Tras un informe de Human Rights Watch (HRW), el organismo asegura que grupos armados se mantienen en la frontera entre Colombia y Venezuela en donde «(…) amenazan a los habitantes con castigos que van desde multas o trabajos forzados hasta la muerte.
El conflicto se presenta en el departamento colombiano de Arauca y el vecino estado venezolano de Apure, región fronteriza en donde se asegura existen grupos guerrilleros y otras organizaciones armadas que «(…) cometen todo tipo de abusos con total impunidad.»
El informe de HRW denuncia que «Los residentes en Arauca y Apure viven con miedo, ya que los grupos armados reclutan a sus hijos e imponen sus propias reglas, amenazan a los residentes y castigan a quienes desobedecen, incluso con asesinatos o meses de trabajo forzado en los campos.»
Las denuncias fueron realizadas por el director ejecutivo para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, quien presentará el estudio en Bogotá, Colombia.
En el informe también se hace mención a grupos militares que fungen como policías dentro de la región.
«Los guerrilleros son la policía: Control social y graves abusos por parte de grupos armados en el departamento colombiano de Arauca y el estado venezolano de Apure, se documentan abusos en ambos lados de la frontera por parte de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), una disidencia de las desmovilizadas FARC y las venezolanas Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN).»
HRW visitó Arauca, en el este de Colombia, en agosto de 2019 y entrevistó a 105 personas, incluidos líderes comunitarios, víctimas de abusos y sus familiares, trabajadores humanitarios, defensores de derechos humanos, funcionarios judiciales y periodistas.
Luego del registro de los testimonios, la organización concluyó que los grupos armados ilegales imponen en ambos lados de la frontera una amplia gama de reglas y «las hacen cumplir brutalmente».
Las reglas incluyen medidas de carácter judicial como toques de queda, «prohibiciones de violación, robo y asesinato y regulaciones que rigen las actividades cotidianas como la pesca, el pago de deudas y los horarios de cierre de bares.»
Con los testimonios recopilados, HRW concluyó además que los abusos denunciados, «(…) incluyen asesinatos, trabajos forzados, reclutamiento de niños y violaciones, se cometen como parte de la estrategia de los grupos para controlar la vida social, política y económica de Arauca y Apure.»
Sólo en 2019, al menos 16 fallecidos fueron encontrados en Arauca con mensajes en papel en los que se acusaba a las víctimas de ser «informantes», «violadores», traficantes de drogas o «ladrones». Algunos estaban firmados por grupos disidentes de las FARC que operan en el área», añade el informe.
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@rocafranc
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