La segunda audiencia de Nicolás Maduro en Nueva York genera enorme expectativa entre venezolanos dentro y fuera del país.
Por ello es necesario aclarar de qué trata esta segunda comparecencia, luego de la primera ocurrida el 5 de enero pasado.
En este sentido, el programa que se transmite por YouTube, Zona de Poder, entrevistó al abogado venezolano Zair Mundaray, quien aclaró que “no estamos hablando todavía del juicio final, ni de una sentencia, ni de una definición inmediata sobre culpabilidad o inocencia” de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Se trata de una audiencia procesal importante dentro de una etapa preliminar del caso.
Mundaray explicó que “lo previsto es una audiencia de estatus. Es decir, una instancia en la que la defensa y la fiscalía actualizan ante el juez las mociones que ya presentaron, ratifican oralmente sus posiciones y abren espacio para que el tribunal decida de inmediato, se tome más tiempo o dicte alguna medida intermedia”.
El abogado también recordó que “estas audiencias buscan ir quitando obstáculos de cara a un posible juicio, que en casos de alto perfil ni siquiera a menudo termina ocurriendo, porque en el sistema penal estadounidense muchos procesos se resuelven antes”.
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Lo que pretende la defensa
Lo más delicado de esta fase, según el especialista, “es la pelea por la defensa de Maduro. La estrategia de sus abogados apunta a decir que él no puede costear libremente a su abogado de confianza porque sus fondos están bloqueados. Además, si tampoco se le permite al Estado venezolano asumir ese gasto, entonces habría una violación de su derecho a la defensa bajo la Sexta Enmienda».
“A partir de ahí, la defensa busca algo mucho más grande: no solo una solución financiera, sino incluso la nulidad de los cargos”.
Mundaray explicó por qué este argumento es tan importante. “Si el financiamiento llegara a salir del Estado venezolano, eso podría ser usado por la defensa como un reconocimiento tácito de que Maduro actúa como jefe de Estado”.
Pero también explicó por qué ese razonamiento tiene debilidades: “La normativa venezolana no establece de forma automática que el Estado deba cubrir la defensa de altos funcionarios en circunstancias como estas, y además el narcoterrorismo no puede presentarse como una función pública”.
Otro de los temas más complejos, pero más relevantes, fue el del reconocimiento político y jurídico.
Mundaray señaló que los jueces no reconocen gobiernos por cuenta propia y que, en ese terreno, la referencia clave sigue siendo el Departamento de Estado.
También explicó que “en otros casos vinculados a Venezuela ya se ha sostenido que Maduro no es reconocido como presidente. Lo de Delcy Rodríguez opera más como una fórmula transitoria de representación judicial y económica en ciertos procesos, no como un reconocimiento político pleno del poder que ella ejerce”.
La gestión de evidencia clasificada
La fiscalía, según explicó Mundaray, “busca que la defensa no pueda compartir libremente parte del material sensible ni con los acusados ni con terceros, precisamente por el riesgo de filtraciones, la posible exposición de testigos y la protección de otras líneas de investigación”.
Dicho de otra manera: esto no se trataría solo de Maduro, sino también de blindar la posibilidad de que otros actores del entramado terminen siendo alcanzados por la justicia.
Con información de Zona de Poder