El mundo espera con gran expectativa la fecha en la que se haga realidad la vacuna que nos proteja del COVID-19, un suministro que a priori sería escaso. El siguiente dilema será cómo asignarla adecuadamente entre los países y qué personas serán las primeras en vacunarse.
Voceros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los líderes del mundo, así como productores de vacunas sin dudas, llevan meses pensándolo. Aunque existe un compromiso expreso con la distribución «justa y equitativa», pero… ¿cómo se llevaría a la práctica?
Hasta ahora, 19 expertos en salud mundial han propuesto un plan de tres fases para la distribución de vacunas. Y lo han denominado Modelo de Prioridad Justa, su objetivo es reducir las muertes prematuras y otras consecuencias sanitarias irreversibles de la COVID-19.
Aunque se ha avanzado poco en la descripción de un marco de distribución único y global para las vacunas contra la COVID-19, han surgido dos propuestas principales. Según publicó la Revista Muy Interesante.
Por un lado, algunos expertos defienden que los primeros en vacunarse deberían ser los trabajadores de la salud y las poblaciones de alto riesgo, como las personas mayores de 65 años. La OMS, por su parte, sugiere que los países reciban dosis proporcionales a sus poblaciones.
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Para el Dr. Ezekiel J. Emanuel, vicerrector de Iniciativas Globales y presidente de Ética Médica y Política de Salud de la Escuela de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania, desde el punto de vista ético, ambas estrategias son «gravemente defectuosas».
«La idea de distribuir las vacunas por población parece ser una estrategia equitativa», dijo Emanuel. «Pero el hecho es que normalmente, distribuimos las cosas basándonos en la gravedad del sufrimiento en un lugar determinado, y, en este caso, argumentamos que la principal medida de sufrimiento debería ser el número de muertes prematuras que una vacuna evitaría».
En el Modelo de Prioridad Justa, Emanuel y su equipo, señalan tres aspectos fundamentales que ellos creen que deben considerarse al distribuir una vacuna contra la COVID-19 entre los países: beneficiar a las personas y limitar los daños, dar prioridad a los desfavorecidos, y dar la misma preocupación moral a todos los individuos.
Dicho modelo, aborda estos aspectos centrándose en la mitigación de tres tipos de daños causados por el COVID-19: la muerte y el daño permanente de los órganos, las consecuencias indirectas para la salud, como la tensión y el estrés del sistema de atención de la salud y la destrucción económica.
De estos tres daños, los autores ponen el foco en la prevención de la muerte, sobre todo la prematura, hecho que consideran particularmente urgente. La muerte prematura por COVID-19 se calcula atendiendo a los «años de vida esperados perdidos», una medida de salud global comúnmente utilizada.
La muerte prematura forma, por tanto, parte de la fase 1 del Modelo de Prioridad Justa. En la fase 2 los autores proponen dos mediciones que captan la mejora económica general y la medida en que las personas se librarían de la pobreza. En la fase 3 se daría prioridad a los países con tasas de transmisión más altas.
Con respecto a esto último, los autores apuntan que todos los países deberían recibir suficientes vacunas para detener la transmisión, lo cual se proyecta que requiere que entre el 60 % y el 70 % de la población sea inmune.
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Redacción Curadas.