«Nos retractamos públicamente de lo que se dijo en ese momento (…) no ha habido el interés de acusar propiamente al gobernador, empezando porque para eso existen instituciones del Estado».
La afirmación la hizo Marino Alvarado, coordinador de la ONG Provea, en una conferencia de prensa, donde se anunció el acuerdo conciliatorio entre esa ONG, el Centro Gumilla y el gobernador de Carabobo, tras la demanda por difamación que este interpuso, luego de que esas organizaciones hablaran acerca de las ejecuciones extrajudiciales en la entidad.
Marino Alvarado y Alfredo Infante, coordinador de DD.HH. del Centro Gumilla, recibieron una demanda interpuesta por el gobernador al considerar que lo habían difamado con su solicitud.
Alvarado e Infante aseguraron, mediante la lectura de un comunicado, que su intención «no ha sido» señalar a Lacava «como responsable ni directo ni indirecto de presuntas ejecuciones extrajudiciales que pudieran haber ocurrido» en Carabobo.
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«La solicitud que hicimos en la presentación de nuestro informe sobre la necesidad de investigar y establecer responsabilidades no pretendió, de nuestra parte, hacer un señalamiento acusatorio al gobernador, aunque así pueda haberse entendido», aclararon.
Sostuvieron que no han poseído «en ningún momento indicios, elementos o fundamentos para vincularlo con presuntas ejecuciones extrajudiciales».
Por su parte, el abogado de los activistas, Joel García, señaló que este miércoles se celebró una audiencia de conciliación ante un juzgado en Carabobo, en la que ambas partes establecieron un cronograma de trabajo, que culmina el próximo 23 de agosto, en el que los activistas se comprometieron a leer el comunicado y promocionarlo a través de sus redes sociales y de las ONG que representan.
“Quienes violan derechos humanos son los funcionarios del Estado, el riesgo siempre va a estar ahí. La denuncia la puede realizar cualquier persona”, expresó García.
Alvarado insistió en que ambas organizaciones seguirán «haciendo el monitoreo a nivel nacional de actuaciones de organismos policiales», incluyendo en Carabobo.
Además, las ONG expresaron que es «necesario y conveniente que se adelanten en el país procesos de revisión, fortalecimiento, investigación y reformas de los procesos, métodos y actuaciones de los cuerpos de seguridad del Estado».
“Lo que encontremos sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales en Carabobo, las seguiremos informando”, dijo Marino Alvarado.
“Esto sienta un precedente de cómo se puede transformar un conflicto en oportunidad. Como a través del diálogo podemos trabajar la paz”, agregó.
Janet Yucra
Con información de Provea