(Continuación)
Por: José Chachati Ata
Deliberar una decisión por parte de la Corte Internacional de Justicia en un período de tiempo transcurrido desde la intachable, sólida y obvia sustentación realizada por Venezuela ante el citado organismo jurídico el pasado mes de noviembre 2022, como parte del Derecho de uso de las excepciones preliminares, en la que se refutó abiertamente la insostenible demanda introducida por Guyana contra el Estado venezolano, genera una razonable comprensión evaluativa y aceptable hasta cierto punto, pero a la vez, da mucho que pensar en cuanto a lo que hemos venido señalando en el tiempo como alerta de primer orden, al referirnos a la escabrosa confiabilidad sobre la decisión que pudiese adoptar la Corte de La Haya, y más aún, cuando ello debe abarcar incluso la tendencia errónea, a mi criterio, sobre el pronunciamiento que había establecido el citado organismo jurídico una vez que el Gobierno de Guyana introdujo la engañosa y manipulada demanda desde el 2018, sin olvidar por supuesto, que la chispa de la seta encendida en la respectiva cámara fue crispada unilateral y arbitrariamente por el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, sin el consentimiento de Venezuela, favoreciendo únicamente los intereses de Guyana, y a la vez, el mencionado Tribunal Internacional con el caso del litigio territorial del espacio geográfico integral del Esequibo, en sus manos, es una organización que depende directamente de la Organización de las Naciones Unidas, y le rinde cuentas anualmente de su gestión.
Pero colateralmente, también es conocida la estrecha correlación que existe entre la propia Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.) con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (O.T.A.N), en el que los Gobiernos del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y de los Estados Unidos de América, ejercen una frontal influencia sustentada obviamente en sus propios intereses geopolíticos, geoestratégicos y geoeconómicos, en el que el primero de los mencionados, generó un fraude total en el siglo XIX, que terminó con la nefasta sentencia del Laudo Arbitral de París de 1899, y el segundo de ellos, actuó como Juez representante aceptado sin alternativa por Venezuela, pero no defendió cabalmente los intereses del país, demostrando sensibles debilidades que terminaron aceptando la decisión que se había preparado entre el Gobierno de Rusia e Inglaterra en aquel entonces. Y precisamente, Rusia, fue el país que tuvo al Juez Principal del Tribunal que se inclinó indebidamente en contra de los intereses de Venezuela, favoreciendo la negociación realizada para la entrada de Rusia por Afganistán, a través de los espacios controlados por Gran Bretaña a cambio del Esequibo, en favor de lo que conformó indebidamente la Guayana Inglesa, sumatoria de hechos que se exacerbaron con el posterior Memorándum escrito por Severo Mallet-Prevost y la firma del Tratado de Ginebra de 1966, en el que se partió de la nulidad del Laudo Arbitral de París de 1899, y del entendimiento para alcanzar una solución aceptable, práctica y satisfactoria, que el Gobierno de Guyana firmó luego de su independencia, con los Gobiernos de Venezuela y Gran Bretaña, y hoy por hoy, pretende desconocer mediante el uso de su poder táctico y situacional ante la comunidad internacional, intentando desviar su corresponsabilidad sobre este particular, en el que además, ha mentido cínica y descaradamente, pretendiendo diluir su responsabilidad involucrando a terceros países, engañando una y otra vez a éstos, mientras se victimiza como pobre país que enfrenta una reclamación proveniente del supuesto abuso cometido por este país imperialista llamado Venezuela.
En definitiva, ya esta fase de seguir mintiéndole al mundo, se le acabó al Gobierno de Guyana, sin embargo, aún hoy en día se tienen que considerar otras variables de las cuales Venezuela debe manejarse con mucha prudencia, dado que la Corte Internacional de Justicia tendrá con elevada probabilidad de aceptación, que inclinarse a la realidad presentada por el Estado venezolano, en el que la presencia de Gran Bretaña y no la de Guyana, es la que se corresponde en este caso, considerando que Guyana no existía al momento de la sentencia del Laudo Arbitral de París de 1899; pero también por intereses propios del Tribunal Internacional de Justicia y del mismo Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, buscarán justificar si el marco jurídico así lo permite, el darle continuidad al proceso del litigio a través del mencionado organismo internacional, y para ello, con elevada probabilidad de certeza, se están buscando los mecanismos apropiados que le resten fuerza a la exposición y razonada posición venezolana, que abrió las puertas hacia una sólida esperanza por recuperar lo que es parte de la Patria liberada por nuestros Próceres, y por lo tanto le pertenece al gentilicio nacional.
Es por ello, que la Corte Internacional de Justicia buscará justificar a como dé lugar, su continuidad en el proceso, y ello pudiese ser la razón de peso que prevalece actualmente para emitir el esperado pronunciamiento jurídico, y para Venezuela, por los antecedentes manejados desde el arbitraje de 1899, consolidados con las posteriores revelaciones dadas a conocer en 1948, se mantiene una abierta desconfianza sobre los mecanismos jurídicos establecidos como medios de solución pacífica de controversias, por lo que ha sido muy cautelosa en no ratificar ningún Tratado que contemple como recurso a uno de estos dos mecanismos (arreglo judicial o el arbitraje), con excepción: al arbitraje de inversión.
En este contexto, no debe olvidarse que la demanda de Guyana contra Venezuela, interpuesta en marzo del 2018, había presentado como sustento para la competencia jurídica de la Corte Internacional de Justicia, la comunicación emanada del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, la cual había sido dada a conocer dos meses antes, es decir, en enero del 2018, en la que éste sugería con base al Tratado de Ginebra de 1966, a que ambos Estados sometiesen el litigio territorial al Tribunal Internacional de La Haya. Una verdadera componenda que se manejó en definitiva a espaldas de Venezuela, dado que se hizo sin su consentimiento, así como se manejó también a espaldas del Tratado de Ginebra de 1966, dado que una decisión a ese nivel, rompería con las posibilidades de alcanzar una solución práctica, aceptable y satisfactoria para ambas partes, y no para una de ellas como lo ha hecho el país vecino, hecho que demuestra la mala e inadecuada interpretación realizada por el Gobierno de Guyana y el Secretario General de la O.N.U., incidiendo ello sobre los derechos del pueblo venezolano.
La presentación realizada por Venezuela ante el citado organismo jurídico, adhiere otras variables en esta nueva fase, al declararse inadmisible la demanda de Guyana por el caso del Esequibo, considerando que es Gran Bretaña y no Guyana quien debió ser parte indispensable para dirimir el tema de la disputa sobre el espacio geográfico integral del Esequibo, aunado a que por cuanto fue el Gobierno del primero de los citados, quien participó en la sentencia del Laudo Arbitral de París de 1899, además que el Tratado de Ginebra de 1966 fue acordado primero con el Gobierno de Gran Bretaña, adhiriéndose Guyana posteriormente, y en este contexto, al haberse conformado este vacío, no se reconoce la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia.
Ampliar un poco más este contexto sobre quienes tomaron la decisión de haber actuado en contra de Venezuela, aprovechando la ausencia forzosa de ella, siendo Gran Bretaña la manipuladora del caso, implica señalar como ya lo hemos venido exponiendo en diversos artículos anteriores, así como en el libro titulado “La Daga de la Corte Internacional de Justicia sobre el Esequibo”, la manera como el Reino Unido de Gran Bretaña en persecución de las riquezas allí existentes, se fue apropiando indebidamente de ese territorio, presentando mapas falsificados que contenían líneas fronterizas a su favor, además de haber impuesto que las mismas no serían objeto de negociación, ya que serían defendidas mediante el uso de la fuerza si fuese necesario, confirmando con ello la avidez, apetencia y ambición del imperio británico en ese entonces.
Adicionalmente, es necesario subrayar la forma como ha venido actuando el Gobierno de Guyana ante la comunidad internacional y el Tribunal de La Haya, pretendiendo lavar la responsabilidad de Gran Bretaña, además de haberse violado el Acuerdo de Ginebra de 1966, desde que se descubrió el petróleo en la plataforma continental, lo que ha despertado más aún la voracidad de Gobiernos y empresas trasnacionales que laboran en el área energética, sin dejar de lado las actividades unilaterales que se desarrollan en el área de la minería, cuyo beneficio ha sido de provecho único del Gobierno de Guyana; adicionalmente, hay que tomar en consideración la inseguridad jurídica existente sobre dichos contratos, por lo que el país vecino deberá confrontar posibles demandas y responsabilidades en un futuro cercano, por mentir, otorgar licitaciones inválidas, y extraer recursos que no le pertenecen, claramente establecido ello en el mismo Tratado de Ginebra de 1966.
Aun cuando Guyana aplica por ahora la misma estrategia que ha venido utilizando, la cual se ha basado en acobijarse bajo los pantalones de otros países, acción que se corrobora como se había señalado la semana pasada, con la actuación de una fiera herida desde su refugio (país), tal como lo ha hecho recientemente con Gran Bretaña, a propósito de fortalecer las acciones geoeconómicas en materia energética a partir del año 2023, desconociendo con ello ambos Gobiernos, la corresponsabilidad establecida en el Tratado de Ginebra de 1966, de la cual, ambos países son firmantes, Venezuela mantiene su lineamiento en cuanto a que se respete el Acuerdo firmado en Ginebra, y se opte más bien por inclinarse hacia el diálogo directo entre las partes, de manera que ello contribuya a fortalecer las relaciones actuales, por cierto un tanto deterioradas y acompañadas con una demanda de por medio sustentada en el falseo de la realidad; adicionalmente, un diálogo directo entre ambos países coadyuvaría a fortalecer la paz regional, la legalidad internacional y la estabilidad política de la región.
Lo cierto de todo, es que las acciones de Venezuela no pueden visualizarse como estrategia utilizada para seguir corriendo la arruga (impresión que me he llevado por acciones y palabras obtenidas de diversos actores, posterior a la exposición realizada por Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia), sino como la carta que debió colocarse hace tiempo sobre el tapete de la mesa de entendimiento, porque estamos muy claros que la verdad, las pruebas irrefutables, los mapas falseados, las cartas escritas, y los procesos utilizados, acompañan sin titubeo alguno a Venezuela, y por ello, Guyana necesita evadir a como dé lugar todos estos parámetros que no tiene como refutarlos, debiendo utilizar artilugios colaterales, diluidos en posiciones e intereses de otros países, de manera que pueda mantenerse compartiendo su problema con la comunidad internacional, y evadiendo su responsabilidad de la que no tiene escapatoria, porque más temprano que tarde, dicho territorio retornará nuevamente a manos de su legítimo dueño, en el que los venezolanos podremos manifestar que “el sol que brilla sobre Venezuela, nace en nuestro Estado Esequibo”.
Por: C/A (r) Dr. José Chachati Ata
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