Julio culminó con un total de 30 casos registrados y 61 violaciones del derecho a la libertad de expresión, la más frecuente continúa siendo la intimidación, seguida por la censura, el hostigamiento verbal y las amenazas.
De las 40 víctimas este mes, la mayoría son periodistas (60%), seguidas por medios de comunicación (10%, cuatro afectados), y particulares (7,5%). Por otra parte, la población de diferentes estados se vio imposibilitada de acceder a Internet a través de ABA, el servicio de banda ancha de la empresa estatal Cantv, el proveedor con mayor cobertura en el país, informó la ONG Espacio Público.
Con las cifras de julio, se acumulan 270 casos y 686 violaciones del derecho durante el 2020. Continúan las restricciones de búsqueda de información sobre la gasolina y COVID-19, así como la tendencia de detenciones arbitrarias a trabajadores de los medios, siendo los cuerpos de seguridad del Estado los victimarios en el 59% de los hechos registrados durante el séptimo mes del año.
Detenciones a diestra y siniestra
Las detenciones y la persecución a trabajadores de los medios genera más desinformación en el país a causa de todas las fotografías e historias que quedan sin publicación. De esta manera el Gobierno evita que la ciudadanía reciba información de calidad sobre lo que sucede, una acción que viola la constitución nacional y los diferentes tratados Internacionales que protegen nuestro derecho a la libertad de expresión.
El sábado 4 de julio funcionarios de la división antidrogas de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), apresaron a la productora Valeria Rodríguez Villapol, cuando grababa la detención del chef Víctor Moreno. Ambos estaban en el local junto a un equipo de trabajo para la transmisión en vivo por redes sociales de un evento de cocina. Los funcionarios incautaron varios celulares, y se llevaron del lugar a Moreno, Rodríguez y a dos personas más. Fueron liberados una hora después sin que les explicaran el motivo de la detención.
Darío Salcedo, trabajador de la estatal Insopesca, tiene una medida de arresto domiciliario desde el 4 de julio, una cautelar impuesta por el Tribunal después de casi dos meses en el Centro de Procesados Judiciales 26 de Julio, en el estado Guárico. Salcedo denunció en redes sociales las irregularidades de aumento de precio en los beneficios de alimentación de la empresa, por lo que le imputaron el artículo 20 de la inconstitucional normativa contra el odio, criminalizando su expresión legítima.
El 13 de julio funcionarios del CICPC detuvieron al politólogo Nicmer Evans, quien dirige el medio digital Punto de Corte. La orden de aprehensión fue emitida por el Tribunal 21 de Control del Área Metropolitana de Caracas, acusaron a Evans de supuesta “promoción o incitación al odio”, luego de que publicara un mensaje en Twitter deseando “larga vida” al constituyente Fidel Madroñero, quien anunció que está contagiado con COVID-19.
En el estado Cojedes, funcionarios de la Policía Regional detuvieron al dirigente político del partido Primero Justicia, José Luis Ospino, luego de que acompañara una protesta el 13 de julio en la sede de la Alcaldía del municipio Lima Blanco, donde ciudadanos exigían respuestas sobre la recolección de basura, después de dos meses sin servicio de aseo urbano. A Ospino el quitaron el celular y evitaron que se comunicara con abogados o familiares durante las 7 horas que permaneció en la sede de la policía de Macapo.
El 15 de julio funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvieron al periodista Otilio Rodríguez, director de la estación Pura Candela 93.3 FM en Carúpano, estado Sucre. Rodríguez Fue presentado ante un Tribunal de flagrancia e imputado por supuesta instigación al odio; después de 20 horas detenido fue excarcelado con una medida cautelar. El periodista contó al medio digital El Pitazo que el motivo de la detención fue la publicación de una nota realizada en una estación de gasolina.
Ese mismo día, también en el estado Sucre, funcionarios de la policía Municipal intentaron detener a Esteban Echezuría, por utilizar su cuenta de Facebook para invitar a protestar por la falta de gas doméstico en Cumaná. Los funcionarios se presentaron en su vivienda y exigían que saliera, pero el ciudadano permaneció dentro de su casa hasta que los policías abandonaron el lugar.
En Caracas, funcionarios de la GNB detuvieron al fotoreportero y dos motorizados del portal digital Crónica Uno. Los funcionarios interceptaron a Gleybert Asencio, Ronald Montaño y Yonathan Torres cuando salían del Hotel La Palmera, donde registraban la situación de personas en aislamiento preventivo por posible contagio de COVID-19.
El 31 de Julio funcionarios de la DGCIM detuvieron al periodista William Urdaneta en Ciudad Guayana, en el Estado Bolívar. El reportero del Correo del Caroní estaba fotografiando el tráfico en la calle en la Avenida Guayana, registrando la situación por la cuarentena. Fue liberado una hora después, los efectivos le robaron el teléfono y la memoria de su cámara, por lo que perdió el material captado.
Las detenciones por publicar o buscar información, evidencian la intención del Estado de silenciar a las personas, una medida contraria a nuestro derecho a expresarnos y a estar informados que viola la constitución nacional y los tratados internacionales, de obligatorio cumplimiento en Venezuela.
Con información de Espacio Público