(Continuación)
Por: José Chachati Ata
Esta semana, particularmente el martes 8 de marzo del 2022, tal como estaba previsto en el informe de gestión agosto 2020 julio 2021, enviado por la Corte Internacional de Justicia a la Organización de las Naciones Unidas, el Gobierno de Guyana presentó por escrito sus alegatos ante el citado organismo jurídico, en atención a la demanda introducida contra Venezuela sobre la disputa territorial en el espacio geográfico del Esequibo, el cual ocupa 159.542 Kms 2, correspondientes a al oeste del río Esequibo, en el que el Gobierno del país vecino entregó la documentación que supuestamente sustenta sus argumentos respecto a la validez de la Sentencia del Laudo Arbitral de París de 1899, aunado a la cuestión relacionada con el establecimiento definitivo de la frontera terrestre entre los dos países.
Para reconstruir la realidad sobre los hechos existentes, es importante tomar en consideración los actos y sucesos contundentes que el Gobierno de Guyana ha evadido en el tiempo, por lo que estas acciones a criterio del suscrito, han conformado una sumatoria de variables que menciono a continuación, las
cuales constituyen una frontal irresponsabilidad del Gobierno vecino ante la opinión pública internacional, aunado a las actuaciones y efectos colaterales que en su conjunto han estructurado una serie de falsos positivos, manipulados bajo la figura de un Estado profundo con grises discursos y actuaciones inadecuadas, por lo siguiente:
- El Gobierno de Guyana firmó con el Gobierno de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y con el Gobierno de Venezuela el Acuerdo de Ginebra de 1966, para la búsqueda de una solución aceptable, práctica y satisfactoria para ambas partes, basándose en la denuncia de Venezuela interpuesta en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, señalando que el Laudo de París de 1899 es nulo e írrito, y así
fue presentado y aceptado por los países involucrados, por lo que darle la espalda a dicho Acuerdo firmado en 1966, constituye una aberración y un irrespeto hacia el gentilicio venezolano, hecho que
no puede obviar bajo ningún concepto la Corte Internacional de Justicia, además de la obligación que tendría dicho organismo en sustentar jurídicamente cualquier posición distinta. - Guyana se sustenta en la validez de un Laudo totalmente viciado, porque a simple vista, ha quedado demostrado que NO posee los sustentos jurídicos para demostrarle ni a la Corte Internacional de
Justicia, ni a la comunidad internacional, al igual que el Gobierno de Gran Bretaña, que el territorio le pertenece legítimamente a ese país, mientras que Venezuela no se sustenta en pobres discursos
ni en manipulaciones, sino en la demostración fehaciente de las pruebas históricas que demuestran indiscutible e ineludiblemente que el Territorio Esequibo es de su pertenencia, y que este fue usurpado luego de la firma del Tratado de Washington, desembocando en el citado Laudo, en el que a Venezuela además, no se le consintió participar en defensa de sus intereses, sino que tuvo que aceptar de manera obligada la representación del país en manos de un tercero como lo fue el Gobierno de los Estados Unidos de América. Ud. estimado lector le dará el calificativo que merece esta combinatoria manipulada. - Es inocultable la estrategia del Gobierno de Guyana en haberse victimizado constantemente ante la comunidad internacional, acusando a Venezuela ante la opinión pública como país imperialista que ha buscado atacar a Guyana e impedir el desarrollo de este como nación dueña de una inmensa cantidad de recursos, hecho que ha ido ampliando en el tiempo, al mover las fichas principales del tablero geopolítico regional, intentando compartir su problema con Venezuela mediante la participación de países del primer mundo a través del otorgamiento de concesiones para la explotación, producción y comercialización de recursos mineros y energéticos, lo que le ha permitido mantenerse cual peón de un tablero de ajedrez, protegido por alfiles, caballos y torres, mientras que la reina representada en principio por el Secretario General de la O.N.U., se inclinó a
satisfacer abiertamente los intereses de Guyana, y hoy en día, lo representa la Corte Internacional de Justicia, con el jáculo enfilado a una decisión que inició su pronunciamiento sobre un conjunto de
basamentos que dan mucho que pensar. Y así se esperaba que Venezuela compareciese ante dicho organismo internacional para arriesgarse a un encajonamiento con posible tendencia a un “jaque
al rey”? O es que no está claro para los venezolanos que el Gobierno de Guyana ha ido logrando encajar internacionalmente en el refrán que reza” el niño que llora y la mamá que lo pellizca”? - Y es por lo mencionado en el punto anterior, que Guyana necesita desviar la atención ante la Corte Internacional de Justicia, en que ese organismo jurídico se aboque a otorgar la validez de un Laudo
viciado y no en la demostración sobre la prioridad en cuanto a la pertenencia del territorio en cuestión, porque de ser así, la Corte de La Haya no tendría más remedio que sentenciar la devolución del territorio usurpado a Venezuela, ya que de lo contrario, se estaría estructurando una nueva repetición del Laudo de 1899 bajo la inclinación complaciente de distintos intereses geopolíticos y geoeconómicos, combinatoria de hechos que claramente demuestran la desesperación e impaciencia del Gobierno de Guyana en desviar la atención ante un hecho insustentable. - Muy convenientemente la Corte Internacional de Justicia manifestó su no intervención sobre los hechos derivados posteriormente a la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966, en el que el Gobierno de Guyana se ha aprovechado como ente administrador actual del Territorio integral
del Esequibo, para otorgar concesiones unilaterales a empresas trasnacionales respaldadas por gobiernos del primer mundo, cuyas actividades han sido destinadas a la exploración y explotación
minera en el territorio continental usurpado, y a la exploración y explotación petrolera en los espacios acuáticos en el Océano Atlántico derivados del espacio geográfico integral del Esequibo,
irrespetando con ello el Acuerdo de Ginebra de 1966, y la Corte Internacional de La Haya por razones obvias debió generar la medida cautelar requerida mientras se lleva a cabo el proceso actual, pero no lo hizo, …, de hecho, no fue siquiera mencionado en algún momento del proceso que se lleva actualmente. - La Corte Internacional de Justicia admitió su competencia jurídica, otorgando tácitamente la razón a la decisión unilateral del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien seleccionó la instancia judicial ya señalada, sabiendo que el Gobierno de Venezuela se opuso a dicho mecanismo desde el principio, por lo que éste personaje atendió solo a los intereses del Gobierno de Guyana. Y esta afirmación reviste mayor gravedad, dado que el mecanismo de los Buenos Oficios como es del conocimiento de todos, SÍ fue seleccionado y
aprobado por CONSENSO de las dos partes (Guyana y Venezuela), y antes de llegar a la instancia judicial establecida en el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, existen otros mecanismos que nunca se consideraron por el Secretario de la O.N.U. para su aceptación y aprobación por consenso entre los dos países involucrados en el litigio territorial. Uds. dirán qué se puede pensar y manifestar respecto a esta actuación.
- Los beneficios obtenidos de las actividades económicas realizadas en los espacios pertenecientes a los venezolanos, han sido del uso y goce de Guyana, sin haberse percibido absolutamente nada para el gentilicio nacional afectando abiertamente su sentido de exclusividad, hecho que se sustenta claramente en el contexto de la Defensa Integral de la Nación, y que ha sido violado con repetidas acciones sobre esta materia sin que se hayan suscitado respuestas de parte del Estado venezolano, por lo que la Corte Internacional de Justicia debió haberse pronunciado mediante la estructuración de una medida preventiva q propósito de establecer su verdadero sentido de justicia y equidad, pero convenientemente no lo hizo en esta ocasión.
- Aunado a lo anteriormente señalado, el Gobierno de Guyana ha realizado unilateralmente el trazado de sus aspiraciones marítimas, intentando cerrar la libre salida de Venezuela hacia el Océano Atlántico, permitiendo además que las empresas con las concesiones otorgadas ilegítimamente, penetren la línea trazada por Venezuela desde Punta Playa intentando realizar actividades económicas en dichos espacios acuáticos, además que el Gobierno de ese país, realizó la demarcación marítima con Surinam, siendo utilizado por la Comisión respectiva para la delimitación de la plataforma continental de la Organización de las Naciones Unidas, el punto denominado “Ana Regina”, ubicado en el espacio geográfico integral del Esequibo, hecho que demuestra en el mejor de los casos, el desconocimiento del litigio territorial existente entre Venezuela y Guyana, o caso contrario, lo cual es peor aún, el reconocimiento de dicha Comisión demarcadora en que el Territorio en reclamación es implícitamente de Guyana, hecho totalmente inadmisible, al que se le suma el hecho jurídico en que en el Laudo Arbitral de París de 1899 no fue incluido el vocablo “mar”, por lo que la Corte Internacional de Justicia tendría posteriormente la obligación de anular el trazado realizado entre Guyana y Surinam, debiendo en un futuro delimitar primero con Venezuela.
- No puede obviarse la estocada y retorcida jugada del Gobierno de Trinidad & Tobago en su doble discurso y forma de acción, al haber delimitado primero con Venezuela desde 1990 los espacios acuáticos en el Océano Atlántico sin haberse recibido protesta alguna ni por el Gobierno de Guyana ni por el de Barbados, y años después, realizó la delimitación marítima con Barbados, afectando la zona marítima venezolana, hecho que podría incidir no solo sobre la continuidad de las aguas hasta alta mar, sino también en cuanto a la extensión de la plataforma continental, aunado al respaldo abierto que le ha concedido el Gobierno de Trinidad & Tobago al Gobierno de Guyana en cuanto al tema en reclamación sobre el espacio geográfico integral del Esequibo.
Después de la Cumbre celebrada en Belice esta semana por los países que forman parte de la Comunidad del Caribe (Caricom), sus gobernantes bajo una actuación repetitiva, no sorpresiva y contraria a los intereses de Venezuela, ratificaron su pleno apoyo al proceso judicial en curso interpuesto por el Gobierno de Guyana para lograr de manera pacífica y definitiva, darle respuesta a la prolongada controversia territorial sobre el espacio geográfico continental del Esequibo, hecho que se hizo acompañar con el pedimento a Venezuela en cuanto a la participación de esta en el proceso que cursa ante la Corte Internacional de Justicia en aras de obtener una sentencia definitiva y vinculante para reforzar que el Laudo Arbitral de París del 3 de octubre del año 1899 siga siendo válido y vinculante para todas las partes.
Sin embargo, la decisión del Gobierno de Venezuela del 18 de diciembre de 2020, rechazando la decisión de la Corte Internacional de Justicia en aceptar la demanda de Guyana, constituye la respuesta y el marco de actuación actual, dado que así lo manifestó el Ejecutivo Nacional, al manifestar que dicho organismo
jurídico internacional estaba cometiendo “un error incomprensible e insólito, no solo en términos del consentimiento no prestado por Venezuela a dicha jurisdicción, sino al admitir un objeto de litigio diferente al objeto sustancial, tal como fue definido por el Acuerdo de Ginebra de 1966”.
Y sobre este particular, en lo particular reafirmo que esa ha sido la posición más adecuada y ajustada a la realidad, ante la decisión adoptada por la Corte de La Haya, dado que al realizarse las revisiones documentales sobre el marco de actuación de esta última, es indudable que con su pronunciamiento ha entrado en un proceso de clara contradicción sobre su propia doctrina, sin olvidar que la tendencia de este organismo en su marco de actuación, ha tendido a propiciar decisiones que favorecen a los países más poderosos en materia geoeconómica y geoestratégica, por lo que este tema no se limita solo al
caso de Venezuela y Guyana, sino que detrás de todo ello, está la presencia de países del primer mundo que con sus tentáculos tienen hoy en día una participación directa con base a sus propios intereses, que le han dado un cambio sustancial al poder estructural de Guyana.
Pero también, el conflicto actual de Rusia contra Ucrania, ha generado cambios drásticos en materia geopolítica, geoeconómica y geoeconómica a nivel mundial, que ameritan una actuación y pronta decisión de Venezuela, en el que habiendo sido este país un proveedor confiable de petróleo durante décadas para el mercado de los Estados Unidos de América, y aprovechando las acciones escalonadas que se han ido propiciando sistemáticamente en estos tiempos, se atesora hoy en día una extraordinaria oportunidad de fortalecer su contexto geopolítico regional, e incluso a nivel mundial, al poder recuperar si se lo propone, su capacidad productiva y comercializadora de petróleo y de otros recursos energéticos y mineros que le otorgan un sitial por excelencia a nivel mundial, reforzando con ello sus relaciones continentales directas e indirectas en un cambio muy plausible de su política exterior, y bajo el esquema de un tema de Estado y no de Gobierno, podría conformar un escenario tendiente a romper el paradigma contumaz manejado hasta ahora, en el que se podría concebir (porque el tiempo aun lo permite), la conformación de estructuras relacionales con dos de los gobiernos que participaron en la nefasta sentencia del Laudo Arbitral de París de 1899, siendo estos los Estados Unidos de América y Rusia, y con ello, se estaría buscando colateralmente que a través de la Organización de las Naciones Unidas se generen las transformaciones necesarias que lesionan la propia jurisprudencia de su doctrina en la Corte Internacional de Justicia.
El Gobierno de Colombia se ha querido aprovechar de esta circunstancia, manifestando que tiene mayor capacidad de producción para atender a la demanda petrolera de los Estados Unidos, pero la prioridad no es esa, dado que de lo contrario, el gobierno norteamericano no hubiese acudido a Venezuela, porque la capacidad de producción debe ir acompañada con la necesidad de asegurarse en el tiempo el rol de proveedor, además de la necesidad de recuperar ineludiblemente espacios perdidos en áreas que atienden con mayor peso los intereses propios de los Estados Unidos; así mismo, en este nuevo orden mundial, he aquí una razón más para sustentar el por qué el Gobierno de Guyana debe estar sumamente preocupada, dado que es obvio que éste cometió un error garrafal al haber acudido a la Corte Internacional de Justicia en procura de una demanda contra Venezuela, dándole la espalda al Acuerdo de
Ginebra de 1966.
Lo cierto de todo esto es que ante esta nueva coyuntura geopolítica mundial y regional, Venezuela tiene en los actuales momentos mucho que hacer con estas nuevas oportunidades, en el que la verdad de esta controversia territorial sobre el espacio geográfico integral en reclamación debe prevalecer, y las puertas estratégicas sobre este nuevo tablero se abren inclinándose hacia la nación forjadora de Libertadores, en aras de consolidar su poder estructural agregado y situacional, dándole una razón adicional para reafirmar ante el mundo que “el sol de Venezuela nace en el Esequibo”
Por: C/A (r) Dr. José Chachati Ata
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