Venezuela: Rumbo a la recuperación del Esequibo, XIV Fase, entrega 146

(Continuación)

Por: José Chachati Ata

Ya estaba algo extrañado, dado que se había tardado el Gobierno de Guyana en exteriorizar a través de sus declaraciones ante la comunidad internacional, con la ironía y el sarcasmo acostumbrado como parte de su política exterior evasiva y manipuladora, en descalificar a Venezuela hasta llegar al comportamiento de un Estado profundo con la conocida tendencia turbio-grisácea que la ha caracterizado, en el que rompió su silencio recientemente mediante el pronunciamiento colocado en la palestra pública. Y considerando la presentación de sus escritos ante las excepciones preliminares presentadas el pasado mes de junio por Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia, decidió irrespetar una vez más al país, haciendo de las suyas al realizar acusaciones abiertas totalmente infundadas.

En mi opinión constituyen acciones propias de la desesperación al visualizar que el poder táctico utilizado no ha sido tan eficaz como se esperaba, por lo que se han visto en la necesidad de reforzarlo, utilizando para ello, los mismos modos de acción que habían usado anteriormente para descalificar a Venezuela ante la comunidad internacional. Es por ello, que Venezuela se ha visto en la necesidad de denunciar ante la Organización de las Naciones Unidas, las tergiversaciones y la forma en que el gobierno del país vecino le ha venido mintiendo al mundo, al irrespetar la posición de Venezuela sobre la controversia territorial en el espacio geográfico integral del Esequibo, en el que como es sabido por todos, se había venido manejando permanentemente en el marco del Acuerdo de Ginebra de 1966, a propósito de alcanzar un entendimiento que arrojase una solución práctica y satisfactoria para ambas partes.

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Es el Gobierno de Guyana, quien a través de su falso rol de víctima apoyada por actores de otros organismos y gobiernos, ha pretendido implantar la presencia de un conjunto de empresas trasnacionales, cuyo fin único de éstas es tomar el control de las riquezas energéticas existentes en la cuenca Atlántica frente al Esequibo, tal como lo han venido realizando impunemente con otros recursos en el espacio continental en reclamación, por supuesto, con la anuencia del Gobierno guyanés, quien ha entregado indebidamente las licitaciones respectivas.

Es por ello que Venezuela manifestó ante el organismo internacional citado en el párrafo anterior, que lamenta el hecho por el que Guyana ha venido fraguando este marco de actuación sórdido y publicitario, a fin de obtener el despojo a Venezuela del territorio controvertido, cuando en realidad ha sido el Acuerdo de Ginebra de 1966, firmado por todas las partes, quien dictó las pautas para alcanzar un arreglo práctico y mutuamente satisfactorio. Adicionalmente, su presidente, Mohamed Irfaan Ali, señaló recientemente, que, como socio estratégico actual de los Estados Unidos, su gobierno debe estar al
mismo nivel de información que Venezuela. Pero la realidad es que el Gobierno del país vecino Sí debería estar preocupado por varias razones que se mencionan a continuación:

El interés norteamericano con Guyana radica exclusivamente en el petróleo como recurso energético que se encuentra depositado en la plataforma continental de la cuenca ubicada en el océano Atlántico, cuyos espacios acuáticos forman parte de un territorio que se encuentra actualmente en reclamación por Venezuela, y tanto Guyana como Gran Bretaña y los Estados Unidos de América, saben muy bien que dicho espacio geográfico integral le pertenece indiscutiblemente a Venezuela, y que la extracción de dicho recurso petrolero por parte de algunas empresas trasnacionales, proveniente del subsuelo en las aguas marinas y submarinas del Esequibo, es totalmente ilícito, sujeto actualmente a la actuación y decisión jurídica de la Corte Internacional de Justicia, por lo que inclinarse en favor de Guyana implicaría mantenerse en una diatriba proclive a cambios inadecuados en este nuevo orden mundial, además de propiciar las posibilidades a transformar el área en una zona de tensiones, crisis y probable conflicto de tipo asimétrico, cuyo teatro de operaciones selvático y de alto nivel de riesgos y desgaste, generaría la inclusión de otros grupos bajo el marco de una guerra de resistencia, siendo muy simple la solución, al inclinarse hacia quien debiese ser el legítimo dueño de dicho territorio, que en este caso es Venezuela. De hecho, han comenzado a visualizarse algunos cambios en materia política.
Y aun cuando el interés de los Estados Unidos de América es también en materia petrolera con Venezuela, existen grandes diferencias, sustentadas a favor del Estado venezolano, en cuanto a las mayores reservas petroleras del planeta depositadas en el subsuelo venezolano, aunado al arco minero con las mayores reservas de oro del planeta (elemento por excelencia que juega hoy
en día un rol preponderante en materia financiera, y más aun tomando en consideración las incidencias derivadas del nuevo orden mundial), además del uranio y el torio al que le tiene puesto
el ojo desde hace varios años, siendo necesario agregar la existencia de los metales denominados “raros”, no contemplados en la tabla periódica original. Particularmente el torio es considerado en un noventa por ciento, más poderoso que toda la energía que produce el uranio en una explosión nuclear, y ello sin olvidar las riquezas gasífera, carbonífera, hídrica, forestal, etc., que existen en Venezuela. También, es necesario considerar el evento reciente generado por Rusia, dado que se está retirando de las actividades petroleras ejercidas en Venezuela. En este sentido, los Estados Unidos de América deberá evaluar con lupa y mucha profundidad, su verdadera inclinación y la continuidad de sus políticas hacia Venezuela, cuyas consecuencias y quien verdaderamente las ha pagado muy caro, ha sido el pueblo venezolano

El Gobierno de Guyana al igual que la Corte Internacional de Justicia y el secretario general de las Naciones Unidas, saben muy bien que la decisión adoptada de aprovecharse de los recursos petroleros extraídos de los espacios acuáticos del Esequibo viola expresamente el artículo V del Acuerdo de Ginebra de 1966, firmado por Guyana en conjunto con el Gobierno de Gran Bretaña y de Venezuela, lo que demuestra la poca seriedad e interés en llegar a una solución pacífica, práctica y
satisfactoria para ambas partes, hecho que ha realizado a expensas de otros organismos, por lo que, a mi juicio, el Gobierno de ese país desperdició una gran oportunidad, dado que ni el secretario
General de las Naciones Unidas ni ningún otro organismo internacional, pueden tener la misma sensibilidad y preocupación verdadera que no sea la de atender a sus propios intereses, por lo
que resolver esta controversia territorial les competen exclusivamente a los dos países afectados, y existe el mecanismo jurídico para ellos, firmado desde 1966 en el Acuerdo de Ginebra.
Guyana Introdujo una demanda contra Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia, en el que solo cuenta con la decisión de dicho organismo jurídico, en que éste valide la sentencia del Laudo Arbitral de París de 1899, porque ese es su único basamento, mientras que a Venezuela le asiste el soporte geo histórico indiscutible, heredado durante la trayectoria de su independencia, y que se corresponde con la creación de la Capitanía General de Venezuela, tal como lo establece la actual Constitución venezolana, aunado a los irrefutables errores cometidos por el Gobierno de Gran Bretaña, así como a la falsificación de los mapas trazados por el geógrafo de origen prusiano, Robert Shomburgk, a la forma y exigencias absurdas, turbias y fuera de contexto en que se manejaron tanto el Tratado de Washington del 2 de febrero de 1897, como el Tribunal de París que generó la nefasta sentencia del 3 de octubre de 1899.

El nuevo orden mundial obligó a revisar las sanciones de USA hacia Venezuela, por lo que se debe entender que cuando Rusia ha sido sancionada a raíz del presente conflicto con Ucrania, su petróleo ha entrado a competir con ventajas a favor de ésta en el mismo mercado por la calidad de su materia prima, y lo ha hecho donde por lo general Venezuela envía actualmente su producción, hecho que debe avivar la comprensión de los entes decisores venezolanos, en el sentido de entender la competencia existente dentro de un mismo mercado, cuyos factores sobresalientes se distinguen porque no ha habido crecimiento de la demanda, pero sí de la oferta, y la realidad es que
aún después de varios meses del conflicto de Ucrania con Rusia, a pesar de los cambios existentes en el panorama internacional, la situación socioeconómica de Venezuela persiste, sin visualizarse
aún el capital financiero internacional que desee invertir, a pesar de haberse escuchado varias veces los cambios promisorios para el país. En este contexto, Venezuela tiene y debe aprovechar sus ventajas estratégicas para tomar decisiones de los cambios necesarios que están afectando al país, y cuyas incidencias permitirían fortalecer la situación que se maneja actualmente en el ámbito internacional respecto a la recuperación del espacio geográfico integral del Esequibo.

Por otra parte, esta semana, se revivieron 123 años de la nefasta sentencia del Laudo Arbitral de París de 1899, en el que analizadas y fundamentadas en el artículo anterior las bases sobre el Tratado de Washington de 1897, el litigio territorial entre Venezuela y Gran Bretaña dio seguidamente lugar al proceso, que condujo dos años después a la citada sentencia; sin embargo, es importante acotar, que hasta ese año, Venezuela estuvo en desconocimiento de la correspondencia oficial y secreta que se manejó conduciendo al Tratado antes señalado. Es también reciente del conocimiento de Venezuela, que los abogados británicos en ese entonces ejercieron la presión indebida sobre los abogados americanos, a fin de obligarlos inexcusablemente a la aceptación de la posición británica sobre la cláusula de prescripción.

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Como fue señalado en el punto anterior, la cláusula de prescripción fue totalmente vulnerada, dado que el Tribunal conformado, NO investigó en ese entonces la extensión de los territorios pertenecientes a las Provincias Unidas de los Países Bajos o al Reino de España respectivamente, sino que se abocó al estudio desde la época en que la Colonia de la Guayana Británica comenzó a usurpar espacios territoriales apoyados por el Reino de Gran Bretaña, y a partir de allí, se determinaría la línea divisoria entre Venezuela y la Colonia de la Guayana Británica. Mayor descaro y fraude, imposible de señalar, por lo que se espera que la Corte Internacional de Justicia tome en cuenta este factor preponderante y no cometa de nuevo el mismo error de ese entonces.

Adicionalmente, es necesario señalar que el Gobierno de Venezuela, aun cuando fue coaccionado para su adhesión al Tratado de Washington de 1897, actuó confiadamente en que se le estaría garantizando un proceso judicial, abocado mediante el campo del Derecho y de manera exclusiva al litigio fronterizo existente, aunado a la exclusión del poder para la obtención de una decisión enmarcada en una transacción de carácter político o diplomático, lo que culminó antagónicamente, mediante una decisión no ajustada al Derecho y de carácter netamente político, concertada a los intereses de Gran Bretaña.

Durante la investigación realizada, se dispuso de suficientes argumentos esgrimidos que, de acuerdo al Memorando de Severo Mallet Prevost, así como de las evidencias encontradas en el Foreing Office británico, justifican un cuadro de pétreas fallas que sustentan la nulidad del Laudo Arbitral de París,
considerando los siguientes eventos y situaciones manejadas:

La línea oficial presentada sobre el mapa de Venezuela como primer trazado generado por el geógrafo de origen prusiano Schomburgk, mostraba que la misma seguía a lo largo del río Esequibo, y ello le fue oculto al tribunal respectivo, aunado a que los archivos británicos mostraron únicamente los mapas sobre los cuales se basó la línea de Schomburgk, habiendo sido estos adulterados, originando con ello la seguridad de un proceso de investigación tóxico, que llevaría
de la mano ambivalencias y confusiones para el mismo Tribunal y el Estado venezolano, síntomas inequívocos de una premeditación al engaño, que se instaló en forma contumaz, atendiendo a una cultura dominante e inexorable cuyo inicio vaticinaba de por sí, un proceso implacable en contra de Venezuela.
La línea fronteriza fijada finalmente por el Tribunal para arribar al Laudo Arbitral de París de 1899 tuvo su basamento sobre un nuevo mapa, en el que la línea Schomburgk alteró lo que realmente le
correspondía a Venezuela, otorgándole a la Guayana Británica, ciento treinta y seis mil novecientos cincuenta con ocho décimas de kilómetros cuadrados (136.950,8 Km 2), sobre el territorio continental que había sido anterior y oficialmente reconocido por Gran Bretaña como parte del espacio geográfico venezolano, hasta que se elaboró la deformidad señalada en 1886, derrumbando con ello, toda óptica cognoscitiva de lógica, justicia y equidad que esperaba el Estado venezolano, y que asumieron desviadamente Gran Bretaña, Rusia y forzadamente los Estados Unidos (en representación de Venezuela), al implantar como requisito la demolición de los principios constituidos en el saber del Derecho y los principios éticos.

La línea fronteriza determinada unilateral e ilegalmente por Gran Bretaña y Rusia, siendo el presidente de dicho Tribunal el Profesor Frederick de Flódor Fromhold Martens, fue impuesta, pero también aceptada mediante coacción a los jueces norteamericanos, emergiendo el prejuicio, la subestimación y ofuscación como lógica del pensamiento y desenvolvimiento de la naturaleza de la controversia territorial; de allí, que el centra miento de esta imposición atendió a la irrupción británica en diseminar la razón Inculcada hacia los Estados Unidos y su pretensión, de ordenar las ideas de persuasión que oprimieron la toma de decisiones en contra de Venezuela; aunado a ello, se deriva claramente que la búsqueda de la acepción universal enlazada por parte de los jueces participantes, cuyo razonamiento convenido por las naciones formantes del Tribunal, tuvo en esencia la paradójica conformación de un proceso de decisiones infundadas donde la línea fronteriza fijada en el Laudo, y que esta fue determinada unilateralmente por Gran Bretaña, y extrajudicialmente
impuesta posteriormente por los jueces británicos a los representantes de Venezuela.
El modelo racional implantado en el Laudo Arbitral de París de 1899 tuvo un sustento cognitivo que fue suministrado entre las naciones participantes, mediante la imposición de dispositivos íntersubjetivos necesarios y manipulados para establecer e imponer estrategias propias a los intereses imperialistas de Gran Bretaña, donde el poder constituyó la máxima preponderancia racional que legitimó ese orden cognoscente, estableciendo como su verdad la línea fijada en el Laudo por mero compromiso político y no de Derecho.
Dado que el poder fue el pilar fundamental del orden racional británico, el Tribunal además de su pretensión sobre la línea fronteriza, se excedió al declarar la libre navegación de los Ríos Macuro y Barima para beneficio de Gran Bretaña, lo cual no tenía absolutamente nada que ver con el asunto en discusión, así como la engañosa acción inducida en la inclusión de la cláusula de prescripción adquisitiva que desfavoreció ilegalmente a Venezuela. Esta exigencia de validez en torno a la norma argumentativa y sus reglas de enunciación, con imperativos morales ante los ojos de la comunidad internacional, conformaron el escenario político del trinomio poder-conocimiento-política, en el que operó el Laudo Arbitral de París de 1899, con los excesos y las arbitrariedades exacerbadas.
Como consecuencia de esta actuación y de los criterios infundados puestos de manifiesto a espaldas de Venezuela, la engañosa sensatez dominante operó como escoria, cruzando en distintas direcciones los tejidos de los Gobiernos participantes, manteniéndose ambos en total silencio hasta 1949, año en que Venezuela conoció de la correspondencia secreta que condujo al Convenio de Washington de 1897. Solo en 1963, se supo de la presión indebida sobre los abogados americanos, para forzarlos a aceptar la interpretación británica de la Cláusula de Prescripción.

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A partir del fallecimiento de Severo Mallet Prevost, el Estado venezolano comenzó a reaccionar contra el Laudo Arbitral de París de 1899, adquiriendo plena conciencia sobre lo que realmente había acontecido, originando una matriz de conducta fundamentada en lo siguiente:

Envuelto en implicaciones racionales sobre la conciencia, y sustentado en principios éticos, en 1948, Severo Mallet Prevost combinó consecuencias ideológicas y políticas, exteriorizando informaciones que enfatizaron los intereses de los actores, la implicación de lo investigado y la no neutralidad del nuevo conocimiento que tenía ya Venezuela, al escribir que el Laudo Arbitral de París de 1899 fue absolutamente inaceptable, calificándolo de conspiración, de burda y cruel burla a los principios jurídicos, historia, dignidad humana y justicia internacional. Ello le permitió al Estado venezolano reactivar la reclamación contra el Laudo Arbitral de París de 1899.
Ello permite consentir, que Gran Bretaña inició desde el momento en que se llevó a cabo el descubrimiento de América por parte de los españoles, la escalonada insistencia con visión imperialista de ocupar nuevos territorios, hecho que se acrecentó en el tiempo, mediante la conquista y asentamientos en nuevos espacios geográficos; sin embargo, desde mediados del siglo XX y ya en el siglo XXI, esta perspectiva ha venido adquiriendo una connotación de dimensiones que albergan variables de mayor complejidad, que se suman a la imposición del poder con el uso discrecional de sus políticas, en un contexto de lógicas difusas y de incertidumbres. En el año 1951 la Nación venezolana afirmó que los cambios del statu quo de la Guayana Británica, no influían en continuar la justa aspiración de rectificar los perjuicios cometidos en la sentencia del Laudo de París de 1899.

A mediados del siglo XX, la identidad del gentilicio venezolano apeló a criterios de pertenencia como sociedad determinada y, a los rasgos que la distinguen como entidad propia apegada a una
cultura particular, contraria a la de la Guyana Británica, originando la controversia limítrofe sobre el territorio en disputa, a pesar de que Guyana había dado antes y actualmente, muestras de no querer
llegar a un entendimiento enmarcado en el Acuerdo de Ginebra de 1966. Y en el siglo XXI, la situación se ha vuelto un tanto más delicado, al generarse mediante el consenso del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, sin el consenso de Venezuela, la demanda de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia, para dirimir la validez o no del Laudo Arbitral de París de 1899.
Venezuela apoyó en 1962 la independencia de la Guayana Británica, dejando constancia en acta que reclama la aspiración de la injusticia histórica cometida en el año de 1899, logrando incluir la reclamación venezolana como tema de la Comisión Especial de Política en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Venezuela con Gran Bretaña y las autoridades de la Guayana Británica, se comprometieron en revisar los documentos referentes al asunto limítrofe. La disyuntiva del diálogo
sobre esta controversia se reanudó sin que haya la voluntad consciente de Gran Bretaña y Guayana Británica que les oriente hacia ese fin, lo que ha generado pensamientos cruzados y antagónicos, con argumentación del pensamiento humano, que dependen de la compleja y azarosa combinación de circunstancias en este problema, que se imponen por su fuerza ante acontecimientos que favorecen la conformación de escenarios de tensión y alejamiento momentáneo de un posible entendimiento, dado que además de ello, el caso fue entregado unilateralmente por Guyana a la Corte Internacional de Justicia.

Venezuela denunció en 1963, durante la Primera Reunión de ministros con Gran Bretaña, los vicios e irregularidades del Laudo de París de 1899, así como, las presiones diplomáticas del Tribunal Arbitral de París de 1897, exigiendo devolver el territorio arrebatado, y en 1965, a través de la Cancillería venezolana, le comunicó la sorpresa por las concesiones que otorgó Guyana en el territorio en disputa, afirmando categóricamente que no reconoce concesiones otorgadas sobre el territorio Esequibo y la plataforma continental respectiva. Bajo esta premisa, la situación de hoy en día es más delicada aún, dado que, al haberse firmado el Acuerdo de Ginebra de 1966, en el que además de
referirse a la disputa territorial existente, se estableció claramente la no explotación unilateral de los recursos existentes en el espacio geográfico integral del Esequibo, pero el Gobierno de Guyana, con el silencio del secretario de la Organización de las Naciones Unidas, en pleno siglo XXI, continúa otorgando concesiones en los espacios acuáticos del Atlántico a empresas transnacionales, beneficiándose unilateralmente a expensas de los recursos que le pertenecen a todos los venezolanos, mientras se mantiene a la espera de la decisión del organismo jurídico internacional.
En 1965, Venezuela expresó que el esfuerzo por mantener discreción en las negociaciones no haya respuesta en las concesiones petroleras otorgadas unilateralmente sobre el territorio venezolano, y se reserva comentarios sobre lo relativo a la plataforma continental y mar territorial implicados en dichas concesiones; posteriormente advirtió que no reconocía las supuestas concesiones de explotación petrolera, concedidas por el Gobierno de la Guayana Inglesa sobre el territorio Esequibo.
El 17 de febrero de 1966, Venezuela, Gran Bretaña y, el primer ministro de la Guayana Británica firmó el Acuerdo de Ginebra, cuyo compromiso consistió en esencia, buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia territorial. ¿Si no se hubiese reconocido las anormalidades ya señaladas por Venezuela, entonces por qué los otros Gobiernos firmaron dicho Acuerdo?

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Hoy en día, el Gobierno de Guyana ha pretendido que Venezuela esté obligada a la aceptación de los resultados del tribunal de arbitraje conformado en1897 y con sentencia en 1899, como un arreglo pleno y definitivo de cuanto refieren las decisiones tomadas; por lo que este intento de imposición irracional además de ser absurdo, es un irrespeto al gentilicio de esta Nación. Si Venezuela hubiese sido copartícipe directa en su actuación como miembro del tribunal, tendría cabida tal insinuación, sin embargo, las circunstancias fueron totalmente diferentes.

Las reglas del Derecho establecidas en el Tratado de Washington de 1897 fueron elaboradas unilateralmente por un tribunal que ni él mismo se ajustó, al excederse en su pronunciamiento, además de haber procedido deliberada e infamemente al engaño del Estado venezolano en lo que corresponde a la cláusula de prescripción, y es por ello, que la sentencia del Laudo Arbitral de París de 1899, no puede ni debe ser reconocida por Venezuela ni tampoco por la Corte Internacional de Justicia, al dictarse a espaldas del Derecho, satisfaciendo intereses imperialistas de la Gran Bretaña del siglo XIX y lesionando el sentir de los venezolanos en cuanto su integridad territorial se refiere.

Venezuela tiene argumentos, evidencias y testimonios sobre la forma arbitraria y contraria al Derecho en que fue decidido el destino del espacio geográfico continental del Esequibo a través del Laudo de 1899, y la Carta de la Organización las Naciones Unidas, le ha permitido actuar en condiciones muy diferentes a las infortunadas del siglo XIX; sin embargo, la manipulación sustentada en el uso del poder y del interés como parte intrínseca y taxativa del hombre, de las naciones y de las organizaciones, ha generado drásticos cambios, colocando hoy en día en el tapete a petición de Guyana y con la participación del Secretario General de la ONU, la controversia territorial en un proceso judicial a través de la Corte Internacional de Justicia, quien ya dictaminó su competencia para dirimir sobre la demanda de Guyana en
cuanto a la validez o no del Laudo Arbitral de París de 1899, dando con ello la espalda a lo establecido en el Acuerdo de Ginebra de 1966, esperando el pronunciamiento de dicho organismo jurídico a raíz de las refutaciones de Guyana sobre las excepciones preliminares entregadas por Venezuela.

Las alternativas que se han propuesto con los cambios e ideología propia del siglo XXI, han colapsado al no encontrar hechos ni retóricas con valor agregado, que arrastren consigo las formas en que el Gobierno de Guyana ha expresado su punto de vista sobre el Laudo Arbitral de París de 1899, con alternativas no convincentes, ni en el campo político, ni social, ni en el pensamiento de los venezolanos, incluyendo a una parte significativa de los esquívanos.

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La reivindicación integral del espacio geográfico del Esequibo, sustentada en el Laudo Arbitral de París de 1899, requiere un proceso de reformulación de ideas sobre posibles alternativas, dado que el bloqueo de salidas transformadoras, ha obligado a complejizar la actuación de los Gobiernos de ambos países en cuanto a sus miradas bilaterales sobre los cambios necesarios a ser implementados, sin la coacción de una intervención injustificable por terceros actores, además de procurar nuevos criterios que justifiquen la investigación con nuevos elementos que acrecienten lo modos de expandir la dominación sobre el oponente en este litigio territorial, pero no, la componenda inclinada únicamente a satisfacer los intereses de Guyana, conllevó a tomar acciones mediante la participación del organismo jurídico internacional, con dependencia directa de la Organización de las Naciones Unidas. Es allí donde verdaderamente merma la confiabilidad certera en que se le haga justicia a Venezuela.

Particularmente Guyana, con la retórica asumida ante la comunidad internacional a partir del año 2015, mediante el uso del poder táctico ante Venezuela, y el cambio de su poder estructural que la ha favorecido con la participación e injerencia de otros gobiernos, para la exploración y explotación de recursos descubiertos en los espacios acuáticos del Atlántico, que le corresponden en esencia a la proyección de la tierra esequibense en el mar, ha generado la apertura de una coyuntura que dinamiza la necesidad de profundas revisiones y reflexiones que deben ser muy bien manejadas por el Gobierno de Venezuela, dado que a la nefasta sentencia del Laudo Arbitral de París de 1899, se le ha querido dar nuevamente en el siglo XXI, la fuerza necesaria que se incline a favor de Guyana, hecho que constituye una manipulación patética que el Gobierno de ese país desea exacerbar, ante la inminente falta de pruebas sobre la pertenencia del Esequibo, y en razón de ello, ha exteriorizado otros argumentos totalmente inválidos, actuando con apeno y exaspero, mientras que Venezuela ha mantenido visibles y muy claras, pero con una actuación un tanto pasiva, las evidencias históricas sobre la pertenencia legítima de su espacio geográfico integral en la zona oriental venezolana, que debe limitar ineludiblemente más allá de su frontera actual, agregando en principio toda el área continental que afirme “el sol que brilla sobre Venezuela, nace en nuestro Estado Esequibo”.