(Continuación)
En el marco de la apertura tecnológica con la inteligencia artificial IA, el suscrito en el transcurso de esta semana abrió Google a propósito de conocer el manejo que se le estaría dando al tema sobre el Esequibo, por lo que ingresó a la web “Bard” solicitando la información respectiva, y obtuvo como resultado una amplia reseña, mas no sorpresiva, por la manipulación directa y tácita en su interpretación, que se encontró descrita sobre el tema objeto de estudio para quienes lo conocen, en el que se reafirma entre otras falsas afirmaciones, que el Territorio Esequibo le fue cedido a Holanda de parte de España en el siglo XVI, y Holanda se la vendió posteriormente a Gran Bretaña, pero Venezuela no ha querido reconocer dicha adquisición realizada por Gran Bretaña, cuyo espacio geográfico se reafirmó en favor de los ingleses con la sentencia del Laudo Arbitral de París de 1899. Por supuesto, no menciona en absoluto la sumatoria de acciones fraudulentas que se cometieron, ni las adulteraciones realizadas, y mucho menos el por qué verdaderamente Venezuela reclama dicho espacio geográfico.
Una IA al servicio de intereses perversos que se están promulgando en un campo abierto de conflictos y tensiones globales y regionales, utilizando el poder tecnológico con el fin de desprestigiar una vez más a Venezuela y victimizar a Guyana ante la comunidad internacional, por supuesto, con la ausencia absoluta de la corresponsabilidad británica.
En este contexto, me permito sugerirle de entrada a la Comisión de expertos que están manejando el caso, hacer uso también de la inteligencia artificial IA, sabiendo que existen diferentes plataformas disponibles para diferentes fines informativos y comunicacionales, como Chatgpt, Midjourney, Tome.app, Synthesia, entre otros, de manera que mediante una sustancial campaña informativa, se actualice con la verdad nomotética y ecuménica existente, la pertenencia de un territorio que le fue arrebatado a Venezuela en un nefasto Laudo llevado a cabo en París, en el año de 1899, al igual que todas las acciones realizadas hasta la actualidad, a propósito de neutralizar las pretensiones internacionales sobre el espacio geográfico integral del Esequibo, además de fortalecer la posición venezolana y generar la disuasión requerida a los Gobiernos, organismos internacionales y transnacionales que han venido actuando conforme a sus intereses y conveniencias, y no conforme a la realidad jurídica.
Recién celebrado hace días el aniversario de la independencia de la República Cooperativa de Guyana, aquel arreglo pacífico, práctico y satisfactorio para las partes establecido en el Acuerdo de Ginebra de 1966, mediante el uso de los mecanismos establecidos en el Artículo 33 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, dio un vuelco desde el año 2018 mediante la decisión unilateral del Secretario de la ONU y de la inmediata demanda introducida por Guyana contra Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia.
Por lo que la Cancillería venezolana invitó una vez más al Gobierno de Guyana a reanudar el proceso de entendimiento bilateral, hecho que no es imposible hoy en día pero sí de muy baja probabilidad de ocurrencia, dado que sobre el tapete se juegan variables de primer orden que se han venido manejando en atención a los intereses derivados y enlazados al marco estratégico de este nuevo orden mundial, en el que los escenarios de mayor peso han venido apuntando a sensibles cambios que requieren la oportunidad y la prudencia de la política exterior venezolana, entendiendo que hay un efecto dominó que ha venido aglomerando a un conjunto de piezas de peso significativo, en el que intervienen diversos países, gobiernos y organismos internacionales, a propósito de abastecerse y controlar los recursos energéticos, minerales, forestales, hídricos, alimentarios y ambientales, mediante la manipulada implementación de políticas, tratados, acuerdos, intereses, tensiones, crisis, conflictos, negociaciones, entendimientos, conceptos estratégicos, amenazas y alianzas, entre otros.
Todos estos actores y factores en su conjunto y combinaciones respectivas, han requerido la estructuración multidisciplinaria de diferentes análisis y acciones orientadas al campo tecnológico, comunicacional, sistémico e integral, de manera que le otorguen un sólido cimiento al interés nacional en el marco de la seguridad, defensa y desarrollo integral de la Nación venezolana, a propósito de consolidar un posicionamiento adecuado y cónsono no solo con la realidad geohistórica, sino también con miras hacia el futuro venidero, para así poder proyectar no solo en el campo idealista, sino en la realidad de esta prolija y exuberante Nación, el sentido de integridad territorial correspondiente al espacio geográfico continental e insular de la Capitanía General de Venezuela de 1777.
Y así como el Gobierno de Guyana ha tenido un multifacético discurso con Venezuela ante el mundo, lanzando una y otra vez la piedra y escondiendo la mano, acto que ha constituido en el tiempo una conducta envuelta en deslealtades, ingratitudes, felonías, apostasías, traiciones y falsedades hacia la
Nación venezolana, de manera que otros gobiernos y organismos se encarguen de atender el problema internacional que afronta en esta controversia territorial, donde la omisión a conciencia antiética ha prevalecido como bandera del Gobierno vecino, al igual que de organismos y empresas transnacionales, resulta que la Exxon Mobil, quien se encuentra ilícitamente explotando los recursos petroleros venezolanos en los espacios acuáticos del Esequibo, manifestó recientemente que enfrentará una millonaria pérdida de ingresos, si Guyana no suspende el fallo emitido por uno de los tribunales, que le exigió a la citada empresa proporcionar un seguro ilimitado de limpieza de derrames o fugas de petróleo, dictamen que se realizó y se apeló, dado que Exxon Mobil considera que si no puede obtener como se ordenó el requerimiento del tribunal sobre dichas garantías ilimitadas, la licencia obviamente se suspenderá de acuerdo con esta orden, por lo que tendrá que detenerse la producción.
Lógicamente, una acción de esta naturaleza repercutiría en sensibles consecuencias financieras tanto para las empresas transnacionales norteamericana y china como para Guyana, dado la desleal y desalmada actividad económica que se ha estado produciendo ilícitamente en los espacios acuáticos venezolanos en el Atlántico, asciende a 155.000 barriles de petróleo por día; sin embargo, dicha empresa había pretendido continuar con sus actividades sin proporcionar un seguro ilimitado y sin tope para los costos asociados con la limpieza y restauración de todos los daños causados por la posible descarga de cualquier contaminante resultante de sus operaciones. Este paso dado por el poder judicial de Guyana que constituye por un lado una acción para el control ambiental, reafirma también una vez más, el comportamiento de ese país cual Estado profundo, al tomar decisiones que son inherentes al Gobierno de Venezuela y no al de Guyana, puesto que éste se inmiscuye en una decisión sobre una actividad ilícita adoptada sobre un espacio geográfico integral que no le pertenece, lo que agrava más aún la situación sobre el litigio, y la Corte Internacional de Justicia continúa silente ante todas estas anormalidades ocurridas que golpean jurídicamente lo establecido en el Artículo V del Acuerdo de Ginebra de 1966.
A la par del mencionado acontecimiento, después de tanto tiempo en el que el Gobierno de los Estados Unidos de América había mantenido las sanciones levantadas en contra del Gobierno de Venezuela, decidió hace poco renovar la autorización a cuatro empresas petroleras de ese país para realizar negocios
con la estatal venezolana PDVSA; en el marco de este cambio, las empresas Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes Holdings LLC y Weatherford International S.A., podrán realizar para comenzar, transacciones y actividades necesarias para la seguridad o la preservación de activos en Venezuela, además de la salvaguarda de la nómina de los empleados que se mantengan en Venezuela, incluyendo pagos en facturas de terceros por transacciones, cuya extensión prevalecerá hasta el próximo 19 de noviembre del 2023.
Mencioné el término “para comenzar” en el párrafo anterior, dado que la mencionada renovación ocurrió luego que el Gobierno norteamericano le permitió a Chevron operar en el país a finales del año 2022, más aún continúan vigentes varias limitaciones sobre el tema en cuestión, apuntando a que las empresas
tendrán prohibida la perforación, levantamiento o procesamiento, compra o venta, transporte o envío de cualquier petróleo o derivados del petróleo de origen venezolano, aunado a la provisión o recepción de seguro o reaseguro con respecto a determinadas transacciones y actividades. Adicionalmente, se contempló que no podrán diseñar, instalar, construir, reparar o mejorar cualquier pozo o infraestructura existente en el país, ni podrán tampoco adquirir cualquier bien o servicio, excepto lo requerido por seguridad.
Dichas prohibiciones abarcan también la contratación de personal o servicios adicionales, excepto cuando estos sean por razones de seguridad, así como el pago de cualquier dividendo, incluso en especie tanto a PDVSA como a cualquier entidad de dependencia directa o indirecta que tenga una participación del 50 por ciento o más. Estas interdicciones fueron ampliadas también hacia cualquier transacción o trato relacionado con la exportación o reexportación de diluyentes, directa o indirectamente a Venezuela, incluyendo cualquier préstamo, acumulación de deuda adicional o subsidio de PDVSA, o a cualquier entidad en las que PDVSA posea directa o indirectamente una participación del 50 por ciento o más, incluso en especie.
Lógicamente, que ante todas las limitaciones establecidas, el manejo de la política exterior venezolana significará mucho en aras de alcanzar posibles levantamientos de las sanciones ya señaladas y otras de ser necesario, por lo que es importante el manejo prudencial y la asesoría que se le pueda brindar al Gobierno Nacional sobre este punto en particular, al igual que el aporte del grupo de expertos actuales sobre el tema del espacio geográfico integral del Esequibo, de manera que la posición geopolítica, geoeconómica y la corresponsabilidad ineludible del gobierno norteamericano, sea visualizada, conducida y transformada al constructo requerido en un contexto ajustado a la realidad y a la verdad, en el que se juegan piezas fundamentales derivadas de este nuevo orden mundial. Los bloques de poder como piezas fundamentales en el tablero estratégico global, se han ido centrando hoy por hoy hacia Asia y el Medio Oriente, lo que demuestra que países aliados de ayer de occidente como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, Turquía, India, entre otros, se han ido acercando hacia Irán, hecho que representa una frontal amenaza a los intereses norteamericanos en la región, por la inseguridad sobre el paso de los buques en la autopista marítima internacional y regional euroasiática, lo que fortalece obviamente la necesidad de un mayor acercamiento de los Estados Unidos de América hacia Venezuela, Latinoamérica y Europa, así como a Corea del Sur, Japón y Australia.
Ahora bien, en el escenario actual, en el que se ha mantenido levantado un frágil muro político internacional como obstáculo inclemente contra Venezuela, en el que la recuperación del espacio geográfico integral del Esequibo constituye un pilar de primer orden para el interés nacional, apetencia indiscutible para países del primer mundo considerando las riquezas energéticas, mineras, forestales e hídricas allí existentes, incita al país a que se ventilen adecuadamente los aciertos existentes sobre la titularidad del Esequibo, y se maneje con mucha prudencia los desaciertos del pasado, así como, realizar los cambios necesarios del pasado lejano y los cercanos, traducidos en una clara actuación que he calificado como un tanto pasiva y mezclada con determinadas ligerezas, producto de las conductas reactivas, temporales y protagónicas que han caracterizado a una mayoría decisoria del país.
Al equipo de asesores jurídicos que trabaja actualmente sobre el tema en cuestión, a la par de ir consolidando las bases jurídicas existentes para conformar la estructuración de la Contra Memoria a ser presentada ante la Corte Internacional de Justicia el 8 de abril del 2024, me permito sugerirle que en paralelo actúe también como asesor en los cambios de políticas y actividades requeridas de parte del Estado venezolano frente a Guyana. Por ejemplo, tanto que se le ha criticado al país vecino las acciones ilegales que continúa ejerciendo hoy en día en los espacios acuáticos del Esequibo, pero de las eventuales notas de protestas y actividades operacionales esporádicas, no se ha hecho absolutamente nada, lo que he calificado como una extraña política venezolana, dado que no le encuentro otro calificativo, permitiéndose que se continúe vulnerando la integridad territorial del país en esa región, por lo que deberían continuar hoy más que nunca las oportunas denuncias ante los organismos internacionales, al igual que de seguirse el proceso ante el organismo jurídico internacional, introducir una contrademanda en la que se señalen los atropellos realizados por Guyana contra Venezuela, difundiendo dicha información de manera escalonada y contundente. Es necesario incrementar los niveles de presiones integrales, tecnológicos, operativos y comunicacionales.
Cómo es posible que Venezuela continúe permitiendo el comportamiento sicalíptico de Guyana, de mal poner al país ante la comunidad internacional como lo ha venido realizando en el marco de un Estado profundo, y el Estado venezolano permanezca en un sórdido silencio, como si no pasara nada, mientras que Guyana y las empresas ilícitas en el uso de su poder táctico, una y otra vez han insultado e irrespetado a país, además de continuar explotando y comercializando los recursos que le pertenecen al gentilicio nacional, pudiendo haberse utilizado dichos recursos que indudablemente le hacen mucha falta al país en las circunstancias actuales.
No se trata de manejar este señalamiento intentando enmarcarlo en la obtención de una dádiva, sino de obtener lo que le corresponde al gentilicio nacional por derecho, o simplemente detener toda actividad económica, en lícito derecho contextualizado en el Acuerdo de Ginebra de 1966. Si la Corte Internacional de Justicia solo se ha querido inmiscuir en todo cuanto atañe a la controversia territorial sobre el Esequibo, correspondiendo su participación a todo lo sucedido antes de la firma del mencionado Tratado de 1966, ¿cuán difícil es para Venezuela actuar adecuadamente, a fin de hacer valer sus derechos sobre los espacios en reclamación que están amparados claramente en el Artículo V del citado compromiso, en el que el Gobierno de Guyana ha violado de mala fe el mismo?
En las cátedras de Derecho Internacional a las que he asistido durante mi carrera profesional, siempre se les ha recordado a las audiencias que quien calla, otorga, por lo que el silencio en sí, conlleva a la conformación de tácitas aprobaciones y beneplácitos en favor de la contraparte. Si esto es así, entonces, ¿cuál es hoy en día la posición y el discurso real del Estado venezolano sobre esta situación? No es racional ni prudente aprovecharse del desconocimiento sobre el tema en sí por una mayoría, para mantener al país en una nube imaginaria de un silencio que clama por un cambio sobre este tema, que podría revertirse sensible e intempestivamente en contra de Venezuela de seguirse manteniendo esta pasiva actuación que emerge a flor de agua sin cambios.
Lo anterior no implica bajo ningún concepto desligarse del norte que ha mantenido Venezuela, en cuanto a ceñirse al Acuerdo de Ginebra de 1966, basamento jurídico por excelencia que debió mantenerse en el tapete del proceso de entendimiento y no como lo ha pretendido y manipulado Guyana en conjunto con el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas. Y si hubiese dudas en el que se pretendiese manipular el contexto del Acuerdo de Ginebra de 1966, como lo ha procurado Guyana, y la Corte decidió no tomarlo en consideración al momento de su pronunciamiento original, en el que pudo
utilizar o no el contexto de supuestos argumentos tácitos, ¿qué razones habrían para esgrimir o insistir en la búsqueda de una solución aceptable, práctica y satisfactoria para ambas partes de la controversia territorial a la que se refiere el Acuerdo en sí, si el supuesto fin último de dicho Tratado se firmó con el propósito de abordar si el Laudo Arbitral de París de 1899 es válido o nulo?
Guyana en medio de la torpe y desesperada actuación, en el que ya ha comenzado a mostrar su polifacético discurso hacia la comunidad internacional, aunado a la decisión tomada de acudir a la Corte Internacional de Justicia demandando a Venezuela en lugar de fortalecer el proceso de entendimiento con su vecino país al saber muy bien que el territorio en reclamación es un espacio geográfico usurpado por Gran Bretaña, además de actuar día a día en contra de lo establecido en el Acuerdo de Ginebra de 1966 valiéndose de turbias artimañas, terminará por doblegar y conceder la razón indiscutible a Venezuela ante la conformación jurídica de la documentación a ser proporcionada en el Tribunal Internacional de La Haya, además de buscar con la premura necesaria, darle un giro a su política exterior de afianzar intereses mutuos e irrecusables con el país, en el buscará continuar la inclusión de países del primer mundo sobre las actividades geoeconómicas correspondientes a la región marítima y territorial del norte de Suramérica, exacerbando legítimamente la reafirmación en cuanto a que “el sol que brilla sobre Venezuela, nace en nuestro Estado Esequibo”.
Por: José Chachati Ata
Por: C/A (r) Dr. José Chachati Ata
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