(Continuación)
Por: José Chachati Ata
La actuación de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia con la reciente presentación de las excepciones preliminares, como parte del proceso jurídico aceptado en el citado organismo durante el 2018 ante la demanda interpuesta por el Gobierno de Guyana contra Venezuela, a propósito de solicitar
la ratificación de la sentencia del Laudo Arbitral de París de 1899 y la definición de los límites entre ambos países, le ha dado un giro inesperado a la controversia territorial del espacio geográfico integral del Esequibo, no solo para el Gobierno del país vecino, Guyana, sino también para el mismo Tribunal Internacional de La Haya, quien por lo visto no esperaba el certero enfoque presentado, y por ende, ello incluye al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, así como también al Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y probablemente más adelante, a otros Gobiernos también como actores corresponsables.
En este contexto, la exposición realizada por Venezuela, desenmascaró multifacéticamente la estrategia jurídica presentada por el Gobierno de Guyana, aunado a la farsa orientada a la victimización de ese país frente a la comunidad internacional, utilizando su poder táctico y situacional en aras de desprestigiar a
Venezuela, siendo ello, la forma de acción que ha venido fraguando dicho Gobierno una y otra vez en contra del Estado venezolano, afectando frontal y desafiantemente la seguridad, defensa y desarrollo de todos los venezolanos mediante la fragmentación que le ha dado al Tratado de Ginebra de 1966, y para
ello, Guyana ha encontrado Gobiernos y organismos que se han inclinado abiertamente hacia ella, en son de favorecer sus propios intereses, apoyando y ocultando los pilares fundamentales que ha tratado Guyana a toda costa de impedir, para que éstos no salgan a relucir a flor de agua; y para ello, deben desentrañarse una y otra vez los hechos fundamentales que le otorgan hoy en día a Venezuela, las bases que giraron en torno al Laudo Arbitral de París de 1899, en el que Venezuela fue perversamente despojada de 159.542 kilómetros cuadrados, correspondientes al Territorio Esequibo, y que hoy en día, con la plataforma continental derivada y anexada de dicho espacio geográfico continental de acuerdo al Derecho del Mar, se estaría abarcando un promedio de casi 400.000 kilómetros cuadrados de territorio que continúa administrando el Gobierno de Guyana, pretendiendo ejercer la soberanía sobre este espacio integral como parte del territorio heredado de los ingleses en 1966.
La actuación del Tribunal de París fue totalmente develada a raíz del Memorándum escrito por el Abogado principal de los Jueces norteamericanos que representaron a Venezuela, Severo Mallet-Prevost, en el que señaló el concierto previo que llevó a la decisión unánime del nefasto fallo, en el que se señaló la aviesa, vil y desleal actuación del Profesor ruso Federico de Martens, como Presidente del Tribunal Arbitral, y el papel que jugaron los jueces norteamericanos representantes de Venezuela, por supuesto, con la ausencia de los venezolanos, habiendo sido ello una medida obligatoria exigida por los Jueces ingleses, siendo ellos los responsables de la ignición inicial que se propagó para dar cabida a la infausta, ilegítima y amarga decisión que arrojó dicho Tribunal. Paralelamente, en dicho Memorándum se mencionó las negociaciones e intereses creados entre rusos e ingleses, así como el acuerdo al cual llegaron para efectuar los canjes territoriales en diversos espacios geográficos, sumatoria de hechos que demostraron la forma escalonada en que Venezuela fue traicionada, lo cual incluyó ineludiblemente la aceptación de los representantes de Venezuela.
Y fue a raíz de dicha sentencia totalmente manipulada por el citado Tribunal de París de 1899, que posteriormente, el 2 de agosto de 1905, culminó la demarcación del lindero de Venezuela con la Guayana Británica, el cual, años después, permitió entender que ello fue producto de un Laudo ilegítimo, espurio y
falsificado en su sustento, en el que el Gobierno de Inglaterra, siendo la contra parte interesada, no permitió que Venezuela estuviese presente, por lo que se le obligó al Gobierno Nacional a nombrar representantes, que por sugerencia del propio General Benjamín Harrison, ex Presidente de los Estados Unidos de América, la defensa la ejerció el Escritorio de Derechos Internacionales del Jurista Severo Mallet-Prevost, siendo suscrito dos años después de la conformación de dicho Tribunal, el Acuerdo unánime que le despojó al Estado venezolano un territorio que ya se encontraba en los linderos correspondientes a la Capitanía General de Venezuela de 1777, y que había sido reconocido por España (Uti Possidetis Juris), siendo descubierto posteriormente que Inglaterra manipuló a través del geógrafo de origen prusiano, Robert Schomburgk, la elaboración de mapas con fines preconcebidos, cuya línea aparece descrita en cuatro trazados distintos, cuyas modificaciones fueron cambiadas progresivamente al oeste del río Esequibo.
En 1948, Severo Mallet-Prevost, dejó un documento para ser abierto después de su muerte, en el que relató las irregularidades de la que fuimos víctimas los venezolanos, durante el proceso que se manejó en el Tribunal Arbitral de París, por lo que el Gobierno venezolano hizo las reclamaciones pertinentes a través de la Organización de las Naciones Unidas, que condujeron posteriormente a través de una reunión acordada en Ginebra, a la cual asistieron Inglaterra y la Guayana Británica, para actualizar la discusión sobre los linderos de Venezuela, dejando atrás la fase inerte de “cosa juzgada” en la cual había permanecido el tema en cuestión. A ello ayudó por supuesto el Memorándum escrito por Severo Mallet Prevost, quien certificó en dicho documento que a Venezuela se le arrebató un territorio “sobre el cual Gran Bretaña no tenía la menor sombra de derecho”, hecho que demuestra la traición puesta sobre el tapete de quienes participaron en el proceso de toma de decisiones de dicho Tribunal.
El Juez principal de dicho Tribunal como se mencionó anteriormente, fue el Profesor de origen ruso Federico de Martens, quien además de ser un jurista de renombre, se desempeñaba como Docente en la Cátedra de Derecho Internacional en San Petersburgo, además de haber escrito numerosas obras, entre las cuales, se encontraba la publicación del Tratado de Derecho Internacional, cuya vigencia imperaba en aquel momento y cuyas cláusulas debían observarse para dar validez a los convenios entre Estados; adicionalmente se corroboró que también fue miembro del Consejo de Relaciones Exteriores de Rusia.
En el Memorándum escrito por Severo Mallet-Prevost, éste señalaba al Juez David Josiah Brewer, como Juez norteamericano representante de los intereses de Venezuela, quien le manifestó a Severo Mallet-Prevost la propuesta del Presidente del Tribunal de París, Federico de Martens, en el que se manifestó
textualmente lo siguiente:
…es inútil continuar por más tiempo esta farsa, pretendiendo que nosotros fuimos jueces y Ud. Abogado. El Magistrado Fuller y yo hemos decidido revelarle confidencialmente lo que acaba de pasar. De Martens ha venido a vernos y nos informa que Russel y Collins –jueces ingleses- están dispuestos a decidir en favor de la línea Shomburgk, que, partiendo de Punta Barima en la costa, daría a Gran Bretaña el control de la Boca principal del Orinoco, y que si nosotros insistimos en comenzar la línea partiendo de la costa en el río Moroco, él se pondrá del lado de los británicos y aprobará la Línea Shomburgk como la verdadera línea frontera. (el subrayado es nuestro)
Adicionalmente, el Memorándum de Severo Mallet-Prevost añadió: “Martens estaba ansioso de lograr una sentencia unánime, y si aceptamos la línea que propone, él obtendría la aquiescencia de Lord Rusell y Lord Collins (representantes ingleses) a fin de llegar a una decisión unánime” (el subrayado es nuestro). Era obvio que para el Profesor Martens, lograr alcanzar una decisión unánime, sería prácticamente el fin rotundo de la discusión y de la decisión a tomar, dado que no habría basamento de debate o litigio alguno sobre otro punto de vista distinto a la decisión tomada. De hecho, en uno de sus tratados de Derecho Internacional, el Profesor De Martens establecía que solo la unanimidad, le daría fuerza legal a una sentencia. Y como tal, éste expresaba:
“…Lo que la mayoría decide no es absolutamente obligatorio para la minoría; someter ésta a la autoridad de aquella, sería violar el principio de independencia de los Estados. Los esfuerzos deben dirigirse a conseguir que la minoría desista de su posición y se ponga de acuerdo con la mayoría. Si no se obtiene la unanimidad, no se habrá conseguido el fin de la reunión, que debe considerarse fracasada […] la negativa de ratificación restablece las cosas al statu quo ante”. (el subrayado es nuestro)
Todo hasta aquí suena muy inteligente y plausible como estrategia, pero no debe obviarse que el Profesor De Martens actuaba también al servicio de Inglaterra, por lo que el cambio de lo correcto a lo conveniente se forjó cuando éste se fue por unos días a Londres con los jueces ingleses, y de allí, en ese vacío de información se forjó un cambio tendiente a la necesidad de fortalecer el concepto de la unanimidad que éste había escrito anteriormente, pero por supuesto, tomando en cuenta también que para ese momento histórico, Inglaterra manifestaba algunas exigencias a Rusia, que el propio Profesor De Martens manejaba a conveniencia de los intereses rusos y también suyos, en el que las negociaciones entre Rusia e Inglaterra sobre diversas áreas geográficas, se centraron en el manejo de dominios territoriales, y ello es una verdad histórica reconocida y demostrada históricamente. Verbo y gracia, Gran Bretaña le cedió a Rusia el paso por Afganistán, mientras que se negoció como compensación el Territorio Esequibo a favor de Inglaterra, arrastrando a tal decisión, el voto obtenido bajo presión atropellante de los jueces norteamericanos americanos, quienes representaban a Venezuela en ese entonces.
Anteriormente a la conformación de este Tribunal de París, el General Daniel O¨Leary, ex Edecán del Libertador Simón Bolívar, había sido enviado como representante de Venezuela ante Gran Bretaña, y fue él quien alertó al Gobierno de Gran Bretaña posterior a la muerte del Libertador, sobre la importancia y
ventaja estratégica que representaba Punta Barima como área geográfica trascendental para el acceso de Inglaterra al continente suramericano, cuya carta es pública y se encuentra también en los anexos del Libro Titulado “La Daga de la Corte Internacional de Justicia sobre el Esequibo”, y hoy en día, los venezolanos le hemos honrado a dicho Edecán con una plaza que lleva su nombre en el centro de la capital. Y aún existe como sitio emblemático en El Silencio de Caracas.
Y resulta que llegamos al año 2022, con un Tratado de Ginebra de 1966, que había sido firmado por Venezuela, Gran Bretaña, y luego de su independencia, por Guyana, en el que Venezuela se ha mantenido ajustada a lo establecido en dicho Tratado, mediante la búsqueda de una solución aceptable, práctica y satisfactoria para ambas partes, Gran Bretaña ha intentado lavarse las manos sin tener abiertamente ninguna participación, y Guyana traicionó su compromiso con el Tratado, dándole la espalda a dicho Tratado, a raíz de las licitaciones indebidas que han sido otorgadas y el descubrimiento de petróleo existente en la cuenca del Atlántico, por lo que a raíz de todo cuanto ha venido sucediendo y viéndose además que la participación de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia fue una clara y rotunda estocada para Guyana, éste último ha lanzado en una actitud desesperada y desafiante a la vez,
orientando esfuerzos políticos y geoeconómicos hacia la primera ronda de licitaciones para explotar yacimientos de petróleo, en el que se prevé que las empresas petroleras que resulten ganadoras, pagarán una reserva de 20 millones de dólares por el derecho a explotar yacimientos en aguas profundas, y 10
millones de dólares para los que se ubican en aguas poco profundas. En este contexto, el Presidente guyanés, Irfaan Ali, dijo en un claro desafío al Tratado de Ginebra de 1966 y a los venezolanos ante la reclamación del Territorio en disputa, que se espera adjudicar once bloques de explotación en aguas poco profundas y otros tres en aguas profundas y ultraprofundas antes del 31 de mayo del 2023, recordando que hasta ahora se había concretado un solo descubrimiento, pero ahora van treinta con un estimado de 11.000 millones de barriles equivalentes de petróleo, y actualmente se producen 360.000 barriles diarios de los pozos Liza 1 y Liza 2.
Y es aquí donde dejo una reflexión adicional para los lectores, y le pregunto nuevamente al Gobierno venezolano ante la actuación de su paralelo en Guyana, actuando éste último cual presa herida ante los eventos ocurridos en la Corte Internacional de Justicia, en la que requiere refugiarse obligatoriamente en su madriguera, tal como lo hace por instinto y estratégicamente una fiera herida, que en este caso, lo hace generando desde el país vecino la apertura de la licitación petrolera, para tener así gobiernos y empresas adeptas que le permitan conformar un bloque pro defensa de los intereses de Guyana por
razones obvias contra Venezuela, mientras se recupera y restablece su próxima estrategia, que de seguro irá acompañada con grises y turbios discursos cual Estado profundo, ¿cuál será la posición, reacción y actuación de Venezuela ante estos eventos que atentan una vez más contra la paz y seguridad de la región y del país, resquebrajando los principios esenciales de nuestra seguridad, defensa y desarrollo integral de la Nación, así como de nuestra integridad territorial, para poder apuntalar en el corazón de cada connacional y con el más profundo sentir, que “el sol que brilla sobre Venezuela, nace en nuestro
Estado Esequibo”?
Por: C/A (r) Dr. José Chachati Ata
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