(Continuación)
El cicatrizado, silencioso y multidireccional cuadro internacional, agredido y refutado hoy en día, en el que se juegan variables y realidades primarias enlazadas con los ámbitos geopolítico, geoeconómico y geoestratégico, que dinamizan el movimiento sobre el tablero correspondiente al litigio territorial del
espacio geográfico integral del Esequibo, conlleva a que el Estado venezolano debe estar hoy en día más alerta que nunca.
Considerando que a pesar de la desesperada maniobra puesta en marcha mediante la activación del plan energético 2023 por parte del Gobierno de Guyana, éste en continuidad a las políticas engendradas del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, se ha mantenido apegado a sus convicciones, y ha dado muestras fehacientes ante la comunidad internacional sobre la importancia a como dé lugar, de evitar que mermen sus intereses relacionados con la posible pérdida del Territorio Esequibo ante la falta de sustentación de la titularidad respectiva, razón de fondo que ha obligado al país vecino a tergiversar los hechos geohistóricos, y desviar la atención de la Corte Internacional de Justicia, en aras de validar un Laudo que feneció el mismo día en que se firmó el Tratado de Washington de 1897, y que ratifica también su nulidad, el mismo día en que se firmó el Acuerdo de Ginebra de 1966.
Con base a lo anteriormente señalado, Venezuela debería enfilar continuamente sus baterías y con mayor intensidad que la propia Guyana, de manera de ir fortaleciendo el sentido de integridad territorial como parte ineludible de la Defensa integral de la Nación, proyectando también a nivel internacional el carácter imprescindible que implica para Venezuela la recuperación del Territorio en disputa, entendiendo también, que el asunto en sí, es competencia obligatoria del gentilicio nacional, en el que deberían participar todos los organismos e instituciones que puedan aportar y retroalimentar a la actual Comisión Especial de expertos y asesores, de manera que se consolide con la mayor sustentación jurídica, la plataforma de argumentos que respaldarían la Contramemoria a ser entregada ante la Corte Internacional de Justicia el próximo mes de abril del 2024, indistintamente de la decisión que adopte el Ejecutivo nacional sobre su comparecencia o no en dicho Tribunal internacional.
Tal como fue explicado en la última publicación del suscrito en el libro editado en el año 2022, titulado “La Daga de la Corte Internacional de Justicia sobre el Esequibo”, en el que se le sugería al Estado venezolano el estudio, evaluación y decisión sobre la introducción a través de la Comisión respectiva del
Derecho Internacional del Mar, la ampliación de los espacios acuáticos contemplada en la actualidad, en el que se agregara que los países que tuviesen una plataforma continental que sobrepasase las doscientas millas náuticas correspondientes a la zona económica exclusiva, pudiesen acceder a un mar patrio integral, cuyo alcance se soportaría por el alcance de dicha plataforma continental, y a partir de allí, se correría la línea correspondiente a la “alta mar”, hecho que favorecería los intereses de los países de la zona norte de la América del Sur, así como de otras regiones.
En efecto, aún Venezuela no ha dado ese paso hasta hoy en día, pero el Gobierno de Guyana ya avanzó unilateralmente como todas sus perversas, ilegítimas e inconsultas acciones, a una pretendida delimitación marítima que alcanzaría las trescientos cincuenta millas náuticas en el Atlántico, sin considerar los derechos legítimos y naturales de Venezuela, que se derivan de la costa generada por el Estado Delta Amacuro hacia el océano Atlántico, así como del territorio integral del Esequibo, usurpado por Gran Bretaña desde 1899, y dándole con ello, una vez más, la espalda al compromiso adquirido en el
Acuerdo de Ginebra de 1966. Nuevamente, emerge a flor de agua la muy extraña y pasiva política exterior ya mencionada reiterativamente en otros artículos, por la que se requiere el pronunciamiento y la actuación tanto de la Cancillería como de los demás organismos corresponsables del Estado venezolano.
Y mientras que ello se lleva a cabo en una maniobra política y repetitiva del Gobierno de Guyana, dirigida a compartir como siempre sus problemas con otros Gobiernos, y lavándose las manos mientras mantiene una posición defensiva en la retaguardia, de manera que los demás sean quienes prosigan a la vanguardia en aras de atender cualquier vicisitud que se origine con Venezuela, el país vecino intenta permanentemente tener puestos los cinco sentidos en el vértice principal que mayor debilidad e incomodidad pudiese ocasionarle la demanda que él mismo introdujo ingrata y renegadamente contra el Estado venezolano, a propósito de hacer valer lo único que puede manejar internacionalmente hoy en día, como lo es el intento de lograr la validez de la sentencia del Laudo Arbitral e París de 1899.
Contrariamente a lo señalado en el párrafo anterior, Guyana estaría lidiando ante la Corte Internacional de Justicia con diferentes vacíos que no tiene como eludirlos, siendo éstos, la sustentación de la titularidad jurídica de Venezuela sobre el Esequibo, la exacerbación del Principio basado en el Uti Possidetis Juris, la merma insostenible de la prescripción facultativa, la falsificación de mapas presentados sobre una frontera que careció de soporte geohistórico, el engaño generado hacia Venezuela entre lo planteado en el Tratado de Washington y lo que se hizo realmente en el Tribunal de París entre 1897 y 1899.
También las comunicaciones políticas, diplomáticas y de prensa que los mismos ingleses escribieron antes, durante y después del Laudo Arbitral de París de 1899, el desvío de los basamentos jurídicos de Venezuela por cimientos netamente políticos y orientados a satisfacer los intereses de Gran Bretaña, la absurda e inmoral petición de Gran Bretaña para evitar que Venezuela participase en el Tribunal respectivo siendo parte afectada directamente, el exceso de poder puesto de manifiesto, la falta de motivación que sustentó la decisión tomada, la manipulación del documento presentado en 1905, el contenido del Memorando escrito por uno de los Abogados que estuvo y representó los intereses de
Venezuela a partir de la firma del Tratado de Washington de 1897, en el que explicó la farsa que manejó el Gobierno de Gran Bretaña conjuntamente con el de Rusia, en el que traicionaron indiscutiblemente a Venezuela y a su gentilicio nacional, entre otros.
Venezuela posee los elementos probatorios de todas estas afirmaciones, razones que conformarían ineludiblemente la Contramemoria a ser entregada al Tribunal de La Haya.
Aun cuando la tendencia histórica de la Corte Internacional de Justicia ha sido la de validar los laudos ya realizados, atendiendo tácita, sigilosa y colateralmente, a los intereses prioritarios en los campos geopolíticos, geoeconómicos y geoestratégicos de los países del primer mundo, particularmente los del Consejo de Seguridad, hecho único por el que apuesta Guyana hoy en día, de manera que se repita la consecuencia de su demanda contra Venezuela, como “Parte II del viciado y nulo Laudo Arbitral de París de 1899”, dado que es necesario tomar en consideración que no se debería descartar el hecho por el que el mencionado Laudo por sí solo, podría manipularse para concedérsele la aceptación por el voto de la mayoría de los jueces; sin embargo, hay muchas otras variables que se han concatenado a este Laudo, en el que las bases fundamentales del mismo sin las probatorias ya citadas en el párrafo anterior, la ausencia forzada y arbitraria del país interesado, aunado al exceso de poder no contemplado originalmente, constituyen suficientes razones que la Corte no podrá eludir para anular el mencionado Laudo, pese a que todo es posible dentro de lo que cabe hasta ahora; adicionalmente, si la Comisión Especial de Venezuela sobre el caso que nos atañe, recuerda el solo hecho en el que Guyana durante el proceso de los Buenos Oficios, había propuesto como alternativa en la mesa de entendimiento, el erróneo otorgamiento de una parte del Territorio Esequibo en favor de Venezuela, ello demostraría complementariamente, que el Gobierno de Guyana no estuvo ni está claro al igual que el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del norte, sobre los límites reales del territorio que supuestamente les pertenecía a los ingleses, “simplemente porque lo que es de uno, NO se negocia”.
Adicionalmente, en el marco de las afirmaciones jurídicas ya señaladas, todas ellas apuntan de manera exclusiva al propio Territorio continental del Esequibo, despojado por Gran Bretaña en 1899, cuya superficie abarca un área geográfica de 159.542 Km 2 ; sin embargo, al no haberse incluido el vocablo “mar” en el viciado y nulo Laudo de París de 1899, es indiscutible que Guyana ha procedido una vez más cual Estado profundo y grises discursos, con su habitual actuación premeditada en el marco de la ilegitimidad y de la alevosía ante el insólito silencio repetitivo de Venezuela, a usurpar los derechos que le corresponden a nuestro país en el área marítima del océano Atlántico, en el que además del trazado unilateral que realizó, manifestó su desconocimiento de la delimitación marítima realizada entre Venezuela con Trinidad & Tobago, además de la delimitación marítima unilateral que realizó con Surinam a través de la Comisión para la delimitación de la plataforma Continental entre ambos países, mintiéndole a dicha Comisión al manifestarle que no existe disputa alguna con Venezuela sobre ese territorio, en el que dicha Comisión utilizó como uno de los puntos geográficos de referencia, el de “Ana Regina”, el cual
pertenece a la costa esequibense, espacio geográfico venezolano que se encuentra actualmente en reclamación, hecho que de por sí, anularía totalmente dicha delimitación.
Sin descuidar en lo más mínimo lo señalado anteriormente, le sugiero a la Comisión Especial abocada hoy en día en atender el caso en cuestión, que no debe únicamente atender los hechos ocurridos en el pasado, sino también analizar el presente y futuro inmediato de la realidad que encara Venezuela ante Guyana en el uso de los poderes agregado, situacional y táctico de cada una de las partes.
Por lo que se requiere una mayor actuación pragmática y ajustada a la realidad, no apasionada ni centrada únicamente en el contexto ideológico partidista de una de las partes políticas, dado que el muro obstaculizador que ha servido como bandera para exacerbar las limitaciones de Venezuela y de su gentilicio en la actualidad, se ha centrado continuamente en la política de los Estados Unidos, no de otros gobiernos, y menos en los que se han hecho llamar hipócritamente “aliados”, además que el país del norte tiene una deuda de corresponsabilidad inmensurable con Venezuela desde la firma del Tratado de Washington de 1897, aunado a que su poder de influencia es superior al de Gran Bretaña, y cuya actuación ha sido acentuada desde el año 2017, mediante la aplicación de diferentes sanciones enmarcadas internamente en los ámbitos económico y financieros del país, y externamente, mediante el congelamiento de diferentes activos y escalonado aislamiento diplomático, entre otros.
Y mientras que Venezuela ha mantenido sesgada su posición prácticamente con poco margen de negociación, los Estados Unidos bajo la figura protectora de los derechos humanos y de las actividades
humanitarias, ha llevado a cabo la instalación de infraestructuras militares en el propio Territorio Esequibo, por acuerdo aprobado con el Gobierno de Guyana, por lo que no hay que ser un letrado para entender claramente las tendencias geopolíticas y geoeconómicas de hoy en día, hecho que podría
neutralizarse si se quiere “inmediatamente”, considerando el verdadero potencial de Venezuela en cuanto al petróleo que posee, al igual que el gas, uranio, torio, oro, coltán, aluminio, hierro, agua, entre otros.
Potencial que representa indudablemente la necesidad de un giro por parte de la administración del Gobierno del Presidente Biden, hecho que comenzó a visualizarse claramente a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania, mediante el ingreso muy limitado de la empresa Chevron.
Darle un giro a la actual política exterior venezolana, enmarcada en los señalamientos presentados, implicaría una acción con resultados abrumadores, incluso aplastante para el Gobierno de Guyana quien, apuesta hoy en día, porque Venezuela no le de un giro a su política exterior, porque mantener el statu quo actual, es sinónimo de tranquilidad del país vecino con considerables probabilidades de alcanzar su objetivo ante la Corte Internacional de Justicia.
Estados Unidos de América necesita a como dé lugar el suministro petrolero, y su mejor alternativa geográfica para retroalimentar al mercando occidental lo constituye Guyana, sabiendo que ello sería mediante las arbitrarias e ilegítimas concesiones otorgadas a empresas trasnacionales que operan en los
espacios acuáticos del Esequibo; sin embargo, el Gobierno del norte sabe muy bien que ello además de no ser lícito, tampoco le es suficiente, razón por la que abrió hace poco una ventana de tregua, a propósito de mejorar las relaciones diplomáticas y llegar a determinados acuerdos escalonados con
Venezuela, lo que representa el inicio de un acercamiento entre las partes, pero ello indiscutiblemente es insuficiente para la meta visionaria de los Estados Unidos de América, y menos aún en la actualidad, que se han venido generando mermas considerables en la producción diaria mundial para atender las necesidades del mercado petrolero.
Bajo este escenario pragmático, es indudable que el pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia, la aprobación sobre la invalidez del Laudo Arbitral de París de 1899 y la delimitación real de la frontera oriental venezolana, a que el país en el más amplio sentido de su expresión, logre manifestar en un próximo mañana que “el sol que brilla sobre Venezuela, nace en nuestro Estado Esequibo”.
Por: José Chachati Ata
Por: C/A (r) Dr. José Chachati Ata
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