Sanciones a comercios (ley de precios justos). Con ocasión a nuestro artículo “Facturas expresadas en dólares son legales “, nuestros usuarios nos pidieron tratar nuevamente el tema de la Ley de Precios Justos. Pasamos de seguidas a hacerlo a nuestra forma acostumbrada.
ANTECEDENTES LEGALES EN CUANTO A SANCIONES A COMERCIOS (LEY DE PRECIOS JUSTOS):
Es prolija la tradición legal en materia de protección a los consumidores, control de precios y/o regularización de los mismos.
Sobre todo en lo que toca a los productos “de primera necesidad”.
Tenemos:
1) Ley de Protección al Consumidor y al Usuario de 1995 y la de 2004.
2) La Ley Especial en defensa popular contra el acaparamiento, la especulación, el boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de los alimentos o productos sometidos a control de precios del año 2007.
3) Ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios o mejor conocida como ley del Indepabis del 2010.
ACOTACIONES ACERCA DE LA LEY ORGÁNICA DE PRECIOS JUSTOS:
-Reformas:
La Ley para la defensa de las personas en el acceso a bienes y servicios, publicada en Gaceta Oficial N° 39.358 de fecha 1/02/2010 fue derogada por el Decreto de Ley Orgánica de Precios Justos publicada en Gaceta Oficial N° 40.340 del 23/01/2014.
Posteriormente reformada el 19/11/2014 Gaceta Oficial N° 6.156. Derogada por la nueva ley del 08/11/2015, publicada en Gaceta Oficial 40.787 el 12/11/2015.
Esta última también deroga a todas las disposiciones y normativas que colidan con la presente.
–Carácter:
fundamentalmente sancionatorio y punitivo.
-Aplica a:
personas naturales y jurídicas de derecho público o privado, nacionales o extranjeras, que desarrollen actividades económicas en Venezuela.
Incluidas las que se realizan a través de medios electrónicos.
-Excepción a su aplicación:
para los sujetos que así señale el Ejecutivo con ocasión de planes de desarrollo regional o tratados suscritos por la República.
Y para los que se rijan por normativa legal especial (Bancos, Seguros, Abogados, Sector Inmobiliario, entre otros)
-Objeto principal:
Fija las normas para determinar precios de bienes y servicios, márgenes de
EL MARGEN MÁXIMO DE GANANCIA:
Concede la posibilidad de modificar periódicamente el margen máximo de ganancia, considerando las recomendaciones de la Vicepresidencia de la República.
La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio-económicos (en lo adelante Sundde) determinará márgenes de ganancias sobre el valor agregado de cada eslabón de la cadena.
LA ADECUACIÓN CONTINUA DE PRECIOS JUSTOS:
Bajo la supervisión de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio-económicos:
Los precios de los bienes y servicios, serán calculados de acuerdo a la fijación de precios en la totalidad de la cadena de producción, distribución, importación, transporte y comercialización.
MEDIDAS PREVENTIVAS O SANCIONES A COMERCIOS (LEY DE PRECIOS JUSTOS):
Incluye el comiso preventivo de mercancía, pudiendo ser enajenada la misma, como garantía en cuenta bancaria abierta para tales efectos.
Podrán ser decretadas y ejecutadas en cualquier etapa del proceso.
CERTIFICACIÓN DEL PRECIO JUSTO:
La Sundde puede solicitar al órgano competente la suspensión temporal o definitiva de cualquier sistema de asignación de divisas extranjeras por parte del Estado, cuando se haya comprobado que los sujetos pasivos han incurrido en ilícitos contemplados en la Ley.
LOS 3 DELITOS FRECUENTES:
Acaparamiento:
Restricción de oferta, distribución, retención de bienes regulados por la autoridad administrativa competente, para provocar escasez o distorsiones de precios.
Si se trata de bienes o productos provenientes del sistema de divisas asignadas por el Estado, se aplica prisión máxima, así como la imposición de multa al doble de lo establecido, realizando además confiscaciones sobre los bienes del infractor.
Boicot:
El que impida la producción, importación, fabricación, comercialización de bienes y servicios, regulados o no por la Sundde, será penado.
Especulación:
Quien venda bienes o preste servicios a precio superiores a los fijados por la Sundde, serán sancionados.
Cuando la especulación es sobre bienes o productos provenientes del sistema de divisas asignadas por el Estado, se aplicará multas al doble de lo establecido, realizándose confiscaciones sobre los bienes del infractor.
JURISDICCIÓN COMPETENTE EN LOS DELITOS Y SANCIONES A COMERCIOS (LEY DE PRECIOS JUSTOS):
El conocimiento de los delitos contemplados en la Ley Orgánica de Precios Justos sigue correspondiendo a la jurisdicción penal ordinaria.
EXCEPCIONES A LOS BENEFICIOS PROCESALES:
Ausencia y/o exclusión de beneficios tanto en los procesos judiciales, como para el cumplimiento de las penas, cuando sean delitos de especulación, acaparamiento, boicot y contrabando.
ROL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIO-ECONÓMICOS EN SANCIONES A COMERCIOS (LEY DE PRECIOS JUSTOS):
La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio-económicos es el órgano principal y ente regulador de las disposiciones establecidas en la Ley. Sustituye al Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS) y la Superintendencia Nacional de Costos y Precios (SUNDECOP).
Órgano desconcentrado con capacidad de gestión presupuestaria, administrativa y financiera, adscrita a la Vicepresidencia Ejecutiva.
Tiene 3 Intendencias:
-La de Costos, Ganancias y Precios Justos:
costos de bienes y servicios.
– La Intendencia de Protección del Salario del Obrero:
Para recibir y tramitar las denuncias de los obreros, sindicados o no.
Sobre prácticas industriales o comerciales que afecten el abastecimiento o accesibilidad a bienes o servicios desarrollados por los sujetos de aplicación
-Y la Intendencia de Protección de los Derechos Socio-Económicos:
procesos administrativos.
OPERACIONES EN DIVISAS Y EL CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIO-ECONÓMICOS:
Toda información reunida por ella por los hechos, documentos que conozca con ocasión de la inspección y fiscalización que efectúe:
podrá ser aprovechada por la administración cambiaria, así como por otras autoridades en el ejercicio de funciones de investigación.
Coadyuva con el ente de administración de divisas:
pues supervisa su correcto uso, en relación con la venta, disposición y fijación de los bienes o servicios que involucren moneda extranjera.
Informa al ente competente en materia cambiaria:
cuando presuma que alguno de los sujetos de aplicación ha incurrido en cualquiera de los ilícitos que existen en dicha materia.
DETERMINACIÓN DE PRECIOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIO-ECONÓMICOS:
Para fijar el precio justo tomará en cuenta:
-El precio justo:
determinado y fijado por la Superintendencia,
-El precio máximo de venta al público:
determinado y fijado por el productor o importador del bien, por el prestador de servicio, también de oficio por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio-económicos .
Ambas modalidades de precios:
conforman el precio más alto que pueda asignarse a los bienes y servicios.
Si se trata de incorporar nuevo bien o servicio, en adición a aquéllos que hubiere informado previamente a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio-económicos :
deberá seguir el procedimiento que a tales fines establecerá ésta para la determinación del precio justo, previo a su comercialización en el territorio nacional.
OTRAS FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIO-ECONÓMICOS:
-Control temporal de los procesos de producción, distribución o comercialización.
-Dictamen de medidas cautelares.
-Fiscalizar, inspeccionar, requerir de los terceros la información que estime conveniente para corroborar los datos aportados por el sujeto pasivo.
-Practicar avalúos de bienes muebles e inmuebles.
-Hacer al Ministerio Público cuando exista la presunción de ilícito por parte de algún sujeto pasivo de esta ley.
LAS FACULTADES DE ESTE ORGANISMO TIENEN SUS DETRACTORES:
Aplicación selectiva de medidas:
este tipo de medidas se han concentrado intensamente en productores específicos con base en criterios muy discrecionales.
No hay zona de seguridad:
dada la poca claridad en las definiciones incluidas en la Ley, las empresas no tienen la certeza de si están en cabal cumplimiento de la regulación.
OTROS ÓRGANOS QUE COLABORAN CON LA APLICACIÓN DE LA LEY:
Órganos auxiliares:
La Fuerza Armada Nacional y la Policía Nacional Bolivariana.
Cooperación institucional:
Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, Banco Central de Venezuela, Ministerio Público.
Participación popular:
Control social a través de la comunidad organizada.
SANCIONES A COMERCIOS (LEY DE PRECIOS JUSTOS) EN SEDE ADMINISTRATIVA:
Suprime las infracciones genéricas:
se incluyen las infracciones por vulneración de derechos individuales. Con sanción de multa 500 hasta 30.000 Unidades Tributarias para quien viole, menoscaben, el ejercicio de alguno de los derechos contemplados en dicho artículo.
Agravantes de la multa a imponer, a saber:
Impacto causado en materia social, económica, alimentaria, de salud. Niveles de ingreso del infractor. Volumen de bienes involucrados en la infracción.
Las agravantes para los delitos, a saber:
Si el delito se ha cometido utilizando operaciones fraudulentas o ficticias. Si se ha cometido en aprovechamiento de los precios regulados por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio-económicos .
Sanción por incumplimiento de formalidades:
Cierre de almacenes, depósitos o establecimientos por un plazo de 48 horas o multa entre 500 y 15.000 Unidades Tributarias.
Adicionalmente, si se trata de contribuyentes especiales:
las multas serán calculadas con base al 12% y hasta el 20%, del valor de los ingresos netos anuales del infractor.
Caso de Reincidencia:
la multa se aumentará a 40%. En los casos de delitos por expendio de alimentos o bienes vencidos, acaparamiento y boicot se incorporan por reincidencia multas de hasta el 40% los ingresos netos anuales de los infractores, tomando en cuenta el ejercicio económico anterior
Penas elevadas:
pueden variar de 3 a 10 años de prisión. Si es contrabando de extracción, de 14 a 18 años de prisión.
LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIO-ECONÓMICOS PUEDE EJECUTAR LA MULTA:
La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio-económicos ejecutará el cumplimiento forzoso de las multas impuestas: adoptando las medidas que fueren conducentes.
Incluyendo el secuestro o embargo de bienes, la prohibición de enajenar y gravar y cualquier otra medida que sea conducente para el cumplimiento de su decisión.
De igual manera podrá:
optar por el cobro judicial de las multas no pagadas por los sujetos de aplicación, a través del procedimiento breve previsto en la ley que regula la jurisdicción contenciosa administrativa.
NOTAS EN SANCIONES A COMERCIOS (LEY DE PRECIOS JUSTOS):
Los sujetos de aplicación de esta Ley, están obligados a inscribirse y mantener sus datos actualizados en el Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas.
La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio-económicos tiene poder penal, además del sancionatorio y de inspección. Ya que si el obligado, no cumple la sanción, ella ordena la remisión al Ministerio Público, para que éste aplique hasta prisión.
El Inspector verifica el local comercial y pide los documentos necesarios.
El Fiscal tiene la potestad de levantar el Acta e imponer allí las sanciones correspondientes, determinando el ilícito que se está cometiendo.
Ningún margen de ganancia superará el treinta por ciento (30%) de la estructura de costos del bien producido o servicio prestado en el territorio nacional.
Lo cierto es que a pesar de la ley en comento, los comerciantes y consumidores se debaten día a día en una diatriba que no encuentra solución y antes bien se complica. Al punto que hoy por hoy los comercios muestran sus precios sin el signo monetario a su lado, solamente reflejan un número. Tocando al consumidor adivinar si se trata de moneda local o de alguna divisa o criptomoneda.
Dra. Ana Santander.
Abogado UCAB
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