Durante la noche del 19 de agosto de 2015, Nicolás Maduro, decretó el cierre de los pasos de frontera entre Venezuela y Colombia a través de los puentes internacionales que unen a ambas naciones. Días después, un Estado de Excepción acabó con la prosperidad de seis municipios del estado Táchira.
La noche del 19 de agosto de 2015, Nicolás Maduro decretó el cierre de la frontera con Colombia que hoy, cuatro años después, se mantiene a medias. El ataque contra un vehículo en el que se movilizaba personal militar fue el detonante para mantener cerrado el paso binacional por un año, hasta agosto de 2016, fecha en la que se permitió nuevamente la entrada y salida hacia Colombia pero solo para peatones.
En aquellos aciagos días, quedó documentado a través de varias ONG defensoras de derechos humanos, el desplazamiento forzoso de 22.600 personas, la deportación de 1.500 ciudadanos colombianos y la destrucción de 200 viviendas en la zona conocida como “La Invasión”, donde se agrupaban los barrios “Che Guevara”, “Mi pequeña Barinas” y “Hugo Chávez”, áreas donde las fuerzas de seguridad venezolanas ingresaron y marcaron las viviendas con las letras R (revisión) y D (demolición).
A cuatro años de los hechos que marcaron un antes y un después para la frontera colombo-venezolana, los pobladores de la zona conversaron con TalCual y pusieron en el tapete lo que consideran una serie de arbitrariedades, que no solo terminaron con una de las zonas fronterizas más dinámicas y productivas de esta parte del continente, sino que también destruyó los sueños de familias enteras que quedaron separadas y sin bienes materiales para sobrevivir.
La frontera pujante
Los municipios fronterizos Bolívar y Pedro María Ureña son dos localidades que en momento fueron prosperas y de las que hoy solo queda el recuerdo, pobreza y desolación.
En los tiempos de la gloria financiera venezolana, por la frontera del Táchira se exportaban mercancías de distintos géneros, incluso parte y piezas para el ensamblaje de automóviles, recuerda Israel Rincón, quien fungió durante 10 años como funcionario adscrito a la administración de la aduana principal de San Antonio.
Antes de agosto de 2015, la actividad aduanera era una de las ramas más competitivas de la zona y generaba un movimiento económico que producía importantes ingresos fiscales al país por concepto de tributos; además de ganancias a los auxiliares de la administración aduanera (agencias de aduanas, transportistas y almacenadoras) que prestaban el servicio de comercio exterior, dice Manuel Hernández, propietario de una agencia de aduanas en San Antonio que ha decidido cesar sus funciones, ante la grave crisis que atraviesa.
En esta frontera se hacían trámites de importación y exportación con mercaderías provenientes de diversas partes del mundo, agregó el representante de aduanero.
San Antonio es recordada por sus habitantes como la vitrina comercial del eje fronterizo, y aseguran que en innumerables ocasiones compitió con la ciudad colombiana de Cúcuta, en cuanto al comercio se refiere.
Por su parte, la vecina Ureña, conocida como la capital industrial del Táchira, albergaba antes del cierre de la frontera seis de las 10 industrias de carrocerías que existían en el país. Además, de una importante industria textil, de calzado, metalmecánica y un central azucarero convertían a Ureña en una potencia reconocida a nivel internacional. Hoy se encuentra paralizada en un 70%, de acuerdo a los datos suministrados por Bladimir Tovar, gerente de Asuntos Fronterizos de Fedecamaras Táchira.
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