Defensores de los Derechos Humanos en Sucre y Anzoátegui pidieron que se haga una investigación independiente sobre los hechos que rodean el naufragio en Güiriam cuyo número de víctimas aún no se determina.
El director de la fundación de DD.HH de Anzoátegui, Alcides Magallanes, sostuvo que el Ministerio Publico debe realizar todas las pesquisas necesarias para que paguen los que están detrás de estos delitos, pero que además se necesita de la intervención de instancias externas.
“Estos hechos se ven desde hace más de cuatro años y se han tomado como algo normal. Las movilizaciones ilegales son permitidas y las autoridades costeras se lucran cobrando para permitir el paso, las desapariciones no se investigan, las búsquedas se suspenden y las injusticias son el plato del día», expresó.
Dijo que hechos como ese «se encuentra a la vista de los entes judiciales venezolanos desde hace tiempo y no hacen nada para frenarlo, entonces hay que exigir la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI), Organización de Naciones Unidas (ONU) y demás entes mundiales”, argumentó Magallanes, quien recordó que los familiares de desaparecidos en 2019 en las mismas costas aún esperan por justicia.
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Por su parte, el abogado y activista de DD.HH, José Santoyo, también señala que es indispensable la actuación de la CPI para frenar este tipo de situaciones. «El sistema de administración de justicia en Venezuela se maneja como les da la gana y no se mueve con celeridad», lamentó.
Descarta que el asunto tenga que ver con trata de personas, pues desde hace años los venezolanos optan por tomar ese rumbo en busca de mejor calidad de vida.
“Los venezolanos se exponen a tragedias, tratando de salir del país por hambre, por deudas, porque no consiguen trabajo y nadie se sostiene bajo una esperanza. La gente trata de salir de Venezuela a pie, en balsa, en peñero. Las victimas están tratando de huir de una dictadura que no garantiza el sistema de salud, el derecho al trabajo y a la vida”, señaló.
“La gente se va por voluntad propia con su familia, esto no se trata de tráfico de personas aunque traten hacerlo ver así”, reiteró.
La Corte Penal Internacional debe tomar acciones “rápidas y contundentes”. “No se deben esperar 10 años como pasa en otros procesos legales luego de mil investigaciones, lo que está en juego es la vida de los venezolanos”, manifestó.
Recalcó que la comunidad internacional, además debería juzgar las políticas de Trinidad y Tobago por tener leyes vejatorias y violatorias de los derechos humanos. “Esto no sólo afecta a los venezolanos”, sentenció.
Con información de El Tiempo