(Continuación)
Por: José Chachati Ata
A mediados del mes de marzo del 2023, luego de la visita realizada por el Gobierno británico a Guyana, varios Parlamentarios provenientes del Gobierno de los Estados Unidos de América, realizaron también la visita al país vecino, a propósito de tratar temas relacionados con el ámbito energético, hecho que se generó antes de llevarse a cabo la subasta que el Gobierno guyanés tiene previsto efectuar este año, mediante un proceso de licitaciones correspondientes a catorce (14) bloques ubicados en los espacios acuáticos, en el que están involucradas al menos diez (10) empresas. En este contexto, los Parlamentarios norteamericanos se reunieron con las autoridades y empresarios de la empresa petrolera ExxonMobil, a fin de tratar temas relacionados con la gobernabilidad, así como la importancia de la cooperación bilateral y económica, en el que se abordaron cuestiones relacionadas con los aranceles y la política de comercio internacional.
Adicionalmente, la delegación del Congreso norteamericano visitó varias instalaciones petroleras y gasíferas, en el que por los momentos la manejan un consorcio de empresas, siendo estas Exxon, Hess y CNOOC, quienes llevan a cabo la exploración y explotación del bloque Stabroek. Y yo me pregunto dónde quedaron las acciones tanto diplomáticas como militares disuasivas del Gobierno venezolano, incrementando la presencia naval y aeronaval en el área correspondiente a los espacios acuáticos en reclamación? Y las continuas notas de protesta ante estas iniciativas que lesionan continuamente los intereses de Venezuela en el ejercicio de su soberanía, al igual que el compromiso obligante establecido en el Acuerdo de Ginebra de 1966, ¿de qué tanto han servido hasta ahora?
A como dé lugar, Venezuela en todo momento debió y debe hacer valer la vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966, como única vía para llegar a una solución aceptable, práctica y satisfactoria sobre el litigio territorial. Y a pesar de las excepciones preliminares expuestas por Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia, desde el pasado 17 de noviembre del 2022, en el que ratifico una vez más desde mi punto de vista, que dicho organismo jurídico internacional ha buscado debilitar la posición venezolana ya expuesta, esperando instrucciones del Secretario General de la ONU, y éste a la vez de los Gobiernos pertenecientes a concretas potencias del primer mundo, para determinar la inclinación de la decisión a tomar, previa sustentación jurídica de los posibles alegatos a presentarse como objeciones al enfoque venezolano, en el que fue requerida la participación obligante de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, recordándole tanto al Gobierno de ese país, como al de Guyana y a la propia Corte Internacional de La Haya, que si revisamos además el título del Acuerdo de Ginebra de 1966, éste dice textualmente “Acuerdo para resolver la Controversia entre Venezuela y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre la Frontera entre Venezuela y Guayana Británica”, por lo que no es de la República Cooperativa de Guyana, y con base a todo ello, mientras no se demuestre lo contrario, la credibilidad y confiabilidad de dicho organismo jurídico lo pongo sin duda alguna en tela de juicio.
Ahora bien, como este tema es un asunto de Estado y no de Gobierno, el dicho que reza “ni lava ni presta la batea”, es perfectamente aplicable a la tendencia inadecuada que vive actualmente Venezuela en cuanto a la confiabilidad que está otorgando la empresa estatal PDVSA y el contexto que envuelve el proceso de explotación y comercialización del petróleo nacional ante los ojos del mundo, hecho que luce por un lado, un tanto incongruente, y por el otro, incompatible con las realidades y demandas que se requieren en el ámbito mundial, a raíz del nuevo orden mundial que emergió a partir del conflicto entre Rusia y Ucrania, y ello sin querer inmiscuir bajo ningún concepto el tema político-financiero que ha estado en las primeras páginas de la prensa nacional e internacional.
Esta tendencia que en lo particular luce un tanto de insensata e inestable que viene arrastrándose por años en Venezuela, debe llegar en definitiva a un punto final, dado que el manejo efectuado durante varios años, no demuestra confianza ni destreza, así como tampoco disposición ni acierto en las decisiones y acciones tomadas, hecho que le permite a las grandes empresas petroleras internacionales, voltear la mirada estratégica en materia energética hacia la región Atlántica, y Guyana se ha venido aprovechando perversamente de estas fallas y tendencia venezolana, fortaleciendo su poder situacional como administradora del espacio geográfico integral del Esequibo (lugar de vida), todo ello a costillas de la calidad de vida del gentilicio nacional como comunidad de vida, que tanta falta le hace hoy en día al pueblo de Venezuela, aunado a las sensibles fallas que se avizoran en el manejo de la política exterior respecto al ámbito energético. Y es que acaso se le olvidó al Estado venezolano que la Defensa Integral del país, se sustenta fundamentalmente en la plataforma de estos tres factores antes señalados, y sin ello, el contexto del Desarrollo Integral y la Seguridad de la Nación seguirán flaqueando?
En paralelo a lo antes señalado, la posición disuasiva pero provocadora tanto de los Gobiernos de Gran Bretaña como de los Estados Unidos de América con la presencia de éstos en Guyana, llegando éstos con diferencias en espacio de tiempo equivalente a once días entre uno y otro, debe llamarnos poderosamente la atención con la necesidad urgente de tomar decisiones adecuadas, dado que están enviando un claro mensaje e intentando pisar los talones de Venezuela, demostrando un irrespeto total con la evasión de Gran Bretaña a lo establecido en el Acuerdo de Ginebra de 1966, al manifestar su desinterés en los asuntos relacionados con la frontera actual de Guyana con Venezuela, y con la corresponsabilidad moral que tiene el Gobierno de los Estados Unidos de América con Venezuela, al haber actuado como representante de nuestros intereses en el Tribunal que sentenció el viciado, manipulado, írrito y nefasto Laudo de París de 1899, y que hasta hoy no ha tenido un frontal pronunciamiento, a pesar del Memorándum escrito por Severo Mallet-Prevost como abogado norteamericano que defendió los intereses de Venezuela en 1897 hasta la sentencia del Laudo Arbitral de París de 1899, desenmascarando posteriormente la realidad con la que se manejó el fraudulento Tribunal.
Adicionalmente, la Corte Internacional de Justicia se suma al juego estratégico anterior, con su silencio manipulador ante una verdad que grita en todos los medios, en el que se ha demostrado y reafirmado ante el mundo, el por qué Venezuela no ha asistido a instancias judiciales, considerando la poca credibilidad de dicho organismo jurídico internacional, por lo que podría señalarse que éste tiene ya su pronunciamiento preparado para exponer su sentencia, quemando tiempo en espera de instrucciones provenientes de instancias superiores, hecho que demostraría al momento de su actuación la inconcebible deontología manejada, carente de ética, y por ende, de baja confiabilidad en éste máximo organismo jurídico.
Y por otro lado, los que se hacen llamar países aliados de Venezuela, y que se han aprovechado de las riquezas y recursos existentes, incluyendo a los países del primer mundo, en dónde quedó el supuesto apoyo y solidaridad que deberían mostrar mediante acciones y presiones en el ámbito internacional, en el que debieron y deben moralmente brindarle a todos los venezolanos? Pero también me pregunto ¿por qué aún persiste Venezuela en mantenerse con tanta pasividad? Ello, indiscutiblemente da mucho que pensar y decir, por lo que desde ya, debería utilizarse el poder estructural y situacional que posee Venezuela, para exigirle a todos los aliados la adopción de una posición clara al tema en cuestión, sin evasivas ni dualidades de interpretación, incluso también, como lo manifestó recientemente el Capitán de Navío Julio Peña Acevedo en conferencia sobre el asunto que nos compete, en el que recomendó sobre la exhortación a la Cancillería venezolana para redactar una carta dura y contundente, que le haga recordar al Gobierno británico, quien forma parte del Acuerdo de Ginebra de 1966, en el que la reciente visita efectuada a Guyana, además de imprudente y provocadora, no ayuda en absoluto en mantener la mayor medida posible de cooperación y mutuo entendimiento en la búsqueda de soluciones satisfactorias para el arreglo practico de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido.
Dicha recomendación se acompañó también con la exhortación al Ejecutivo Nacional, para iniciar una campaña mediática que coadyuve a la creación de conciencia en el gentilicio nacional y de conocimiento para la comunidad internacional, sobre la posición venezolana en relación a las objeciones preliminares, con el objeto de reforzar la postura adoptada ante la Corte Internacional de Justicia, sobre la presencia del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte como esencial para la validez de la causa.
Recordemos que los argumentos iniciales para la no intervención de Venezuela en el juicio manejado por el organismo jurídico internacional, se sustentaron en mantener la posición geohistórica que le asiste como Estado soberano, aunado al NO reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, dado que con la manipulación del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, a favor de los intereses de Guyana, no se consintió bajo ninguna circunstancia, que Venezuela se sometiese voluntariamente a la vía del arreglo judicial. Adicionalmente, a Venezuela no se le podía imponer la participación obligatoria en la Corte Internacional de La Haya, como mecanismo para dirimir la disputa territorial con Guyana, dado que no se han ratificado los Tratados sobre la jurisdicción del mencionado organismo, adjudicándole a éste el medio de solución de sus controversias territoriales y limítrofes.
Es por todo lo anteriormente señalado, que el Estado venezolano debe luego de la exposición de las excepciones preliminares, seguir invocando la validez del Acuerdo de Ginebra de 1966, vigente entre Venezuela, Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Guyana, y al no ser signatario del Estatuto del Tribunal Internacional, haciendo referencia a los artículos 36, 37 y 40, al igual que su Reglamento, puede continuar señalando la inmunidad de la pretendida y manipulada jurisdicción de la Corte; sin embargo, al haberse adentrado en las excepciones preliminares iniciadas el 17 de noviembre del 2022, esperando hoy en día el pronunciamiento ante esta nueva posición venezolana, queda en espera la nueva decisión de Venezuela sobre la participación o no en el litigio respectivo, que sería manejado sobre el asunto de fondo por la Corte Internacional de Justicia, dependiendo por supuesto de la inclinación que adopte ésta en el marco de una verdadera justicia, ética y equidad, sabiendo de antemano que el Derecho le asiste en todas sus aristas a Venezuela, y no a Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y mucho menos a Guyana, por lo que debe ratificarse sin dudas de ninguna naturaleza, que “el sol que brilla sobre Venezuela, nace en nuestro Estado Esequibo”.
Por: C/A (r) Dr. José Chachati Ata
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