Un grupo de familiares y abogados de presos políticos denunció ante el Ministerio Público las irregularidades cometidas en los juicios y casos controlados por el juez José Mascimino Márquez. Actualmente procesado por presunta corrupción.
Bajo su cargo como juez contra terrorismo, José Mascimino Márquez conoció de 56 casos de presos políticos militares y de 69 civiles detenidos por estas mismas razones.
En la mayoría se registraron presentaciones extemporáneas de los detenidos, la negación de expedientes o recursos a la defensa privada, así como dilaciones injustificadas dentro del proceso judicial
Desde la sede del MP, en Parque Carabobo, la abogada Theresly Malavé explicó que, según los datos de al menos cuatro ONG, el juez Márquez llevaba un elevado porcentaje de los casos que involucran a presos políticos en todo el país.
A juzgar por lo dicho por la abogada Theresly Malavé, directora de la ONG Justicia y Proceso Venezuela, Márquez llevaba el 40% de los casos de los 317 presos políticos que ellos tienen registrados, “Márquez ingreso al poder judicial el 2020 y, desde ese mismo momento, fue uno de los factores importantes para aplicar el patrón de violación de los DDHH impuesto por el gobierno en contra de los presos políticos. Patrón al que ayudó, colaboró y lo perfeccionó y, no conforme con ello, a todas las personas que estaban bajo su orden les profirió amenazas de tortura”.
En comunicación entregada en la Fiscalía General de la República, se exige a Tarek William Saab que investigue todas las violaciones al debido proceso y a los DDHH de los presos políticos juzgados por José Mascimino Márquez
En el reclamo ante el fiscal William Saab participaron personas de Barinas, Monagas y otros estados del país, y todas exigían que el referido juez fuera investigado y juzgado por las repetidas denuncias «que se le han hecho aquí por violación al debido proceso, por violaciones a los DDHH, algo que nunca ha ocurrido, a pesar de las reiteradas denuncias de abogados y familiares de los detenidos».
Malavé señala que, así como Márquez esperaba órdenes para decidir “y las cumplía”, hay otros jueces que están esperando sus respectivas órdenes. “Lo que deciden no está ajustado a derecho. Exigimos la libertad de todos los presos y que antes sean sometidos a exámenes médicos según el protocolo de Estambul”.
La detención del juez José Mascimino Márquez se debe a su decisión de liberar a Oswaldo José Cheremos Carrasquel, quien supuestamente integra la banda conocida como Tren del Llano y quien habría afirmado que pagó para obtener la medida de juicio en libertad.
«Verdadera justicia» para los presos políticos
Varios familiares de presos políticos expusieron sus casos, donde los une el elemento común de detenciones arbitrarias, denuncias de torturas no atendidas e irregularidades en los juicios.
Tal es el caso del capitán de la Guardia Nacional Leonard Briceño Vivas, involucrado bajo delación en la operación Gedeón. Su madre Rosalba Vivas comentó que a su hijo le ordenaron trasladarse desde Socopó, estado Barinas, hasta Caracas para unas presuntas averiguaciones y lo dejaron detenido.
«El mismo juez Márquez dijo ante fiscales y familiares en la audiencia preliminar del teniente Richard Alemán, bajo torturas, que si acusaba a un grupo de militares, entre ellos su hijo, quedaría en libertad pero no lo hicieron», señaló Vivas. Su hijo no solo sufrió torturas físicas, sino violencia psicológica, negación de alimentos y atención médica durante el año que estuvo recluido en los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Rosalba Vivas pide que el fiscal Tarek William Saab atienda las denuncias de los familiares de presos políticos
Luego fue enviado al Centro de Procesados Militares de Los Teques, mejor conocida como la cárcel de Ramo Verde. «Pido que se revise la situación de lo que está pasando en el juicio, no se han presentado pruebas contra ninguno de estos muchachos, ni siquiera contra los anteriores. Hay una violación en flagrancia de los derechos humanos, porque no solamente él está preso. Nosotros también. Él es un hombre casado, con un hijo pequeño», solicitó su madre.
Mientras que Eglis de Parada, esposa de Enrique Parada, denunció que lleva tres años preso en la cárcel de La Pica, estado Monagas, por el supuesto atentado contra el diputado oficialista Diosdado Cabello.
Contó que su esposo, un exfuncionario de la Dgcim, fue apresado el 24 de abril de 2020 en Caracas y trasladado a Monagas por esta acusación. «Se lo llevaron sin orden de aprehensión ni nada, nos enteramos un día después, fue presentado en tribunales de forma extemporánea y se lo llevaron a Maturín . Ese día se entera de qué lo estaban acusando».
«Todavía, tres años después, no sabemos por qué lo acusan. Trataron de quitarnos 60 mil dólares de los que no disponíamos. En vista de que no se los dimos, a él se lo llevaron. Ha tenido dos juicios, el primero lo suspenden con 21 audiencias, el único actuante dijo que no recordaba el caso. Comienza este segundo juicio, se presentaron todos los testigos de la defensa y cuatro de la Fiscalía, dos dicen que no recuerdan el caso, otros dos no hacen referencia al caso o los muchachos. Los otros testiugos, la Fiscalía se niega a ubicarlos o citarlos», explicó.
Libertad para los dirigentes sindicales
Eduardo Torres, es el representante de Emilio Negrín, presidente de la Federación de Trabajadores Tribunalicios de Venezuela, detenido por defender DDHH laborales. Habla también en nombre de otros cinco dirigentes sindicales, a quienes acusaron de conspiración y asociación para delinquir. “No estaban conspirando, estaban en las protestas por la defensa de los salarios y las pensiones, y no estaban asociados para delinquir, la mayoría de ellos pertenecen a centrales sindicales, tanto de la CTV, como Codesa y ASI”, precisa Torres.
Los casos fueron ventilados ante el juez José Mascimino Márquez, quien avaló que las detenciones se produjeran “sin orden de allanamiento, sin orden de detención. Nos negó las copias del expediente, no aceptó lo alegatos y medios de prueba que promovimos y, además, no controló la acusación fiscal”.
Todas estas irregularidades deben ser investigadas por la fiscalía, reitera Torres, quien lo exige a pesar de tener claro que las mismas se cometieron con el aval de los fiscales que participan en los casos. “Le estamos exigiendo a Tarek William Saab, como representante de una de las ramas del Estado venezolano, que asuma su responsabilidad y actúe para que se declare la nulidad de todas las infames acusaciones contra los presos políticos, que se investiguen todas las irregularidades que se han cometido en estos juicios. Lo que ha ocurrido en estos casos es lo que vienen denunciando la Corte Penal Internacional, la fiscalía de la corte y la Misión de Determinación de los Hechos”.
Vía: Tal Cual y Contrapunto
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