A un año de la Masacre del Junquito, en la cual murió el piloto Óscar Pérez, sus seis acompañantes y dos supuestos miembros de la PNB, las autoridades nunca abrieron una investigación sobre este hecho. La diputada Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, aseguró que no lo hicieron “para no tener que culparse a sí mismas”.
“El único responsable de la muerte de Óscar Pérez y de esas otras ocho personas, es el Estado venezolano”, sostuvo la parlamentaria en declaraciones exclusivas a Caraota Digital.
“Allí solo estuvo el Sebin, la Fuerza Armada Nacional a través de la GN, la PNB y hasta dos colectivos armados y uniformados haciéndose pasar por funcionarios de la Policía Nacional”, agregó.
Reveló que el Parlamento, al realizar la investigación, elaboró, entre otras cosas, la “cadena de mando” para ese instante. El documento reveló que hay responsabilidad al más alto nivel de la Fuerza Armada Nacional y al más alto nivel ministerial.
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“No tenemos duda de que hubo órdenes superiores. Ese día hubo una actuación conjunta de organismos que dependen del Ministerio del Interior y del Ministerio de la Defensa. Por lo tanto, ellos son los responsables directos del hecho. ¿Y de quién dependen esos despachos? Del Ejecutivo nacional”, indicó.
Todos fueron ajusticiados: fue una masacre
Desde el mismo momento de los hechos la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional, presidida por Solórzano, abrió la investigación del caso y se dirigió a las instancias nacionales e internacionales a fin de exigir justicia.
Una comisión del Parlamento acompañó a los familiares de las víctimas a las puertas de la Morgue de Bello Monte y dicha presencia evitó, entre otras cosas, que los cuerpos de las víctimas fueran cremados.
La diputada también reveló a Caraota Digital algunas de las conclusiones a las cuales llegó la Comisión Permanente de Política Interior tras la investigación:
1. Óscar Pérez y sus acompañantes fueron ajusticiados.
2. Las actas de defunción revelaron que los cuerpos de todas las víctimas presentaban tiros en la cabeza.
3. Quedó demostrado que hubo una masacre, que todos fueron asesinados, que no hubo enfrentamiento.
4. Pretendieron cremar los cuerpos y no entregar las cenizas a sus familiares.
5. Los cuerpos de todas las víctimas presentaban muchos disparos de balas.
6. Todas las evidencias (chalet en El Junquito y hasta la ropa de los difuntos) las destruyeron a propósito (esto constituye un delito).
7. Muchos de los funcionarios de la morgue de Bello Monte, testigos de las irregularidades y que dieron información a los diputados, hoy se encuentran en el exilio.
8. El Ministerio Público nunca abrió una investigación en contra de los funcionarios actuantes.
“A nosotros nos negaron muchas cosas. El acceso a la autopsia de ley para determinar qué había en cada uno de los cuerpos, planimetría que hoy ya es imposible realizar. La inspección ocular judicial y la lista de funcionarios actuantes. Por lo tanto, será con el tiempo que se conozca el nombre de los responsables. No tengo dudas de eso, con el tiempo se sabrá la verdad”, dijo Solórzano.
– ¿Ustedes pudieron comprobar que la joven Lisbeth Ramírez Mantilla estaba embarazada?
– Nunca pudimos comprobar esa versión porque no tuvimos acceso a la autopsia de ley. Solo lo sabe el funcionario que hizo la autopsia. Eso debe estar en el documento que a nosotros se nos negó, respondió la parlamentaria.
Sobre las diligencias internacionales, dijo que tanto la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU como la Corte Penal Internacional conocen del tema porque la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional les consignó un expediente con suficientes pruebas y testimonios.
“Yo misma remití a esas instancias todas las pruebas y el expediente que teníamos. Todo ello debe ser parte del legajo probatorio que sustentará la apertura de una investigación judicial imparcial”, explicó.
Recuento de los hechos
El 15 de enero de 2018, funcionarios del Grupo BAE – adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) – ubicaron a Pérez en el interior de un chalet ubicado en el kilómetro 16 de El Junquito.
Para ese momento, Pérez era el hombre más buscado por los cuerpos policiales por haberse revelado al Gobierno nacional y haber incurrido en varios delitos.
Entre ellos el asalto al Comando de la GN ubicado en Los Teques, estado Miranda. En esa operación lograron llevarse 26 fusiles (AK-103), tres pistolas, 108 cargadores de AK-103 y 3.240 municiones (18-12-17).
También atacó con granadas las sedes del Tribunal Supremo de Justicia y del Ministerio del Interior. Eso fue el 26 de junio de 2017, cuando sobrevoló la ciudad capital a bordo de un helicóptero perteneciente del Cicpc.
El día de los hechos, los cuerpos de seguridad del Estado llevaron a cabo la denominada “Operación Gedeón”, un operativo conjunto en el que participaron unos 600 efectivos. El propósito era neutralizar al rebelde alzado en armas y a sus acompañantes.
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