La delincuencia en Venezuela es un monstruo de mil cabezas

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Una investigación realizada por la ONG Transparencia Venezuela, determinó que la delincuencia en el país es “un monstruo de mil cabezas” que no solo afecta a los venezolanos sino que se ha extendido a la región.

La investigación, iniciada en 2019 por un grupo de expertos en historia, criminalística, seguridad ciudadana y políticas públicas, sobre la situación del crimen organizado y la corrupción en las fronteras venezolanas se consolidó como una visión de carácter nacional, que pone en evidencia cómo estos fenómenos evolucionaron y se han convertido en un problema de Estado. Además de colocar en situación de riesgo a la población, se determinó que constituyen también una amenaza para la comunidad internacional por las ramificaciones e influencias que han alcanzado más allá de nuestros límites territoriales. 

La investigación encontró su justificación ante el insoslayable obstáculo que representa para el desarrollo social y de la actividad económica de la nación las actividades de  la delincuencia organizada. Además, el posible apoyo de funcionarios, incluyendo policías y militares, fortalece la presencia e impunidad de esos grupos y, por otro lado, genera una profunda desconfianza de los ciudadanos hacia sus instituciones, señala el informe emitido por la ONG.

Pese a las limitaciones impuestas por la opacidad o falta de transparencia que imperan hoy en la gestión pública en Venezuela, para adelantar cualquier investigación que demande datos y cifras oficiales, la información recabada durante más de seis meses permitió establecer un diagnóstico, por demás preocupante, de esta realidad. 

La Hidra

Consideran los investigadores que el principal hallazgo del informe es la detección de los nueve bloques delictivos de los que forman parte, al menos, 15 agrupaciones paramilitares o parapoliciales, de origen extranjero y nacional, que dominan territorio, ejercen control social y se dedican a distintas actividades de delincuencia organizada. A ellas se suman diversas bandas, megabandas criminales y los llamados “colectivos”. De igual modo, se constató que el territorio venezolano es utilizado como uno de los principales puentes del narcotráfico internacional, tanto por vía aérea como marítima. Muchas de las acciones de estos grupos están lideradas desde las cárceles, que están bajo el control de pandillas internas que desplazaron al Estado. 

En paralelo, se ha instaurado un sistema de impunidad que convalida y propicia el incremento de los hechos delictivos y la violencia que se registran en el país. Junto a la falta de instituciones públicas sólidas para combatir el crimen y la corrupción, y el desmantelamiento de algunas de ellas, se han creado incentivos económicos y oportunidades de “negocios” que han potenciado que grupos irregulares operen en el país. Entre esos incentivos están los subsidios a bienes y servicios esenciales como el combustible y los alimentos.

El Estado cuartel

Un aspecto importante que aborda el informe es el relacionado con la injerencia del sector militar en la administración pública, así como el rol que desempeñan en el crimen y la corrupción. Los expertos concluyeron que la consolidación como poder constituido del proyecto ideológico denominado “chavismo”, acarreó la progresiva edificación del sistema político conocido como Estado Cuartel, que en el informe se describe en su versión “bananera-tropical”. Este modelo tiene como principales características la violencia institucionalizada, la colonización de la administración pública por parte de los castrenses y la incorporación de integrantes de la FANB en la cúpula económica del país. 

Mediante la imposición en la colectividad de una visión asociada con la apología de guerra (bando aliado versus bando enemigo), se comenzó a implementar el uso desmedido, implacable, sistemático y abiertamente ilegal de la represión para conculcar las libertades políticas y civiles de la población, lo cual se tradujo en la reiterada violación de los derechos humanos y ciudadanos de los venezolanos.  En este tinglado de violencia ejercida desde el poder en contra de la ciudadanía, juegan un papel preponderante tanto la criminalización de las protestas como el uso del sistema judicial con fines políticos punitivos. En consecuencia, entre 2014 y 2019, más de 800 civiles fueron procesados judicialmente por tribunales militares, mientras que solo durante las masivas protestas populares escenificadas en los primeros seis meses de 2017, 757 civiles fueron presentados ante tribunales militares, imputándoles delitos castrenses como los de rebelión, traición a la patria y ataque al centinela.

Esta situación no ha pasado desapercibida para la comunidad internacional. Así lo reveló el informe presentado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michel Bachelet, tras su visita al país en junio de 2019. Asimismo, se espera que ese organismo multilateral se pronuncie sobre el informe escrito preparado por la comisión de la oficina de la funcionaria, que permaneció en el país para estudiar a fondo las denuncias, el cual será presentado en el 44° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos próximo a efectuarse.

Una salida viable

A todas luces, existe una grave crisis en Venezuela como resultado de la corrupción y  de las actividades del crimen organizado. En los últimos años el problema se ha agravado y se ha convertido en una amenaza a la seguridad y estabilidad de todos. Frente a este peligro, el estudio propone soluciones que se enmarcan, principalmente, en reducir a su mínima expresión el crimen organizado y la corrupción, aplicando para ello herramientas formales e informales que garanticen el Estado de Derecho, el fin de la impunidad y el cumplimiento de los derechos humanos.

Para ello, se proponen ocho lineamientos:

1) La ruptura entre lo político, el funcionariado público y lo criminal. 2) Poner fin a la impunidad mediante una profunda reforma legal e institucional de organizaciones del Estado que deberían dedicarse a combatir el crimen organizado. 3)  Eliminación de los incentivos económicos y oportunidades de negocios para el crimen organizado que hoy en día caracterizan la gestión pública. 4) Logro de la “salud institucional”, evitando el solapamiento, la duplicidad de funciones y la coordinación entre los diferentes órganos vinculados con la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. 5) Compromiso de la sociedad civil como disparador de estos cambios. 6) Mitigación del desplazamiento forzoso a otros países y atención de los migrantes. 7) Abordaje de los riesgos de género a través de iniciativas específicas, y 8)  Descolonización militar de la administración pública. Estas acciones, concluyen los investigadores, pasan por un cambio de modelo en la actual gestión pública del país. 

Con información de Transparencia Venezuela

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