(Continuación)
Por: José Chachati Ata
La semana anterior y parte de esta, ocurrieron una serie de eventos que podrían tener una sustantiva significación para Venezuela en cuanto a la reclamación del espacio geográfico integral del Esequibo, considerando como acción generada fuera de todo orden, la absurda demanda contra Venezuela introducida por el Gobierno de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia, en la que busca sustentar y validar la nefasta sentencia del Laudo Arbitral de París de 1899, siendo obvia la estrategia establecida por parte del gobierno vecino, al carecer de fundamentos que le permitan demostrar la legítima pertenencia de dicho territorio, sabiendo además, que a Venezuela le sobran soportes jurídicos e históricos para sustentar el derecho indiscutible a la posesión de dicho espacio continental.
Ante esta situación, Venezuela luego de un continuo silencio desde el 8 de marzo de este año, anunció públicamente que presentará sus objeciones preliminares ante la Corte Internacional de Justicia, con el propósito de frenar la demanda antes señalada, hecho que conllevó a una reacción inmediata del Gobierno de Guyana, quien acusó a Venezuela de querer intentar un retraso en las gestiones del organismo jurídico internacional, quien había manifestado desde diciembre del año 2020 su competencia sobre el asunto en cuestión entre ambos países, expresando públicamente el Ministro de Relaciones Exteriores de Guyana: “Al presentar una objeción en esta etapa avanzada del procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia, el Gobierno de Venezuela evidentemente está realizando un esfuerzo por retrasar el fallo final de la Corte sobre el fondo del caso”.
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Por su parte, Venezuela a través de la Cancillería, explicó que el objetivo de haber manifestado que presentará dichas objeciones preliminares es “defender los derechos e intereses de la República, y procurar que esa demanda no sea admitida por carecer de elementos esenciales para conformar un debido proceso”, por lo que a pesar de la declaración del Gobierno de Guyana, éste no le quedó más remedio que aceptar en su escrito, que Venezuela tiene derecho a dar este paso de acuerdo con los reglamentos de la Corte Internacional de Justicia, y que en consecuencia el procedimiento sobre el fondo del caso se suspende hasta que la Corte se pronuncie sobre las objeciones presentadas. Y sobre este particular fue prácticamente obligado el Gobierno vecino a extender su manifestación, al subrayarse que Guyana se ha adherido en todo momento al Estado de derecho internacional y a las reglas de procedimiento del organismo jurídico internacional con respecto a este asunto y continuará haciéndolo.
Una sonrisa obligada, que manejada desde ya en el contexto de la diplomacia, está de por sí cargada de
amplias incomodidades. Pero el asunto no culminó allí, sino que también se acompañó de otras acciones adicionales promovidas por el Primer Ministro de Guyana, Mark Phillips, quien sostuvo en un comunicado de prensa, que el pasado 7 de junio se reunió con el Embajador de Venezuela, Carlos Pérez Silva, a fin de conversar sobre algunos planes para el mejoramiento de las relaciones bilaterales, siendo abordado fundamentalmente el de la seguridad y el de desarrollo económico.
Debemos recordar, que en el año 2015, Venezuela retiró al representante diplomático de Georgetown, a raíz de las concesiones petroleras ilegítimas que había otorgado ese Gobierno presidido por el entonces David Granger, siendo normalizadas entre comillas las relaciones de ambos países, generándose luego,
en el año 2021 una nueva reunión entre el Canciller guyanés y el Encargado de negocios venezolano, Moisés Chávez, a fin de aclararse la información sobre los alcances del decreto emitido por Venezuela sobe el desarrollo marítimo de los espacios acuáticos en el Atlántico, considerando que al país vecino le pareció que dicho decreto no se encontraba ajustado a las Leyes internacionales, pero sí las concesiones petroleras que había otorgado ilegítimamente, sabiendo que son de pertenencia exclusiva del Estado venezolano.
Particularmente, en el último encuentro realizado recientemente entre ambos Gobiernos, se abordaron los temas concernientes al área de seguridad, en el que el Gobierno de Guyana se refirió a los crímenes transnacionales y de redes criminales que amenazan la seguridad de ambas partes, y en materia económica, orientó la conversación al desarrollo entre los sectores privados de los dos territorios, asegurando que también el Gobierno de ese país honrará su obligación bajo las leyes humanas internacionales sobre los refugiados venezolanos en su país, proveyendo asistencia médica, comida, refugio y educación a los niños venezolanos que se mantienen asilados en su país, mientras que el Embajador venezolano manifestó que la intención de ambos gobiernos es avanzar en la comunicación y cooperación necesaria en la medida que las posibilidades lo permitan.
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Particularmente, sobre estas acciones resalta la necesidad de abordar lo ocurrido, enfocando el análisis hacia un contexto correlacionado con la Corte de la Haya, ante la introducción de las objeciones preliminares por parte de Venezuela, dado que si ésta mantiene su posición original en continuar con el proceso, estaría ratificando la acertada decisión de Venezuela en no comparecer ante el organismo jurídico internacional, recordando que todo ello se manejó originalmente en una componenda entre el Secretario General de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guyana, quienes tomaron la decisión unilateralmente, a pesar que Venezuela manifestó su No rotundo a la vía judicial, dado que no se habían agotado otros mecanismos bilaterales establecidos en el Acuerdo de Ginebra de 1966, hecho al que se le suma la erogación financiera de la empresa Exxon Mobil al Gobierno de Guyana por la cantidad de quince millones de dólares americanos, para sufragar los gastos requeridos ante la Corte Internacional de Justicia, mientras que dicha empresa se encontraba explorando y explotando recursos petroleros en los
espacios acuáticos del Esequibo, y que los mismos le pertenecen al gentilicio venezolano, siendo otorgados ilegítimamente por el Gobierno de Guyana y con el silencio tanto del Secretario General de la ONU como de la Corte Internacional de Justicia, la cual no estableció ninguna medida cautelar, a pesar que ello se establece claramente en el Artículo V del Acuerdo de Ginebra de 1966. Es decir, la ratificación del proceso actual que se sigue a través del citado organismo jurídico internacional, obviando todos los pilares jurídicos e históricos que sostiene Venezuela, estaría ratificando la poca confiabilidad que se le daría al proceso jurídico que se sigue actualmente.
Sin embargo, tomando en cuenta que la Corte Internacional de Justicia le rinde cuentas de su gestión a la Organización de las Naciones Unidas, y no es un secreto el rol influyente que juegan los países de la OTAN sobre este particular, se podría dar un tentativo vuelco a esta situación ante la coyuntura presentada en este nuevo orden mundial a raíz del conflicto entre Ucrania y Rusia, en el que han surgido nuevos escenarios que inciden sobre el factor geopolítico así como geoeconómico tanto regional como mundial, en el que mediante el manejo del contexto de la cooperación y reciprocidad, podrían haber reconsideraciones de primer orden que incidirían en posibles cambios y necesarios pronunciamientos que se alineen de nuevo en la posición venezolana de mantener el entendimiento entre Guyana y Venezuela sobre el tema del Esequibo, en el marco del Acuerdo de Ginebra de 1966, para lo cual se estaría propiciando un escenario de decisión ante los nuevos factores a considerar, y que ello incidiría obligatoriamente en un cambio de políticas de parte de Guyana, pero también de Venezuela, y ello incidiría inclusive sobre la continuidad o no del rol asumido por el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, que por cierto, no ha sido absolutamente en nada propicio en cuanto a mantener la confiabilidad de éste por el criterio de actuación manejado hasta ahora.
Y más sensato sería que la misma Corte Internacional de Justicia, una vez revisadas las pruebas irrefutables presentadas por Venezuela, al igual que las objeciones preliminares, se pronunciase con la ética que debe caracterizarla, en dar un claro señalamiento sobre esta realidad que debió haberse inclinado en favor de los venezolanos hace años, y no haber continuado mediante las continuas y escabrosas evasivas del Gobierno de Guyana, buscando descalificar a Venezuela ante la comunidad internacional, actuación que demostró la identidad de un Estado profundo que se ha manifestado sobre grises acusaciones que se manejan perversamente y que se caen por sí solas, dando cabida al dicho: “la
mentira tiene patas cortas”. Es por ello, que la Corte Internacional de Justicia tiene de nuevo una extraordinaria oportunidad de reivindicarse ante las objeciones preliminares a ser expuestas por Venezuela al momento en que se le indique.
Atención adicional requiere el hecho que de parte del Gobierno de Guyana, se ha buscado un mayor acercamiento con Venezuela, abordando el tema de la seguridad y del desarrollo económico, lo que me permite ratificar por un lado, la investigación realizada anteriormente sobre el trato inadecuado que estaban recibiendo los venezolanos, en cuanto a las deportaciones realizadas, a la desatención y rechazo por parte del Gobierno de Guyana a raíz del proceso migratorio que se desencadenó en el país, hecho que constituye a mi criterio un simple saludo a la bandera en comparación con el trato recibido por los pocos guyaneses en Venezuela, aunado a la larga suma de acciones en materia de cooperación prácticamente unilateral de parte de Venezuela a cambio de prácticamente nada, porque si hubo alguna respuesta de Guyana en algún momento hacia Venezuela, fue cuando se generó una relativa crisis alimentaria, y Guyana fue quien proveyó del arroz a Venezuela, producto que fue pagado con montos muy superiores a lo establecido en el mercado mundial, siendo ello señalado abiertamente por el Banco Interamericano de Desarrollo.
Por otro lado, en el encuentro de acercamiento del Primer Ministro de Guyana con el Embajador venezolano, no se mencionó en absoluto la violación del Acuerdo de Ginebra de 1966 en cuanto a la explotación de recursos en el Esequibo, en tanto no se llegue a un entendimiento sobre el litigio territorial del Esequibo, ni se mencionó la presencia de las empresas norteamericana y de China, quienes se encuentran explotando recursos petroleros en los espacios acuáticos del Esequibo, recursos que le pertenecen a todo el gentilicio venezolano cuyos beneficios solo lo está percibiendo el Gobierno de Guyana mediante el otorgamiento de licitaciones ilegítimas, ni se mencionó la pretensión guyanesa en
materia de delimitación marítima de querer cerrarle la salida de Venezuela hacia el Océano Atlántico, ni se abordó el tema de la explotación maderera y minera que se realiza en la actualidad en el espacio geográfico continental del Esequibo mediante el otorgamiento ilícito a empresas trasnacionales, ni se abordó el tema sobre la actuación arbitraria de Guyana en el no reconocimiento de la delimitación realizada con antelación entre Venezuela con Trinidad & Tobago, ni se consideró la nulidad de la delimitación realizada arbitrariamente entre Guyana con Surinam, en la que la Comisión para delimitar la plataforma continental de la Organización de las Naciones Unidas, utilizó como uno de los puntos geográficos de referencia, el correspondiente a Punta Regina, la cual se ubica en la costa del Territorio Esequibo, ni se tomó en cuenta el daño ambiental que se está generando hoy en día en el territorio en reclamación, mediante la contaminación de aguas y del ambiente en clara realización de actividades ilícitas, además de las declaraciones públicas sustentadas sobre grises y falsas manipulaciones para victimizarse Guyana ante la comunidad internacional a expensas de presentar a Venezuela como país imperialista que ha venido actuando inadecuadamente al generar una reclamación que no tiene base ni sentido, cuando lo cierto es que el Gobierno de Guyana no ha podido ni podrá demostrar la pertenencia de dicho territorio al carecer de pruebas para ello, entre otros puntos ya conocidos por el lector.
Pero se continúa mencionando en términos diplomáticos la palabra cooperación, mas no la reciprocidad, y ello constituye en mi opinión un punto álgido que debe agregarse obligatoriamente en la ecuación matriz del litigio al hablar de relaciones, para poder llegar a un real entendimiento, dado que de lo contrario, y considero que este señalamiento tiene mayor peso que lo anteriormente señalado, Guyana simplemente está buscando de nuevo un acercamiento para abordar varias aristas en materia geopolítica y geoeconómica, como fórmula para distraer y diluir los esfuerzos de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia, sabiendo que esta acción generada recientemente para su presentación ante la Corte de La Haya puede causarle al Gobierno vecino un ruido muy profundo a sus intenciones, aunado al relativo e inesperado cambio del Gobierno de los Estados Unidos de América con Venezuela, además de las respuestas que el Estado venezolano ha comenzado a generar en pro de países europeos como Italia y España, a raíz del conflicto actual entre Rusia y Ucrania, escaladas lentas de acciones pero positivas que fortalecen las posibilidades reales de Venezuela sobre el tema en cuestión.
Aun cuando los avances realizados hasta ahora han conformado una matriz relativamente positiva para los venezolanos sobre la recuperación del espacio geográfico integral del Esequibo, no se puede ocultar que hay mucha tela que cortar todavía, comenzando con la necesidad de unir a todos los venezolanos en
un solo camino para otorgarle mayor fuerza a este asunto ante la comunidad internacional, así como hacerse sentir en todos los ámbitos del Interés nacional que se circunscriben a la seguridad, defensa y desarrollo integral de la Nación, para de esa manera afianzar con la mayor convicción posible, que “ el sol de Venezuela nace en el Esequibo”.
Por: C/A (r) Dr. José Chachati Ata
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