Daniel Ortega

EE.UU. sanciona a un banco de Nicaragua y a dos funcionarios del régimen de Ortega

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El Gobierno de Estados Unidos ha sancionado a dos altos funcionarios del régimen de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. Así como a la Caja Rural Nacional (Caruna) por “permitir y beneficiarse de las actividades represivas”.

La fiscal general de Nicaragua, Ana Julia Guido y el secretario privado para Políticas Nacionales de la Presidencia, Paul Oquist; son los sancionados por la administración de Donald Trump.

Mike Pompeo, secretario de Estado de EE.UU., afirmó que las sanciones a Guido y Oquist “promueven la rendición de cuentas del régimen de Ortega y de aquellos que están intentando promover sus actividades atroces”. Mientras que la designación de la cooperativa Caruna “bloquea otra herramienta” del régimen de Nicaragua.

Pompeo acusó a Guido “de haber ayudado a crear un grupo de fiscales que trabajaron con la Policía Nacional de Nicaragua sancionada por EEUU para inventar casos contra prisioneros políticos”.

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Asimismo, aseguró que Guido creó una unidad especializada “que ha pasado los últimos dos años presentando cargos contra manifestantes pacíficos”.

En cuanto a Oquist detalló que “juega un papel principal en el encubrimiento y justificación de los delitos del régimen y abusos de derechos humanos”.

Los detalles de las sanciones a Nicaragua

El secretario de Estado señaló que Caruna es “una cooperativa de ahorros y préstamos que opera como la principal herramienta del régimen de Ortega para canalizar los ingresos procedentes de las argucias concesionarias de petróleo de Nicaragua con Venezuela para usarlo como un recurso para compensar la red patrocinadora de Ortega”.

Pompeo subrayó que “EEUU continuará adoptando las medidas necesarias para apoyar al pueblo nicaragüense y presionar al régimen de Ortega para que cese la represión, respete los derechos humanos y permita las condiciones para unas elecciones libres y justas que restauren la democracia en Nicaragua”.

Con estas designaciones quedan bloqueadas todas las propiedades o activos que tengan los sancionados en EEUU o bajo el control de ese país. Y se prohíbe cualquier transacción con ciudadanos de este país.

Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el régimen reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.

La Organización de Estados Americanos (OEA) mantiene abierto un proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana contra Nicaragua. Por “rompimiento del orden constitucional”, que de aplicarse, suspendería al país como miembro del organismo.

Con información de Infobae/Curadas.

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