«Por ahorro energético» vuelven a diferir comienzo del juicio contra Rocío San Miguel

El tribunal que lleva en Venezuela la causa por «terrorismo» contra la activista de derechos humanos Rocío San Miguel difirió este lunes por tercera vez el inicio del juicio y alegó como causa medidas de «ahorro energético».

El comienzo del juicio ha sido aplazado en las dos ocasiones anteriores por «falta de traslado» de la activista al Palacio de Justicia en Caracas.

Según la agencia AFP, el personal del tribunal despachó a familiares y defensores cerca del mediodía, cuando funcionarios judiciales sostuvieron que la audiencia no podría hacerse por una política de «ahorro energético».

Esto, por que el gobierno ordenó a las oficinas públicas hace unos días, trabajar solo en la mañana, durante 4 horas y media y tres días a la semana.

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San Miguel fue detenida hace trece meses, acusada por las autoridades de estar vinculada con una operación para asesinar al presidente Nicolás Maduro.

La audiencia fue reprogramada para el 26 de mayo, un día después de las elecciones parlamentarias y de gobernadores en Venezuela.

San Miguel, experta militar de 58 años y quien también tiene la nacionalidad española, está recluida en el Helicoide, la temida cárcel en la sede del servicio de inteligencia venezolano, que organizaciones de derechos humanos califican como «centro de torturas».

Fue arrestada el 9 de febrero de 2024 en el aeropuerto que sirve a Caracas cuando se disponía a salir del país junto a su hija Miranda Díaz, de 25 años, quien fue también brevemente detenida y hoy se encuentra en libertad condicional.

Su expareja, un militar retirado, está preso por la supuesta conspiración.

La activista, abogada y directora de la ONG Control Ciudadano padece una lesión en un hombro por una fractura que no ha sido atendida por médicos, según sus abogados.

Actualmente solo puede recibir visitas de su hija, mientras sus abogados de confianza denuncian que no han podido juramentarse como representantes legales. Su caso ha recaído en la defensoría pública, señalada de servir a la Fiscalía.

Con información de AFP

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