Los más de veinte venezolanos .- entre ellos, menores de edad – que perecieron ahogados en las costas de Güiria cuando intentaban arribar a Trinidad y Tobago, más que víctimas de mercaderes humanos que trafican con las aspiraciones de personas desesperadas, integran un nuevo episodio de indolencia de un Estado al cual no le importan sus ciudadanos.
Son los cuerpos de seguridad y los estamentos castrenses los que deben velar por la seguridad de la población, en este caso, de aquellos que intentan trasladarse a un sitio donde se les garanticen condiciones de vida, en medio de la más grave crisis humanitaria que haya conocido nuestra nación.
Estos venezolanos huyen de su país a bordo de precarias embarcaciones intentando ganar a través del golfo de Paria la isla de Trinidad, desafiando peligrosas olas y cardúmenes de depredadores tan solo con la meta de salir de la pobreza, el desempleo, la ineficiencia en los servicios públicos y el sinfín de calamidades que enfrentan a diario en su propia patria, calvario que se agudiza ahora con la pandemia del covid-19.
Y es tal la angustia de quienes huyen que ni siquiera la posibilidad de caer en redes de explotación o de prostitución, de ser detenidos como inmigrantes ilegales mientras se busca la calificación de refugiado, o de ser objeto de trato xenófobo, los disuaden de cumplir sus objetivos aún a riesgo de enfrentar la muerte.
Vidas que deberían garantizar unas autoridades a quienes cada vez menos les importa la dignidad del ser humano, pues el mero ejercicio del poder los insensibiliza de tal manera que cada promesa formulada al pueblo es tan vacía como los verdaderos sentimientos que profesan hacia el prójimo.
Curadas / Redacción: Pedro Beomón