Cerca de 20 mujeres -casi todas vestidas de blanco- caminaron este domingo unos 3 kilómetros en Caracas, en silencio, para recordar a sus familiares que murieron como víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales en Venezuela
Han transcurrido cinco años y en la casa de Ana parece que el tiempo no pasó. En el pasillo sigue intacta la marca del disparo de un policía que convirtió a su hijo, una noche de 2017, en uno de los 14.220 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas en Venezuela desde 2012 hasta julio de este año, según la ONG Cofavic.
Los diversos cuerpos de seguridad del Estado de Venezuela fueron culpables de, al menos, 1.414 ejecuciones durante 2021, menos de la mitad que el año anterior, según un informe presentado este lunes por Provea y el Centro Gumilla.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las al menos 27 ejecuciones extrajudiciales de personas en situación de pobreza cometidas por parte de policías en Venezuela durante la primera quincena de 2022 y exhortó al Estado «investigar, juzgar y sancionar» estos crímenes.
Las ejecuciones extrajudiciales se han convertido en una política de Estado en Venezuela, según expone el más reciente informe del Programa de Educación Acción para los Derechos Humanos (Provea).
La alta comisionada condenó que siguen deteriorándose los servicios básicos y la asistencia médica. «Esto ha generado protestas sociales y ha agravado la situación humanitaria». También, criticó que el salario mínimo esté por debajo de 1 dólar mientras la canasta alimentaria a aumentado 1.800 % en el último año. «Un tercio de los venezolanos estaría en situación de inseguridad alimentaria».
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón denunció este viernes que 187 personas han sido víctimas en Venezuela de ejecuciones extrajudiciales “en el ejercicio del derecho a la manifestación”.