El gobierno, en vez de poner el ojo en la importación de medicamentos para evitar que entren al país fármacos adulterados o falsificados, ha suavizado los controles. Ahora permite que medicamentos ingresen y sean comercializados en el país sin necesidad de tener el registro sanitario venezolano otorgado por el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel.
Sofisticados insumos como potes de Nutella, tubos de Pringles, cajas de cereal Oreo y tarros de mantequilla de maní no son los únicos productos que en este momento ocupan los anaqueles de bodegones ubicados en Caracas. Estos negocios, que han proliferado en medio de la peor crisis económica de la historia del país, venden en dólares y sin registro sanitario blísteres de medicamentos importados, entre ellos antihipertensivos, antibióticos y antidepresivos, pese a que no están autorizados para expender ningún tipo de medicinas y menos aquellas que deben venderse con récipe médico.
Cinco dólares cuesta el blíster de diez pastillas del antibiótico amoxicilina en un bodegón ubicado en Santa Mónica, en el municipio Libertador al sur de Caracas, donde los empaques de los alimentos, medicinas, chucherías, productos de higiene personal y de limpieza del hogar tienen pegados unos llamativos papelitos fosforescentes con los precios expresados en dólares.
También aceptan bolívares al cambio del día, pero no trabajan ni de broma con la tasa que publica el Banco Central de Venezuela (BCV). En moneda nacional, la amoxicilina sale en más de 70.000 bolívares al tipo de cambio no oficial (15.779,54 Bs/$) del 19 de agosto.
Otros de los medicamentos que hay en el negocio es levotiroxina para pacientes con problemas de tiroides. Diez unidades de 100 mcg cuestan 2,5 dólares. Un blíster de losartán potásico –un antihipertensivo– de 50 mg vale en el establecimiento un dólar y medio. La decena de pastillas tanto de diclofenaco de 50 mg, como de acetaminofén de 500 mg, cuestan un dólar. Diez unidades de esomeprazol de 20 mg tiene un precio de seis dólares, y de ibuprofeno de 800 mg dos dólares.
“Solo 4% de nuestros productos son nacionales, 96% vienen principalmente de Miami y Colombia. De Estados Unidos la mercancía viene en barco”, dijo el encargado del bodegón, quien solicitó el anonimato.
En el bodegón de CineCitta, una heladería y restaurante ubicado en el Centro Polo en Colinas de Bello Monte, también venden medicamentos. Las cajas de los productos no tienen los precios. Hay que consultarles a los trabajadores, quienes los dan en dólares.
Cada blíster de diez pastillas del antibiótico ciprofloxacina cuesta nueve dólares, o poco más de 126.000 bolívares, es decir, tres salarios mínimos. El antihipertensivo Valsartán con diurético tiene un precio de ocho dólares. El blíster de losartán potásico, en cinco dólares. Veinte pastillas del diclofenaco (50 mg) tiene un precio de cuatro dólares y un frasco de Broxol, ocho dólares.
Amitriptilina, un antidepresivo tricíclico cuya venta es regulada en las farmacias, aquí es de libre venta y su precio es de cinco dólares el blíster de 25 mg
“El acetaminofén (de 650 mg) cuesta cinco dólares, pero solo trae veinte pastillas. Te saldría mejor comprar este frasco de ibuprofeno (200 mg) que trae 500 tabletas y cuesta once dólares”, aconsejó una trabajadora a un consumidor que preguntó cuál era el precio del acetaminofén.
Al margen de la ley
Según la Ley de Medicamentos publicada en la Gaceta Oficial 37006 de fecha 3 de agosto de 2000, los únicos establecimientos autorizados para vender medicinas son las farmacias, tanto públicas como privadas. Ningún laboratorio, droguería o farmacia está autorizado a venderle a los bodegones. De hecho, el artículo 75 de la norma establece que “serán sancionadas con multas que oscilen entre 185 unidades tributarias (UT) y 370 UT las personas que suministren medicamentos en establecimientos distintos a los autorizados”.
Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana (Fefarven), asegura que los bodegones que expenden medicamentos están cometiendo “un ilícito farmacéutico”, pues tienen prohibido venderlos
“Esas empresas como CineCitta ni siquiera son establecimientos farmacéuticos. Traen medicamentos, los venden sin ningún tipo de regulación y no hay nadie que ponga el cascabel al gato. Eso es para que el Ministerio de Salud vaya con las autoridades y decomise todo eso. Eso atenta contra la salud pública. Pueden estar adulterados y no hay nadie que diga o haga algo. Los están trayendo de afuera y están haciendo el negocio del siglo”.
Los bodegones han proliferado en plena crisis de la economía venezolana, la cual se contrajo 52,3% entre el tercer trimestre del 2013 y septiembre de 2018, de acuerdo con el BCV, contracción que según la Asamblea Nacional (AN) aumentó a 63,4% en el primer trimestre de 2019.
Según economistas, una de las razones que explican el auge de este negocio es el precio «barato» del dólar que hace más rentable importar productos que comprar los fabricados en Venezuela. El rezago del tipo de cambio en comparación con el aumento de los precios es generado por la política de contracción del crédito que aplica el BCV a través del encaje bancario marginal.
Muchos de estos bodegones traen la mercancía del exterior a través del servicio de envío puerta a puerta que prestan empresas de courier, ahorrándose trámites y pago de impuestos, sobre todo los aduaneros. Y el gobierno, en vez de poner el ojo en la importación de medicamentos para evitar que entren al país fármacos adulterados o falsificados, ha suavizado los controles.
Ahora permite que medicamentos ingresen y sean comercializados en el país sin necesidad de tener el registro sanitario venezolano otorgado por el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, antes considerado como un organismo regulatorio ejemplar en Latinoamérica y con una muy buena reputación en el mundo
En abril de este año, el Ministerio de Salud emitió la resolución 075, publicada en la Gaceta Oficial 41610, en la que autoriza a las empresas farmacéuticas no domiciliadas en Venezuela importar y comercializar productos farmacéuticos no registrados en el país, ni aprobados como medicamentos de servicio en el territorio.
Para traer medicinas, las compañías extranjeras tienen como opciones establecer una “alianza estratégica” con empresas del Estado, o instalar una “casa de representación, la cual se solicitará a través del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria”, según el artículo dos de la resolución.
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