Marino Alvarado, integrante de la directiva de Provea, considera que la extensión del período de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, ofrece la oportunidad para que otras víctimas ofrezcan sus testimonios.
«Se mantiene una esperanza de justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela», aseguró Alvarado.
Dijo que la resolución del Consejo de DD.HH. «tiene la particularidad de abrir un abanico de oportunidades para avanzar en términos de justicia» y enfrentar a los responsables de cometer delitos de lesa humanidad.
Alertó que se trata de procesos lentos. «Pueden pasar cinco, diez, quince años, ellos ya están señalados por ese informe y cualquier país pudiera juzgarlo y esperemos que la justicia no tarde tanto y podamos tener resultados relativamente cortos», aclaró.
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Advirtió que, a pesar de que el régimen dice que está dispuesto a cooperar con el sistema de las Naciones Unidas, «en la práctica no lo está haciendo».
Dijo que la Alta Comisionada para los DD.HH. de la ONU, Michelle Bachelet, hizo más de 60 recomendaciones, entre ellas la disolución de las FAES. «Pero solo se han cumplido dos».
«Hay una serie de relatores de Naciones Unidas que han planteado venir a Venezuela para conocer en el terreno la situación y se les ha negado el ingreso», agregó.