El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) reitera que en Venezuela hay periodistas presos por ejercer su derecho a informar y que su liberación no debe depender de una ley de amnistía, sino del reconocimiento de su inocencia, el respeto al debido proceso y la restitución plena de las garantías constitucionales.
Hoy, al menos seis periodistas permanecen privados de libertad en condiciones que configuran detenciones arbitrarias y los convierten en presos de conciencia. No existe delito alguno que deba ser perdonado. Por ello, su libertad no puede presentarse como una concesión, sino como una obligación del Estado.
Reconocemos que una ley de amnistía es una figura legítima en contextos de crisis política y puede contribuir a la reconciliación nacional. Sin embargo, advertimos que no puede utilizarse para equiparar a víctimas con responsables, ni para borrar responsabilidades políticas, administrativas o penales de quienes han cometido graves violaciones de derechos humanos o han usado el poder del Estado para perseguir, encarcelar o silenciar.
La amnistía no puede convertirse en un mecanismo de impunidad ni en una salida política que normalice la persecución contra periodistas y trabajadores de la prensa.
También advertimos que más de treinta periodistas han sido excarcelados en los últimos años, pero continúan sometidos a procesos penales, medidas cautelares y restricciones que condicionan su vida personal y su ejercicio profesional. Eso no es libertad plena. Es castigo diferido y persecución judicial prolongada.
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Exigencias estructurales
La situación de los periodistas presos no es un hecho aislado, sino la consecuencia de problemas estructurales que deben resolverse de manera inmediata para garantizar la libertad de prensa y evitar la repetición de estas violaciones.
Desde el SNTP exigimos:
*La derogación de las leyes utilizadas para criminalizar la opinión y la crítica, en particular la Ley contra el Odio.
*La revisión y derogación de la Ley Resorteme, convertida en un instrumento de censura.
*El compromiso expreso del Estado de no usar el derecho penal contra el periodismo ni contra el ejercicio de la libertad de expresión.
*El levantamiento de los bloqueos digitales y el cese de la censura en internet.
*Procesos transparentes, no discriminatorios y ajustados a derecho para la asignación y renovación de concesiones a radios y televisoras.
*El fin del cierre arbitrario de medios y la devolución de equipos incautados.
*La aprobación de una ley de protección integral para periodistas y trabajadores de la prensa, con mecanismos efectivos de prevención, protección y reparación.
Reiteramos que una eventual ley de amnistía puede ser un punto de partida, pero solo será legítima si libera a los inocentes y si viene acompañada de reformas estructurales que garanticen que el sistema de justicia no vuelva a ser utilizado como herramienta de persecución contra el periodismo.
Con información del SNTP