La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su profunda preocupación por los hechos relacionados con la incursión armada de Estados Unidos en Venezuela y el arresto de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, para ponerlos a disposición de la justicia norteamericana.
Si bien la Comisión ha documentado graves violaciones de derechos humanos, así como la ruptura del orden democrático y del Estado de derecho en el país con anterioridad a la operación de Estados Unidos, reafirma que todo proceso de restauración democrática debe llevarse a cabo con pleno respeto del derecho internacional.
La historia de la región, documentada rigurosamente por la Comisión durante décadas, ha evidenciado que la falta de observancia del derecho internacional suele provocar mayor posibilidad de vulneración de derechos humanos.
Razón por la cual la Comisión destaca la relevancia de la aplicación del derecho internacional, con pleno respeto a la soberanía, la integridad territorial, el principio de no intervención y no agresión, la prohibición del uso de la fuerza, y la protección integral de los derechos humanos, conforme a lo establecido en la Carta de la OEA y en la Carta de Naciones Unidas.
Según cifras reportadas por la prensa, la incursión armada en Venezuela dejó, al menos, 75 personas fallecidas, entre ellas 32 de nacionalidad cubana que formaban parte del equipo de seguridad que custodiaba a Nicolas Maduro y a su esposa, así como un número indeterminado de personas heridas. No obstante, la CIDH advierte que estas cifras no están confirmadas oficialmente.
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Monitoreo continuo
Durante los últimos 25 años, la CIDH ha realizado un monitoreo continuo y sistemático de la situación de derechos humanos en ese país, constatando un deterioro progresivo del Estado de derecho, de la institucionalidad democrática y de las garantías fundamentales.
En particular, tras las graves denuncias de fraude en las elecciones de 2024, la Comisión concluyó que el gobierno de Nicolás Maduro carecía de legitimidad democrática, y documentó violaciones graves y sistemáticas perpetradas por el régimen, entre ellas 25 muertes, más de 2 mil detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, censura, persecución política y prácticas de terrorismo de Estado, así como corrupción y cooptación de las instituciones estatales. Todo ello con el fin de consolidarse en el poder.
Estas graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos, sumadas a la crisis económica y social que vive el país, han contribuido a uno de los mayores flujos migratorios y de búsqueda de refugio del mundo, que afecta a más de siete millones de personas.
Miedo
La CIDH advierte que, en un contexto de ausencia de Estado de derecho, cierre de espacio cívico y obstáculos a la libertad de expresión, el acceso a información verificable continúa restringido. Esta situación se ve agravada por el miedo de personas, la difusión de propaganda desde distintas instituciones, los bloqueos digitales vigentes y la circulación de contenidos deliberadamente modificados con fines de desinformación desde distintos sectores de la región.
En ese contexto, desde el 3 de enero, se ha recibido información sobre la detención de al menos 14 periodistas en puntos fronterizos y en cercanías a la sede de la Asamblea Nacional en Caracas, así como el patrullaje de grupos armados conocidos como “Colectivos” en diversos lugares, incluidos espacios donde se encontraba desplegada la prensa.
La Comisión y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) destacan la importancia fundamental de la labor periodística para garantizar el derecho de la población a estar informada y el ejercicio de la defensa de los derechos humanos. Al respecto, instan al régimen venezolano a garantizar condiciones plenas para el ejercicio del periodismo, sin censura, amenazas, represalias ni restricciones indebidas, y proteger a las personas defensoras de derechos humanos.
Adicionalmente, el régimen venezolano promulgó el Decreto 5.200, que declara el Estado de Conmoción Exterior, amplía significativamente la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana y establece severas restricciones a la libertad de expresión y a la participación democrática, incluyendo disposiciones que habilitan la búsqueda y detención de personas señaladas por promover o apoyar los hechos, lo que incrementa el riesgo de violaciones de derechos humanos.
En ese sentido, la Comisión exhorta a que se garanticen plenamente los derechos humanos del pueblo venezolano. La CIDH reitera su profunda preocupación por la situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos o disidencia, incluidos dirigentes de partidos y movimientos, personas defensoras de derechos humanos y periodistas, quienes, de acuerdo con reportes de la sociedad civil, han sufrido sistemáticas violaciones de derechos humanos.
La CIDH toma nota de la excarcelación de siete personas detenidas por motivos políticos, ocurrida el 8 de enero, entre ellas la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, así como cuatro personas beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la Comisión. La CIDH expresa su solidaridad con las personas liberadas y sus familias, tras un periodo de grave afectación a sus derechos humanos, y recuerda la obligación estatal de garantizar la libertad personal y el debido proceso. Asimismo, urge al régimen venezolano a disponer la liberación inmediata de todas las personas que continúan privadas de libertad por razones políticas, y a cesar el uso de la detención arbitraria como mecanismo de persecución.
El impacto de la crisis
La Comisión y su Relatoría sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) expresan su preocupación por el impacto de la crisis sobre el goce efectivo de los derechos económicos y sociales, ante información referida a la limitación en al acceso a alimentos, transporte, energía eléctrica, salud y agua potable.
En ese contexto, instan al régimen venezolano a garantizar de manera continua, efectiva y sin discriminación, el funcionamiento de los servicios esenciales, adoptando medidas urgentes de protección para las personas en mayor situación de vulnerabilidad.
Finalmente, la CIDH reitera que continuará monitoreando de manera estrecha la situación de Venezuela a través de todos sus mecanismos y reafirma su plena disposición a realizar una visita in loco, con el objetivo de evaluar directamente en el terreno la situación de los derechos humanos y formular recomendaciones orientadas a su protección efectiva, en beneficio de la población venezolana.
Con información de prensa CIDH