Colombia continúa siendo el principal país receptor de población venezolana en situación de movilidad. Desde 2015, más de 2,8 millones de personas han cruzado la frontera buscando protección, empleo y condiciones dignas de vida.
Sin embargo, los avances logrados en los primeros años en materia de regularización e integración han sido progresivamente desmantelados. Según el último conteo de la Plataforma Regional de Coordinación R4V de Naciones Unidas, más de 450.000 personas permanecen en un limbo jurídico, sin opciones reales para regularizarse ni acceder a derechos básicos como salud, educación o trabajo.
Un nuevo informe publicado por PROVEA y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) documenta cómo las decisiones recientes del gobierno colombiano, sumadas al endurecimiento de políticas migratorias en Estados Unidos y la caída de la cooperación internacional, han debilitado la respuesta estatal y dejado sin protección a quienes huyen de la crisis venezolana, incluso en casos que requieren protección internacional urgente.
Lea también:
Sin papeles ni refugio: entre el desmonte institucional y la desprotección
Durante el actual gobierno del presidente Gustavo Petro, fueron eliminadas instancias clave como la Gerencia de Fronteras (adscrita a la presidencia) y el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV), paso fundamental para obtener el Permiso por Protección Temporal (PPT) ofrecido bajo el Estatuto Temporal de Protección. Desde entonces, no se han creado mecanismos generales de regularización para quienes han ingresado al país a partir de junio de 2023.
Aunque existen figuras como el PEP Tutor y la visa Visitante Especial, su alcance es limitado, exigen requisitos difíciles de cumplir y no están acompañadas de campañas informativas. La falta de continuidad en la política migratoria ha generado desinformación, retrasos y mayores obstáculos para que las personas migrantes puedan acceder a derechos básicos como la salud o regularizar su estatus.
A pesar del aumento de personas venezolanas que huyen por motivos políticos, especialmente tras la elección presidencial de julio de 2024, Colombia ha fallado y no las reconoce como personas con necesidad de protección internacional. Esto ha implicado que quienes llegan sin pasaporte, por rutas no autorizadas y en situación de emergencia, sean tratadas como migrantes económicos, sin acceso a mecanismos de refugio ni apoyo institucional.
El informe alerta sobre una grave omisión en la política migratoria colombiana: la ausencia de mecanismos diferenciados para identificar y proteger a personas que huyen por razones políticas, incluyendo activistas, periodistas y defensores de derechos humanos perseguidos por las fuerzas de seguridad de Nicolás Maduro. Esta falla impide brindar protección internacional efectiva y reproduce situaciones de riesgo en el país receptor.
Reverso de la ruta: migración inversa y caída de la cooperación
Colombia también ha empezado a recibir un creciente flujo de personas expulsadas desde Estados Unidos, en un fenómeno que el informe identifica como migración inversa. Muchas de estas personas ya habían intentado integrarse en Colombia y salieron en busca de mejores oportunidades, pero han sido devueltas sin documentos, sin recursos y en condiciones precarias.
La ruta inversa por el Tapón del Darién se ha convertido en un espacio sin presencia estatal, dominado por redes de crimen organizado y sin mecanismos de atención humanitaria.
La situación se agrava por la reciente suspensión de fondos de la cooperación estadounidense, especialmente tras el cierre de USAID en 2025. Esta decisión afectó programas esenciales para migrantes y refugiados: distribución de alimentos, atención médica básica, apoyo psicosocial y sostenimiento de albergues. Se estima que más de 1.000 empleos se perdieron solo en Colombia, y que tres de cada cinco organizaciones que implementaban proyectos humanitarios no tienen hoy cómo continuar sus operaciones.
Con información de Provea