La dirigente de oposición Delsa Solórzano alertó este martes del traslado de «presos políticos» a cárceles comunes. Esto luego de que la administración de Nicolás Maduro ordenara al Servicio de Inteligencia y la Dirección de Contrainteligencia Militar transferir la custodia de detenidos en sus sedes al Ministerio Penitenciario.
«Gaceta Oficial 42.125, contiene decreto 4.610 de Nicolás Maduro, donde ordenó a Dgcim (Dirección de Contrainteligencia Militar) y a Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia) transferir la custodia de privados de libertad al Ministerio de Servicios Penitenciarios. Ello implica trasladar a los presos políticos a cárceles comunes», dijo Solórzano en Twitter.
El decreto al que hace referencia Solórzano tiene fecha del pasado día 12 y en él se establece que la Dgcim y el Sebin «deberán transferir al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario el ejercicio de las funciones de custodia de personas privadas de libertad, en el plazo de treinta (30) días».
En el mismo decreto se «exhorta al Ministerio Público y al Poder Judicial a adoptar las medidas necesarias para contribuir con el cumplimiento» de la orden, «incluyendo la emisión de las autorizaciones pertinentes para el traslado a otros recintos de las personas que actualmente permanecen» presas en la Dgcim y el Sebin.
Asimismo, se señala que ambos órganos «deberán adecuar su estructura, normas de funcionamiento, manuales y procedimientos», aunque sin especificar.
Según la ONG Foro Penal, , en el país hay 306 detenidos por causas políticas.
Lea también: Alberto Fernández: “El problema de DDHH en Venezuela está desapareciendo”
Derechos violados
Por su parte, la ONG Observatorio de Derechos Humanos, rechazó el traslado. «Los presos políticos que se encuentran en las sedes de la DGCIM y del SEBIN, además de la gravedad de estar presos por razones políticas o de conciencia, han sido sometidos a gravísimas violaciones a sus derechos humanos, tales como torturas, tratos crueles, degradantes e inhumanos y la negación de mínimos servicios de alimentación, salud, higiene, comunicación y visitas con sus familiares y, en medio de todo, violación sistemática al debido proceso».
«A toda esta dantesca situación, se suma ahora el inminente traslado a cáceles comunes – no habiendo cometido delitos de esta naturaleza – tanto como probado sus responsabilidades en delito alguno, y se ordena sean llevados a cárceles comunes, siendo suficientemente sabidas las condiciones de hacinamiento e insalubridad de esos centros, más los desbordados niveles de violencia, devenidos incluso en masacres denunciadas por las organizaciones venezolanas que atienden esta dramática situación», agrega.
En consecuencia, denuncia «los gravísimos impactos de esta medida, pues ponen en mayor riesgo la vida y la integridad física de los presos políticos venezolanos, puesto que si ya antes se encontraban en instalaciones donde eran sometidos a torturas y otros delitos contra los derechos humanos, ahora sus vidas son dejadas a la suerte
de la violencia e insalubridad predominantes en las cárceles venezolanas. De tal manera que esta decisión pone en peor riesgo la situación de los presos políticos y de sus familiares quienes, además serán aún más golpeados en las posibilidades de proveerlos de los insumos necesarios para su subsistencia, tales como agua potable, alimentos y medicinas».
Janet Yucra
Quién c..lo es el usurpador para manejar la justicia en Venezuela, dónde está la fiscalía, los tribunales, el poder judicial?