Un juez federal en San Francisco rechazó nuevamente a la administración de Trump en un importante caso de inmigración, afirmando que se mantiene firme en su decisión de detener la revocación este mes de la protección de la deportación para cientos de miles de venezolanos en Florida y otros estados.
El juez federal de distrito Edward M. Chen citó varios factores para rechazar la solicitud del gobierno de levantar la suspensión de la orden de revocación emitida por el Departamento de Seguridad Nacional, concluyendo que los ciudadanos venezolanos con Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos podrían sufrir daños irreparables si no suspendía su deportación.
“Es probable que cualquier deportación no pueda echarse atrás si los demandantes [migrantes venezolanos] finalmente prevalecen”, escribió Chen en una orden de cinco páginas. “De hecho, recientemente, el gobierno deportó por error a El Salvador a una persona con estatus legal en Estados Unidos, pero básicamente ha asumido la postura de que no puede hacer nada para corregir ese error”.
Esta semana, los abogados de la administración Trump reconocieron, en un caso aparte relacionado con una impugnación a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que las autoridades migratorias deportaron por error a un hombre de Maryland a El Salvador junto con miembros de la conocida pandilla venezolana Tren de Aragua. A pesar de admitir un “error administrativo”, los abogados afirmaron que el gobierno carece de autoridad para traerlo de vuelta a Estados Unidos.
Esa admisión no solo plantea interrogantes sobre otras personas que pueden haber sido atrapadas por error en redadas de deportación, sino que también subraya el punto principal del juez Chen sobre el posible daño irreparable a los venezolanos protegidos por el TPS si levanta su suspensión.
El martes, los abogados del gobierno solicitaron a Chen que suspendiera su decisión de suspensión hasta el viernes, para que el Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco pueda considerar la orden que revoca la extensión del TPS emitida por la secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en febrero. Es probable que el gobierno apele la decisión de Chen.
El objetivo del gobierno, aunque no se especifica en su moción, sería que la orden de revocación de Noem sea revisada por la Corte Suprema federal, dominada por jueces conservadores, tres de los cuales fueron nombrados por el presidente Trump durante su primer mandato. Si la orden de la secretaria es finalmente confirmada por la Corte Suprema, los venezolanos con TPS en Estados Unidos no podrían presentar su demanda en San Francisco, la cual impugna la afirmación de Noem de que su estatus de protección “es contrario al interés nacional”.
Los abogados de la administración Trump argumentaron que Noem tiene el poder exclusivo de revocar la orden de TPS de la administración Biden para los ciudadanos venezolanos en Estados Unidos y que los demandantes no tienen derecho, bajo su argumento de “igualdad de protección”, a impugnar su autoridad.
En su moción de 14 páginas, los abogados del gobierno afirmaron que las decisiones de Noem “constituyen políticas migratorias racionalmente relacionadas con intereses gubernamentales legítimos y no fueron motivadas por una intención racialmente discriminatoria”, a pesar de lo que Chen halló en su fallo inicial del lunes.
Afirmaron que la postergación de la orden por parte del juez, que debía entrar en vigor el próximo lunes, “impone un daño irreparable” al poder ejecutivo y al público, afirmando que los pandilleros del Tren de Aragua “estaban amparados”, junto con otros ciudadanos venezolanos, por la orden de TPS de la administración Biden de 2023.
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Críticas a Noem
Chen indicó que Noem había actuado basándose en generalizaciones y estereotipos amplios cuando revocó el permiso de trabajo y las protecciones contra la deportación de unos 350,000 venezolanos que se beneficiaban del TPS.
“Es evidente que la secretaria hizo generalizaciones negativas sobre los beneficiarios venezolanos del TPS”, declaró el juez en una orden de 78 páginas.
“Actuar con base a un estereotipo negativo de grupo y generalizarlo a todo el grupo es el clásico ejemplo de racismo”. El juez también señaló evidencia que sugiere una intención discriminatoria por parte de Noem en su toma de decisiones, con una conexión directa con las acciones y declaraciones de Trump.
El presidente Trump hizo varios comentarios discriminatorios, no solo contra inmigrantes venezolanos o beneficiarios del TPS, sino también contra inmigrantes no blancos en general. Sus declaraciones incluyen comentarios despectivos sobre inmigrantes haitianos, beneficiarios del TPS y otros inmigrantes no blancos, como afirmar que los inmigrantes haitianos en Springfield, Ohio, se estaban “comiendo a los perros” y hacer comentarios despectivos sobre los venezolanos y otros inmigrantes como responsables del aumento de la delincuencia, señaló el juez en el fallo.
Daños irreparables
Los venezolanos que demandaron han aportado pruebas significativas de que los titulares del TPS y sus familias sufrirían daños irreparables si se permitiera que la revocación siguiera adelante, dijo el juez. “Por el contrario, la afirmación del gobierno de que el interés público juega a su favor no es convincente, porque el gobierno carece de pruebas de que se haya producido un daño a la seguridad nacional”, añadió Chen.
Su fallo, que detiene la revocación del TPS mientras la demanda se resuelve en su tribunal, fue un duro golpe para la administración de Trump. Esta ha perseguido a los venezolanos como parte de los esfuerzos de deportación masiva mediante diversas políticas y argumentó que permitir el ingreso a Estados Unidos de personas de Venezuela, sumida en una crisis humanitaria y política, va en contra de los intereses estadounidenses.
En el fallo, Chen enfatizó las contribuciones sociales y económicas de los venezolanos, destacando su baja tasas de criminalidad, altos niveles educativos y laborales, y los cientos de millones de dólares que inyectan a la economía.
La decisión también fue un alivio para los cientos de miles de venezolanos que viven en Estados Unidos y que lidian con la incertidumbre de regresar a un país donde muchos podrían enfrentar persecución política y represión por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
Días antes de dejar el cargo, el presidente Joe Biden había extendido el TPS para Venezuela 18 meses adicionales, con vigencia hasta octubre de 2026. Sin embargo, semanas después de asumir el cargo, Noem revocó la extensión del TPS para un amplio grupo de venezolanos, vigente a partir del 7 de abril.
La decisión tendría como significado que, a partir del miércoles, hasta 350,000 venezolanos, muchos residentes en el sur de Florida, habrían perdido la posibilidad de trabajar legalmente en Estados Unidos y, pocos días después, habrían sido vulnerables a la detención y la deportación.
Un grupo de siete venezolanos que enfrentan la deportación, junto con un grupo de defensa llamado National TPS Alliance, demandó a la administración de Trump en la corte federal de San Francisco el 19 de febrero, argumentando que su decisión de poner fin a las protecciones de deportación para los venezolanos es ilegal, tiene motivaciones políticas, es racialmente discriminatoria y forma parte de un patrón más amplio de prejuicios contra los inmigrantes no europeos ni blancos.
Los demandantes están representados por el Centro de Derecho y Política de Inmigración de la Facultad de Derecho de la UCLA, la Fundación ACLU del Sur de California y la Red Nacional de Organización de Jornaleros.
Con información de El Nuevo Herald