Keiko Fujimori, podría ser el objetivo de un tribunal peruano que evalúa si retiene a la líder de la oposición, quien fue liberado de la prisión hace un mes, después de que la fiscalía presentó nuevas pruebas que la incriminan en el escándalo de la empresa constructora brasileña Odebrecht.
La audiencia está programada, a pesar de coincidir con una huelga parcial de magistrados que exigen mejoras salariales.
El fiscal José Domingo Pérez le pidió al juez Víctor Zuñiga que emitiera una orden de 36 meses de prisión preventiva. En la orden de arresto, alegó que existe el riesgo de fuga y obstrucción de la justicia por parte de Keiko Fujimori después de que hayan surgido nuevas pruebas en las últimas semanas.
La solicitud contra el líder del partido Fuerza Popular (derecha radical) será evaluada un mes después de las elecciones extraordinarias al Congreso. Su grupo aparece segundo en las encuestas, detrás de la Acción Popular del centro.
Keiko, de 44 años, desestimó las acusaciones del fiscal de riesgo de fuga.
El fiscal Pérez estima que hay nuevos elementos contra Keiko, a quien acusa de recibir dinero sucio de la empresa constructora brasileña Odebrecht y otras fuentes para financiar sus campañas electorales de 2011 y 2016.
Al cargo de lavado de dinero, Pérez quiere agregar los de obstrucción de la justicia, asociación ilícita, fraude procesal y organización criminal.
El fiscal estima que los nuevos elementos aumentarían el riesgo de fuga y la obstrucción de la justicia.
El primogénito del ex prisionero Alberto Fujimori (1990-2000) fue liberado el 29 de noviembre después de pasar casi 13 meses en prisión preventiva.
El oponente fue enviado a prisión el 31 de octubre de 2018 por presuntamente interferir con las investigaciones en su contra.
La defensa de Keiko Fujimori confía en que esta vez el juez rechazará la orden de arresto.
La fiscalía, que aceptó de mala gana la decisión del Tribunal Constitucional, volvió a la fiscalía después de obtener una declaración en Brasil del ex ejecutivo de Odebrecht, Luiz Eduardo da Rocha Soares. Frente a los fiscales peruanos, confirmó la contribución de $ 1 millón de la compañía a la campaña de líderes de la Fuerza Popular de 2011.
Registrado como una «Campaña nacional», este dinero se transferirá a su solicitud a través de la casilla 2 del sector de «operaciones estructuradas» de Odebrecht. Este sector se utilizó para administrar sobornos y fondos no declarados para partidos políticos, según el portal IDL.
Redacción Curadas.