La Asamblea Nacional (AN) aprobó este jueves en primera discusión el Proyecto de Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y por la Defensa de la República Bolivariana de Venezuela.
El diputado Carlos Mogollón, proponente del instrumento, indicó que el mismo busca «justicia para el pueblo venezolano que sufre por las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos, así como la confiscación de activos públicos».
La norma consta de 18 artículos y «plantea la inhabilitación política de personas naturales y jurídicas que apoyen la imposición de sanciones contra Venezuela».
Asimismo, Mogollón indicó que «recoge lo expuesto en el debate de la sesión anterior», en el cual se propuso la inhabilitación «hasta el doble del máximo de la pena para aquellas personas que ayuden o se alíen con países extranjeros para imponer sanciones contra el pueblo de Venezuela».
Además, señaló que esta normativa se una a la aplicación de la Ley de Extensión de Dominio para aquellos que «promuevan, participen, difundan, hagan apología» a las «sanciones, lo cual también constituye un agravante para el delito de la traición a la patria».
En el caso de que la persona a la que se aplique la norma se declare es estado contumaz y se niegue a la audiencia preliminar o a las audiencias de juicio oral, «se entenderá que no quiere hacer uso de los derechos a ser oído en el proceso, por lo que se procederá a hacer la audiencia respectiva con el defensor o defensora que lo asista».
En ausencia
Además, si los que cometen esos delitos se rehúsan a someterse al proceso judicial, «el pueblo venezolano, invocando el derecho de las víctimas de las medidas coercitivas unilaterales, los juzgará y los condenará en ausencia», aseveró el legislador.
Por otra parte, la ley plantea que, en concordancia con el artículo 65 de la Constitución, «incluso las personas que nunca se hayan desempeñado como funcionarios públicos, podrán ser inhabilitadas políticamente por más de 30 años, si se alían con potencias extranjeras».
Ley anhelada
Posteriormente, la diputada Iris Varela, dijo que «es una ley esperada y anhelada por el pueblo venezolano, ese pueblo que ha visto que los mecanismos de justicia que tanto añora han sido esquivos».
Además, considera que es «una ley sencilla pero contundente», y propuso que la inhabilitación «sea perpetua, lo cual respetaría el artículo 42 de la Carta Magna, que establece que las penas privativas de libertad no deben superar los 30 años. No obstante, no omite la posibilidad de las inhabilitaciones permanentes».
Además, la legisladora pidió que se estudie la eliminación de todos los documentos de identificación y registro de las personas naturales y jurídicas que se presten para a la traición a la patria mediante su respaldo a sanciones.