hecho, se diferencia de la Corte Internacional de Justicia, que sí es el brazo judicial de la ONU, en que la primera solo puede resolver disputas entre Estados, mientras que la CPI se enfoca en el procesamiento de personas que hayan cometido los crímenes mencionados.
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