La semana pasada cerró con la detención de la periodista Carol Romero, por grabar una pelea en una bomba de gasolina.
Más de 24 horas después de su detención Romero fue excarcelada, no liberada, porque tiene medidas cautelares, entre ellas prohibición de declarar y hay un proceso en su contra. No cometió ningún delito, solo cumplía con su deber de informar. Las imágenes de Romero, esposada inundaron las redes sociales.
El Instituto de Prensa y Sociedad, el SNTP y Espacio Público documentan diariamente varios casos de hostigamiento e intimidación y agresiones contra los periodista o trabajadores de la prensa, por informar.
Por otro lado, este domingo, el doctor Ángel Silva, residente de medicina interna del hospital Antonio María Pineda de Barquisimeto, estado Lara, fue detenido por la PNB, supuestamente porque no atendió rápido a un funcionario policial. Aunque luego lo soltaron, por la protesta del personal del recinto, pero allí quedaron las gráficas del galeno esposado.
Hace 15 días, una doctora en el estado Zulia también fue detenida porque difundió en su estado de Whatsapp una protesta contra Nicolás Maduro.
Ambas profesiones se han convertido en peligrosas, no solo porque quienes las ejercen se exponen, en estos tiempos de pandemia, sino porque hacer denuncias o informar sobre ellas sea convertido en delito.
Redacción Curadas.com
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